• ClientEarth, Ecologistas en Acción,
Greenpeace, OurFish, SEO/BirdLife y WWF solicitan a los
grupos del Senado que enmienden la ley y doten a España
de una norma que revierta la mala situación de nuestros
mares.
• La pesca es la actividad que más impacto tiene sobre
los ecosistemas marinos. Además, la UNESCO advierte de
que si no se actúa, más de la mitad de las especies
marinas del mundo podrían estar al borde de la extinción
en el año 2100.
Las organizaciones ambientales celebran la aprobación en
el Congreso de los Diputados de la nueva Ley de Pesca
Sostenible e Investigación Pesquera. Esta ley es
imprescindible para actualizar la gestión pesquera de
nuestro país a la legislación europea –la Política
Pesquera Común– que entró en vigor en 2014.
El texto remitido por el Congreso presenta avances con
respecto a la aún vigente Ley de Pesca Marítima de 2001.
No obstante, las organizaciones ecologistas solicitan al
Senado que corrija las incongruencias y aspectos
contrarios a la normativa europea que aún existen entre
sus artículos, así como que el texto sea más ambicioso
en términos de conservación, tal y como se recoge en la
propia Política Pesquera Común (y reglamentos
asociados), de obligado cumplimiento y con casi una
década de antigüedad.
UNA LEY DE PESCA QUE NO ALCANZA EL MÍNIMO DE AMBICIÓN
EXIGIDO POR LA REGULACIÓN EUROPEA
ClientEarth, Ecologistas en Acción, Greenpeace, OurFish,
SEO/BirdLife y WWF consideran muy preocupante que la
nueva ley sea menos ambiciosa que la Política Pesquera
Común europea y su normativa asociada. Por ello señalan
que la ley podría ser cuestionada con razones más que
suficientes por la propia Comisión Europea por vulnerar
la normativa europea.
Uno de los aspectos prioritarios para garantizar una
pesca justa y sostenible en las próximas décadas es el
reparto de posibilidades de pesca, o “quién pesca qué”.
El actual texto no garantiza que se tengan en cuenta
criterios ambientales y, por lo tanto, existe un alto
riesgo de depender exclusivamente de criterios
económicos, como son los derechos históricos, tal y como
ha venido sucediendo hasta ahora. Dichos derechos
históricos han promovido prácticas insostenibles en
algunas flotas así como la marginación de otras.
“Desde las organizaciones ecologistas no queremos dejar
de insistir en que el reparto de derechos de pesca bajo
criterios ambientales y sociales es una obligación legal
de la política pesquera común, en vigor desde 2014. Por
ello, ante el riesgo de que salga adelante una ley que
siga aplicando de forma deficiente el artículo 17 de la
propia Política Pesquera Común, solicitamos al Senado
que modifique el artículo 32, estableciendo que, para
cada pesquería se deberá tener en cuenta como mínimo y
de forma simultánea, criterios sociales, ambientales y
económicos, para asegurar que la pesca del futuro sea
justa y sostenible para todas y todos”, explica Àlex
Bartolí, portavoz de OurFish.
Asimismo, el texto actual blinda los cambios de reparto
de posibilidades de pesca a los repartos realizados
antes de la aprobación de la ley, lo que también
vulneraría la normativa europea, ya que estos repartos
se hicieron sin tener en cuenta criterios ambientales.
“El reparto de acuerdo a criterios ambientales, sociales
y económicos es una obligación desde 2014 y, por tanto,
todos los repartos realizados desde esa fecha tendrían
que ser revisados y actualizados para ajustarse a la
normativa europea”, asegura Raúl García, portavoz de WWF.
Otro aspecto negativo es que el Proyecto de Ley no
incluye la obligación de no pescar por encima del
“rendimiento máximo sostenible” o, en el caso de no
disponer de datos suficientes, asegurar que se aplica el
principio de precaución, siendo este un objetivo
prioritario de la Política Pesquera Común y que resulta
fundamental para garantizar la salud de las poblaciones
de interés pesquero a largo plazo.
De la misma manera, el Proyecto de Ley vulnera el
Reglamento de Medidas Técnicas (Reglamento UE 2019/1241)
al considerar que pueda no ser posible reducir o
eliminar las capturas accidentales de mamíferos, aves,
tortugas marinas, tiburones y rayas protegidos. Las
organizaciones ecologistas quieren llamar la atención de
que siempre es posible reducir este impacto y que
hacerlo es una obligación que no puede ser esquivada por
el Estado español a tenor del reglamento europeo.
Juan Carlos Atienza, portavoz de SEO/BirdLife, afirma:
“Confiamos en que el Senado tratará de enmendar estos
aspectos fundamentales para aprobar una ley a la altura
de nuestro tiempo. Esta ley solo será eficaz si se
aplica con decisión y usando todas las herramientas
disponibles, como los planes de gestión para acercar la
gestión al territorio, el reparto justo que incentive
las mejores prácticas pesqueras y una gobernanza
participativa en una apuesta decidida por la
sostenibilidad como base fundamental para asegurar la
pesca del futuro”.
ASPECTOS POSITIVOS
En cualquier caso, las organizaciones ambientales
consideran que la nueva ley da pasos positivos hacia la
sostenibilidad de la pesca y celebran, por fin, el
reconocimiento de los comités de gestión participativos
a nivel local como mecanismos de participación en la
gestión, aunque estos sean solo de carácter consultivo,
para la creación y el seguimiento de los planes de
gestión de las pesquerías o las Reservas Marinas de
Interés Pesquero.
“Durante los últimos dos años las organizaciones
ambientales hemos trabajado en coalición para informar
el proceso de la ley y agradecemos que el Congreso haya
aceptado varias de nuestras propuestas para mejorar el
proyecto de ley en términos de conservación, recogida de
datos, la inclusión del enfoque ecosistémico y la
participación”, concluye Cecilia del Castillo, portavoz
de Ecologistas en Acción. |
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