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• La vicepresidenta se ha reunido con el
conseller de Derechos Sociales del Govern de Catalunya
para explicar el sistema de concierto social valenciano.
• Resposnables de ambos gobiernos han coincidido también
en reclamar al Estado el traspaso de la gestión y los
fondos del Ingreso Mínimo Vital.
• La vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad
y Políticas Inclusivas, Aitana Mas, ha asegurado que la
infrafinanciación crónica de la dependencia por parte
del Gobierno central a la Comunitat Valenciana “continúa
dificultando la atención a las personas que más lo
necesitan”.
Así se ha pronunciado la vicepresidenta en el encuentro
de trabajo que ha mantenido con el conseller de Derechos
Sociales del Govern de Catalunya, Carles Campuzano, para
poner en común las políticas en materia de servicios
sociales que llevan a cabo desde los dos gobiernos.
Ambos responsables han coincidido en la "necesidad
urgente" de mejorar la financiación de la ley de
dependencia, al tiempo que han reclamado el traspaso de
la gestión y los fondos del Ingreso Mínimo Vital del
Estado (IMV).
En este sentido, Aitana Mas ha solicitado a la
administración del Estado que cumpla con la Ley de
promoción de la autonomía personal y atención a las
personas en situación de dependencia y aporte el 50 % de
los fondos a las comunidades autónomas, especialmente a
la Comunitat Valenciana, donde la parte del Estado sólo
llega al 16 %, por debajo de la media, que está entorno
al 20 %.
“Son muchos años ya padeciendo una infrafinanciación de
la dependencia que hace que la ayuda por dignificar la
vida de nuestra ciudadanía no sea tan buena como cabría,
pese a todos los avances que hemos sacado adelante estos
años". "El Estado lleva años sin aportar la cifra que le
corresponde por ley, lo que nos obliga a unos
sobreesfuerzos considerables siendo además una autonomía
infrafinanciada”.
La vicepresidenta ha destacado la necesidad de
"recompensar" los avances de las comunidades autónomas
que apuestan por mejorar la atención a las personas más
vulnerables de la sociedad, como es el caso de la
Comunitat Valenciana, que está realizando un "verdadero
esfuerzo" por atender y trata con "dignidad" a las
personas que están dentro del sistema de la dependencia
y a las que lo solicitan.
Una mayor financiación estatal, ha asegurado Mas,
permitiría continuar incrementado las medidas que desde
la Generalitat se han puesto en marcha financiadas con
fondos autonómicos, como la prestación económica para el
asistente personal, que supera ampliamente a la de otras
comunidades, o la homologación académica de los cuidados
no profesionales, que permite salidas laborales a muchas
mujeres que durante mucho tiempo han estado cuidando a
sus familiares dependientes.
INGRESO MÍNIMO VITAL
Durante el encuentro, Aitana Mas y Carles Campuzano han
manifestado la importancia de mejorar la colaboración
entre las diferentes administraciones en la gestión de
los recursos públicos destinados a atender las
necesidades de las personas, especialmente de aquellas
que son más vulnerables, como es el caso del Ingreso
Mínimo Vital que concede el Gobierno del Estado junto
con las prestaciones que gestionan directamente las
comunidades autónomas, que en el caso de la Comunitat
Valenciana es la Renta Valenciana de Inclusión (RVI).
En este sentido, han reivindicado conjuntamente la
necesidad de acelerar los procesos para lograr una mayor
armonización de las herramientas informáticas que se
utilizan para la tramitación de ambas prestaciones, al
considera que es imprescindible para garantizar una
gestión más ágil y eficaz, que permita reducir el tiempo
de media de espera de resoluciones y ampliar el número
de personas beneficiarias, facilitando así la vida de
las personas.
La entrada en vigor del IMV de una forma tan repentina,
ha explicado la vicepresidenta, causó “un gran impacto”
en la gestión de la RVI e hizo necesaria la realización
de una serie de actuaciones que “han tensionado el
sistema de ayudas al aumentar, por ejemplo, el volumen
de trabajo tanto para el personal de la dirección
general como de los servicios sociales de atención
primaria”.
ACCIÓN CONCERTADA
En el encuentro, desde la Conselleria se ha explicado a
la representación catalana los detalles del actual
modelo valenciano de acción concertada, que el gobierno
de Catalunya quiere usar de referencia en el proyecto de
ley catalán.
La vicepresidenta ha señalado que “estamos encantados de
mostrar a otras autonomías cómo estamos reorganizando un
sistema al que se le ha aportado estabilidad y calidad
en el servicio, y que continuamos armonizando para, a su
vez, dignificar y homogeneizar a las personas
trabajadoras del sector”.
El modelo, tal y como ha explicado la vicepresidenta,
engloba diferentes sectores de servicios sociales
“susceptibles de concierto”, como personas mayores,
dependencia, diversidad funcional, salud mental,
infancia y adolescencia, mujer y acción e inclusión
social.
En el marco de convertir los servicios sociales en la
cuarta pata del Estado de Bienestar valenciano, entre
los diferentes objetivos del concierto social destaca la
voluntad de regular la actividad desarrollada por las
entidades de iniciativa social, garantizar la
transparencia, la publicidad y eficiencia, así como
asegurar la calidad en el servicio a las personas,
además de otorgar estabilidad financiera y laboral al
sector.
“Uno de los pilares del proyecto valenciano se ha basado
en dignificar las condiciones de las trabajadoras y
trabajadores del sector”, ha destacado la
vicepresidenta, desarrollando acuerdos sectoriales con
la voluntad de dotar de estabilidad a la acción
concertada y a las personas profesionales que la
integran.
Para ello, se ha llevado a cabo una convocatoria
plurianual que permite la mejora de las condiciones
laborales de las personas trabajadoras de la acción
concertada y una equiparación con las del sector
público.
De tal manera, se ha construido un modelo donde las
personas profesionales que ejercen su labor en los
diferentes sectores ya no tendrán convenios laborales o
mesas salariales diferentes para idénticas categorías. |
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