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• La Plataforma Contra la Ampliación de
Barajas, de la que forma parte Ecologistas en Acción, se
solidariza con la manifestación convocada este sábado en
Barcelona y hace un llamamiento a la movilización contra
los megaproyectos de infraestructuras e inmobiliarios
acordados por el PSC y ERC.
• Las intervenciones planteadas, entre las que se
encuentra la ampliación del aeropuerto de El Prat,
tendrían importantes impactos negativos sobre la
biodiversidad y la salud de las personas, y son
inviables en el escenario de crisis energética y
climática en el que nos encontramos.
• Las organizaciones integrantes de la plataforma
reclaman que las inversiones previstas para los
megaproyectos sean destinadas a financiar servicios
públicos como educación y sanidad, así como a
infraestructuras de calidad que prioricen aquellos modos
de transporte más utilizados por el conjunto de la
población y más sostenibles, como el tren.
Liderado por los colectivos Campanya Contra el 4t
Cinturó, Zeroport y Aturem Hard Rock, el movimiento
social y ecologista de Catalunya se echará a las calles
de Barcelona este sábado 4 de marzo para mostrar su
oposición a los megaproyectos urbanísticos y de
infraestructuras que acordaron el Govern (ERC) y el PSC
hace unas semanas como condición para el apoyo de los
segundos a los presupuestos generales de la Generalitat
de 2023. Concretamente, el pacto entre los grupos
liderados por Pere Aragonès y Salvador Illa contempla,
entre otras actuaciones, la ampliación del aeropuerto de
El Prat, la prolongación de la B-40 (el conocido como
cuarto cinturón), la construcción del megacasino del
Hard Rock en Tarragona y la ciudad del motor en el
Circuit de Catalunya.
En este contexto de movilizaciones, la plataforma contra
la ampliación de Barajas se solidariza con las entidades
convocantes y se adhiere a una movilización necesaria
para “defender el territorio y construir el futuro”,
como reza el eslogan de la manifestación. Y es que, pese
a que se trata de proyectos de ámbito regional, las más
de 30 organizaciones integrantes de la plataforma
muestran su más firme apoyo a la movilización catalana.
Según Esther Moraga, portavoz de la red, “ya sea en
Catalunya, en el País Valenciano o en la Comunidad de
Madrid, la política de inversiones en megaproyectos de
infraestructuras tiene un patrón común con unos impactos
sociales, económicos y ambientales devastadores para el
territorio y las personas que viven en él”.
Para la Plataforma Contra la Ampliación de Barajas, los
proyectos acordados por PSC y ERC representan
intervenciones altamente impactantes en términos de
emisiones de gases de efecto invernadero, destrucción de
biodiversidad, demanda de recursos materiales y
energéticos, así como de contaminación atmosférica y
acústica para cientos de miles de personas. En suma,
simbolizan un modelo económico obsoleto y fracasado
basado en el enriquecimiento de unos pocos actores y el
uso abusivo de recursos comunes.
“No queremos más aeropuertos, ni más autopistas ni más
megaproyectos de especulación urbanística”, afirma
Carlos Vega, miembro de la plataforma contra la
ampliación de Barajas. Necesitamos caminar en la
dirección opuesta a estas políticas y construir ciudades
y pueblos con mejores servicios públicos y sistemas de
transporte más sostenibles y resilientes enfocados a
garantizar el derecho a la movilidad cotidiana de la
mayor parte de la sociedad, no de la minoría que coge el
avión”, finaliza Vega.
Concretamente en lo que se refiere a la ampliación de
aeropuertos, el Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana (MITMA) persigue desde hace años la
expansión de la capacidad de los aeropuertos de Josep
Tarradellas Barcelona-El Prat y Adolfo Suárez
Madrid-Barajas, entre otros. En 2019 el aeropuerto de
Barcelona–El Prat generó 8,4 millones de toneladas de
CO2, más del doble de todas las emisiones derivadas del
consumo de energía de la ciudad. Teniendo en cuenta la
ampliación de capacidad prevista –de 55 a 70 millones de
pasajeros al año–, las emisiones podrían llegar a
aumentar, como mínimo, un 33 % según un Informe reciente
de la Agencia de Desarrollo Urbano de Barcelona.
Por otro lado, la ampliación de infraestructuras
aeroportuarias incide muy negativamente en los
ecosistemas y la fauna del entorno. Esto es
especialmente preocupante en el caso del aeropuerto de
El Prat, ya que la ampliación está prevista en la zona
de La Ricarda, un espacio protegido por la Red Natura
2000. La prolongación de la tercera pista pondría,
además, en peligro el sistema de acuíferos que garantiza
el consumo de agua potable del área metropolitana y el
buen estado de los espacios naturales y agrarios del
Delta del Llobregat.
Cabe recordar, además, que la Comisión Europea tiene
abierto un procedimiento contra el Estado español por la
negligencia en la protección del Delta, y ha pedido
explicaciones tanto al Gobierno como a la Generalitat
sobre las acciones que están desarrollando para
preservar la zona. A día de hoy, AENA todavía no ha
cumplido con las acciones de compensación ambiental
comprometidas en la anterior ampliación del aeropuerto
fijadas en la declaración de impacto ambiental de 1998.
En lo que se refiere a Barajas, quinto aeropuerto más
emisor de la UE en 2018, el MITMA contempla la ejecución
de diversas intervenciones para que aumentar de la
capacidad operativa del aeropuerto de Barajas, tanto en
lo que se refiere a transporte de personas (el objetivo
es pasar de 70 a 80 millones de pasajeros al año) como a
operaciones de carga asociadas a grandes empresas de
comercio electrónico. Esto supondría un aumento
exponencial de las emisiones de la contaminación
atmosférica y del ruido para decenas de miles de
personas de la zona del aeropuerto.
De la misma manera, Aena tiene prevista una operación
inmobiliaria dirigida a urbanizar y construir 323
hectáreas de terrenos adyacentes al aeropuerto con fines
logísticos, de oficinas y servicios. Algo totalmente
incompatible con los compromisos europeos y con la
legislación ambiental de ámbito tanto estatal como
autonómica.
“Independientemente de su ubicación, todos estos
proyectos responden únicamente a los intereses de los
grandes capitales y no del conjunto de la ciudadanía y
del territorio en el que vivimos”, asegura Pablo Muñoz,
portavoz de Ecologistas en Acción. “Representan un
modelo que está en el origen del aumento de
desigualdades, la expulsión habitacional, la destrucción
del comercio de proximidad de los barrios, la
precarización y explotación laboral, la contaminación
del aire y sonora, el aumento exponencial en las
emisiones de CO2 y la pérdida de espacios agrarios y
naturales”, concluye Muñoz. |
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