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• La organización exige al Gobierno
andaluz que retire esta propuesta y que ejecute el Plan
de la Fresa, aprobado en 2014.
WWF denuncia que el Partido Popular ha registrado en el
Parlamento de Andalucía una nueva proposición de ley
para modificar el Plan Especial de la Corona Forestal de
Doñana en un nuevo intento de amnistiar a los regantes
ilegales ante las próximas elecciones municipales. Para
WWF, la actual propuesta, disfrazada de plan de mejora y
de recuperación de Doñana, es tan grave e inaceptable
como la anterior. Además, supone un incumplimiento de
los compromisos del Presidente Moreno Bonilla de
proteger Doñana y un nuevo engaño a la sociedad y a los
propios agricultores del entorno de Doñana. Asimismo, es
una clara provocación a las instituciones europeas que
han condenado a España por el grave deterioro de Doñana
y el incumplimiento de las recomendaciones de la Unesco.
El Partido Popular vuelve a poner en riesgo el futuro de
Doñana, su biodiversidad y la imagen de las fresas y del
sector agrícola del Condado y de Huelva para beneficiar
a unos pocos ilegales.
La nueva propuesta carece del consenso de una gran parte
de los actores del territorio. Además, ignora la
ordenación de los suelos agrícolas de Doñana -secano y
regadío- que estableció el Plan de Ordenación del
Territorio del Ámbito de Doñana (POTAD) en 2004 y que
fue incorporada al Plan Especial de la Corona Forestal (PEOFCD)
en 2014, también conocido como Plan de la Fresa.
Cabe recordar que ambos planes cuentan con el aval del
Consejo de Participación de Doñana y la Unesco.
Asimismo, el Plan de la Fresa ha sido admitido por la
Comisión Europea como una de las medidas para dar
cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de
la Unión Europea contra España por el estado crítico en
que se encuentra Doñana.
Para WWF, la vía escogida para la modificación del Plan
de la Fresa a través de una proposición de ley no tiene
justificación. De acuerdo con la Ley 7/2021, de 1 de
diciembre, de impulso para la sostenibilidad del
territorio de Andalucía (LISTA), la Junta de Andalucía
es la competente para la modificación de estos planes
sin necesidad de recurrir al Parlamento para la
confección de una ley singular.
No existen motivos excepcionales ni necesidad que
justifiquen la modificación del Plan mediante una ley
singular en el Parlamento de Andalucía y no se conocen
antecedentes de ello. Así, por ejemplo, existen 17
planes subregionales de Ordenación del Territorio, entre
ellos el POTAD, y ninguno fue aprobado mediante una Ley
en el Parlamento de Andalucía, pese a que estos tienen
más relevancia e impacto territorial que un Plan
Especial como el de la fresa.
A juicio de WWF, el procedimiento elegido para la
modificación del Plan de la Fresa por el Gobierno del
presidente Moreno Bonilla, solo pretende evitar la
participación pública, la normativa de evaluación de
impacto ambiental y los informes preceptivos para la
aprobación y modificación de los mismos como el de la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que ya se
ha expresado en contra.
En el procedimiento de aprobación del PEOCFD, la fase de
participación pública fue de cinco meses, durante la
cual cualquier persona o entidad pudo presentar sus
correspondientes alegaciones y aportaciones. Se
constituyó una Comisión de Redacción donde no solo
participó la Junta de Andalucía, sino también el Estado
a través de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir. Se dio audiencia a las Administraciones
Públicas afectadas y se solicitaron los informes
legalmente previstos como preceptivos, entre ellos el
del Consejo de Participación de Doñana.
Por último, el Plan Especial se elaboró junto a su
Estudio de Impacto Ambiental y se redactó un Informe
Previo de Valoración Ambiental. Las medidas correctoras
establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental fueron
incorporadas al Plan. Así como los requerimientos de los
informes sectoriales, entre ellos el correspondiente de
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que
mostraba su conformidad con las estipulaciones del Plan
en relación con las competencias estatales en materia de
agua.
Estos trámites e informes no existirán en esta
tramitación parlamentaria de la modificación del Plan de
la Fresa, lo que demuestra que el PP Andaluz y la Junta
de Andalucía persiguen un único interés, el amnistiar a
un reducido grupo de explotaciones ilegales, que
reivindican unos derechos que son inexistentes, sin
posibilidad de oposición ciudadana o de informes
negativos que pongan en riesgo la modificación por su
evidente ilegalidad.
A pesar de haberse presentado más de un centenar de
recursos contra el POTAD y el Plan de la Fresa, ninguna
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
o el Tribunal Supremo ha anulado ningún artículo o
disposición de los mismos, lo que demuestra que sus
normas las normas son legales y justas y los derechos
históricos aludidos son inexistentes.
Como los tribunales han sentenciado, no existe ningún
derecho histórico a ser considerado como un terreno de
regadío -sea con aguas superficiales o subterráneas-,
para los que riegan de forma ilegal tierras de secano o
para aquellos que han convertido de facto terrenos
forestales en agrícolas en el entorno de Doñana.
Por ello, estos regantes ilegales han acudido a la vía
de la presión para que sean los políticos, justo antes
de las elecciones municipales de mayo, los que cambien
las normas para su exclusivo lucro e interés
empresarial.
Mientras muchos agricultores legales de las cuencas del
Guadalquivir y del Tinto-Odiel-Piedras están teniendo
restricciones en sus dotaciones de agua debido a la
implacable sequía que afecta a la comunidad andaluza.
Para WWF es inadmisible que el Gobierno de la Junta de
Andalucía mire hacia otro lado y en lugar de desmantelar
de inmediato, en coordinación con otras
administraciones, todos los regadíos ilegales en
terrenos de secano y forestales en Doñana, pretenda
recompensar a los ilegales otorgándoles la calificación
de suelos regables. Pese a que incumplen flagrantemente
las normas de ordenación del territorio de la
administración andaluza y están poniendo en claro riesgo
el futuro del Parque Nacional y la imagen de la fresa de
esta zona en los mercados europeos.
WWF exige nuevamente al Gobierno andaluz que retire esta
propuesta y que cumpla con sus competencias y
obligaciones legales y ejecute de una vez el Plan de la
Fresa en su actual redacción. Con ello se lograría
beneficiar al acuífero, los valores universales de
Doñana y de la agricultura legal de este territorio,
dando solución a muchos de los problemas que ahora mismo
se plantean en relación con los regadíos del Condado.
Según Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF
España: “Este nuevo intento de amnistía a los regantes
ilegales en Doñana tiene un carácter claramente
electoralista y es una burla para toda la sociedad. Es
la misma música que el año pasado, pero con distinta
letra y no lo vamos a aceptar”. Y añade: “Lo que se
pretende es modificar la ley eliminando la participación
pública y los informes técnicos obligatorios en
beneficio exclusivo de un colectivo que está extrayendo
agua del acuífero de manera absolutamente ilegal desde
hace años, contribuyendo al ‘coma ecológico’ en que se
encuentra Doñana”.
“Haremos todo lo que esté a nuestro alcance dentro y
fuera de España para salvar Doñana. Por ello, desde WWF
pedimos al Presidente Moreno Bonilla que detenga este
fraude a la sociedad y al Tribunal Europeo de Justicia y
se siente lo antes posible con el Gobierno de España
para trabajar de verdad en la recuperación que necesita
la biodiversidad de Doñana y su acuífero”, concluye. |
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