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• Se trata de ecosistemas fundamentales
para la biodiversidad pero ya han desaparecido más del
60% del país.
• Junto al cambio climático, la agricultura industrial
intensiva sigue siendo su mayor amenaza.
• Greenpeace analiza hoy la situación de humedales
icónicos como Doñana, las Tablas de Daimiel o el Mar
Menor, que agonizan ante la pasividad de los gobiernos
encargados de protegerlos.
Mañana se celebra el Día Mundial de los Humedales,
ecosistemas mixtos (terrestre-acuáticos) imprescindibles
para la biodiversidad y el ser humano, dado que son una
fuente de agua y alimentos, permiten la recarga de
acuíferos y son excelentes sumideros de CO2 que permiten
mitigar el cambio climático.
A pesar de ello, España ha demostrado ser un país que ha
despreciado estas joyas de la biodiversidad. Las figuras
de protección con las que cuentan son insuficientes o
quedan, directamente, sobre el papel. Ya han
desaparecido más del 60% de ellos. De semejante
aniquilación no se han librado siquiera los mayores
humedales del país. Es el caso de la laguna de Antela (Ourense),
que estuvo entre las tres lagunas interiores más grandes
de la península, junto a la de La Janda (Cádiz) y La
Nava (Palencia). Las tres fueron desecadas en los años
sesenta del pasado siglo para favorecer la implantación
de la agricultura intensiva, sin duda, uno de los
mayores atentados ecológicos contra nuestros humedales.
La voracidad y destrucción, sin embargo, no ha terminado
y actualmente se encuentran en seria amenaza de
desaparecer otros tres humedales o lagunas únicos e
irremplazables, el Mar Menor (Murcia), y los Parques
Nacionales de Doñana (Andalucía) y las Tablas de Daimiel
(Ciudad Real). Greenpeace ha analizado la situación de
cada uno de ellos:
TABLAS DE DAIMIEL UN HUMEDAL DE CARTÓN PIEDRA
Las Tablas de Daimiel, hoy por hoy, ya no existen. En la
actualidad, es un parque artificial, con solo el 2% de
la superficie inundable original con lámina de agua.
Además, está lámina hídrica es mantenida con bombeo de
agua subterránea y con un trasvase de agua desde el río
Tajo. El último aporte externo de agua de 6 hm3, fue
mediante la conocida como “tubería manchega” desde el
trasvase Tajo-Segura el pasado verano de 2022, envío
hecho usando una canalización que tiene prohibido, por
ley, el uso para fines medioambientales, ya que su
destino es el abastecimiento humano. Si se ha usado en
el Parque Nacional ha sido aprovechando el periodo de
pruebas de la canalización. Finalizado éste, si no se
cambia la norma, no habrá más agua por esa vía, firmando
la sentencia de muerte definitiva de este humedal.
Las Tablas de Daimiel, que cumplirán en 2023 medio siglo
como Parque Nacional, tiene un subsuelo formado por
turberas naturales. Estas corren el riesgo de arder,
como ya sucedió en 2009, por culpa de la desecación y
sobreexplotación del agua subterránea de la que se
alimenta. Sobreexplotación provocada por el cambio en
los cultivos de la zona, pasando de cultivos de secano a
una agricultura intensiva e industrial, que devora
millones de metros cúbicos de agua todos los años.
Como denunció Greenpeace, el agua aportada por el
trasvase Tajo-Segura al campo de Cartagena,
paradójicamente, ha supuesto la agonía del Mar Menor.
Esta llegada masiva de agua alimenta una agricultura
intensiva e industrial en la zona, que se ha
incrementado en las últimas décadas, y que vierte agua
cargada de nitratos de los fertilizantes que utilizan. Y
no son otra cosa que abono, que sobrealimenta el
fitoplancton, reproduciéndolo hasta niveles en los que
no deja pasar la luz al fondo, provocando eutrofización
y anoxia, matando la pradera marina y asfixiando la
fauna.
A esto se unen otras presiones como los vertidos
mineros, el urbanismo extremo y sus vertidos de aguas
residuales sin depurar, el dragado de los fondos para
dar paso desde el Mediterráneo a barcos de mayor calado
y la ganadería intensiva de la zona. De nuevo, todo un
ejemplo de presión antrópica que destruye un enclave
único en el mundo por su biodiversidad.
DOÑANA LA MUERTE ANUNCIADA DE UN HUMEDAL
Se trata de una larga historia de impunidad en la que,
junto al regadío legal, prosperó otro completamente
ilegal, basado en el arranque sistemático de árboles
para plantar frutos rojos en invernadero (fresa, mora,
arándano, frambuesa…). Para su riego, se abrían pozos
igualmente ilegales, se construían balsas, se
modificaban cauces y se tendían canalizaciones
kilométricas que iban esquilmando el agua subterránea,
junto con extracciones ilegales para el riego de arroz,
maíz, remolacha… Nadie lo paró. La Junta de Andalucía lo
subvencionaba, ayuntamientos como el de Almonte cedían
fincas forestales públicas para su cultivo y los
políticos, en gobierno y oposición, lo han apoyado.
Junto al poder creciente de los invernaderos, hay que
apuntar a otro intocable en España: el turismo. Una
urbanización turística, Matalascañas, abrió sondeos para
abastecer a su población, fuertemente estacionalizada,
lo que fue afectando a las aguas subterráneas. Este
verano se secaba Santa Olalla, la mayor de ellas,
considerada laguna permanente.
El 24 de junio de 2021, el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea sentenciaba que el Reino de España ha
incumplido sus obligaciones al no haber tenido en cuenta
(en el Plan Hidrológico 2015-2021) las extracciones de
agua ilegales y las de agua para el abastecimiento
urbano en la estimación de las extracciones y al no
haber previsto ninguna medida para evitar la alteración
de hábitats protegidos. Aun así, la Junta de Andalucía
anunció su intención de legalizar más de 1.000 hectáreas
de regadíos ilegales. Iniciativa que recientemente se ha
visto paralizada, tras la creación de una comisión
bilateral técnica entre el Estado y la Junta de
Andalucía, de la que aún estamos pendientes para ver qué
soluciones plantea.
UN FUTURO COMPLICADO
“La actividad humana, junto con el cambio climático,
están poniendo en peligro el futuro de estos humedales
icónicos. El aumento de las temperaturas, la subida del
nivel del mar, y el descenso de las precipitaciones son
presiones suficientemente importantes para poner en
riesgo la supervivencia de estos ecosistemas”, ha
declarado Julio Barea responsable de la campaña de aguas
de Greenpeace. “A ello se suma la presión del ser humano
que sobreexplota los recursos hídricos del entorno de
los humedales, especialmente para alimentar una
agricultura intensiva e industrial insostenible, lo que
hace totalmente inviable el mantenimiento de estos
enclaves a corto-largo plazo”.
Greenpeace, en el marco de su campaña SALVAR EL AGUA,
lleva tiempo poniendo sobre la mesa los pasos necesarios
para la protección del agua en nuestro país.
Las demandas de la organización para salvar los
humedales españoles y para garantizar que tanto las
personas como los ecosistemas tengan agua en cantidad y
calidad pasa por:
- Cambiar la política hidráulica tradicional, centrada
en la ejecución de grandes obras.
- Luchar contra el grave estado de contaminación que
sufren nuestras aguas continentales (superficiales,
subterráneas y costeras).
- Implantar regímenes de caudales ecológicos
científicamente establecidos.
- Cerrar el más de millón de pozos ilegales repartidos
por todo el territorio.
- Adaptar las políticas forestales a las necesidades del
país más árido de Europa.
- Aumentar el presupuesto de gestión forestal que tenga,
como centro de la planificación, la protección de los
recursos hídricos (ecohidrológica) como medida efectiva
de adaptación de los bosques mediterráneos al cambio
climático y, por tanto, para la protección de suelo y
agua.
- Establecer una hoja de ruta de cara a incrementar la
superficie dedicada a la agricultura ecológica y el uso
de variedades locales adaptadas al clima.
- Reconvertir el regadío intensivo y superintensivo en
explotaciones sostenibles, diversificadas y de bajo
consumo de agua.
- Prohibir nuevos proyectos de ganadería industrial y
apoyar la producción extensiva, local, de calidad y
ecológica.
- Reducir la cabaña ganadera en intensivo en un 50% para
2030. |
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