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• La Fiscalía de Castilla y León ha dado
carpetazo a la denuncia interpuesta por Greenpeace
España el pasado mes de julio de 2022, por el incendio
ocurrido en Zamora en la zona conocida como sierra de la
Culebra, que calcinó más de 30.000 hectáreas. El Decreto
de la Fiscalía archiva también las denuncias que, por
los mismos hechos, interpusieron CCOO, CSIF y
Ecologistas en Acción.
“La Consejería escatima la inversión necesaria para
cuidar del medio ambiente y del bosque, como le exige la
normativa estatal, comunitaria e internacional, máxime
en un contexto de cambio climático. Para la ciudadanía,
es incomprensible que esta actitud irresponsable de los
poderes públicos, que ha causado un daño ambiental
gravísimo, quede impune, dejando la puerta abierta a
comportamientos similares de cara al próximo verano”, ha
declarado la abogada de Greenpeace, Lorena Ruiz-Huerta.
Greenpeace denunció que pese a las señales que
evidenciaban la existencia de un riesgo alto de
incendio, la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y
León -liderada por Juan Carlos Suárez-Quiñones- declaró
que el riesgo era medio o bajo, conforme a lo
establecido en el Plan de Protección Civil ante
Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León,
que marca el inicio de la temporada de riesgo alto, con
la consiguiente dotación de medios, a partir del 15 de
julio.
Los días 15 y 16 de julio, en los que se produjo el
incendio, no estaban movilizados todos los recursos del
dispositivo contra incendios. Según refieren los
bomberos, el ritmo del incendio durante el primer día
era “accesible” para haber podido apagar el fuego, de
haber tenido los recursos suficientes. Pero a partir del
jueves 16 por la noche -debido a los condicionantes de
viento, calor y sequedad que se estaban produciendo en
esos días- la velocidad del fuego ascendió a 515
hectáreas por hora, por lo que en palabras de los
propios bomberos, “ya no había nada que hacer”, y en
algo más de 24 horas se habían quemado 10.000 hectáreas.
Según el referido plan de emergencias, la época de
peligro medio es del 1 al 14 de julio, por lo que la
Consejería estimó, en seguimiento del Plan, que
estábamos en época de peligro bajo de incendios. Sin
embargo, la situación de cambio climático que afecta a
nuestro país desde hace años -con un cambio de las
circunstancias meteorológicas y una sequedad extrema del
terreno- supone que los responsables políticos tendrían
que haber modificado este Plan hace tiempo, ampliando el
periodo de riesgo alto de incendios a los meses de mayo,
junio y julio.
* En el momento en que se produjo el incendio
denunciado, llevábamos semanas de mapas bermellón de la
AEMET alertando del riesgo extremo de incendios.
Cabe tener en cuenta, además, el precedente del año
anterior, cuando se quemaron 22.000 hectáreas en
Navalacruz, en la provincia de Ávila, en lo que, hasta
ese momento, era el peor incendio de la historia de la
comunidad autónoma.
Con el historial de incendios de Castilla y León, para
Greenpeace los responsables políticos deberían haber
aprobado una nueva normativa de prevención de incendios,
que evitara la repetición de esta catástrofe. Pero,
precisamente, la adopción de una nueva y más amplia
medida de prevención de incendios fue rechazada por los
partidos del Gobierno el 22 de junio en las Cortes de
Castilla y León.
La Fiscalía considera que los hechos denunciados no son
constitutivos de delito, ya que “ante la adversa
situación climática existente en el mes de junio de 2022
en Zamora, la Consejería de Medio Ambiente no permaneció
pasiva o inactiva, sino que se realizaron actuaciones
tendentes a dar solución a la situación planteada”. Pero
ni el Decreto de conclusiones de la Fiscalía, ni los
seis meses de investigación desde la interposición de la
denuncia, han demostrado que el Gobierno adoptase las
medidas necesarias para evitar un riesgo que llevaba
semanas alertándose y del que existían precedentes como
para haber actuado de modo responsable.
“Es justo al contrario: Si los responsables hubieran
aprobado un plan de prevención de incendios, con las
necesarias actividades preventivas y de mantenimiento
del monte, así como con un dispositivo de extinción a
pleno rendimiento en un momento en que las alertas de
riesgo de incendio ya estaban disparadas, la evolución
del incendio no hubiera sido tan devastadora (miles de
hectáreas afectadas y miles de personas desalojadas). Es
inadmisible justificar la inacción por una meteorología
adversa”, ha declarado Mónica Parrilla, responsable de
la campaña de bosques de Greenpeace España.
“Lamentamos la falta de valor de la Fiscalía para
denunciar unos hechos que, por su gravedad, requieren de
una investigación judicial en condiciones, sometida al
principio de contradicción de las partes, antes de
prejuzgar la inexistencia de conducta penal por parte de
los responsables políticos”, ha afirmado Lorena
Ruiz-Huerta.
La Fiscalía considera que no se ha aportado ninguna
prueba que avale la realidad de los hechos denunciados.
Pero para Greenpeace la evidencia de un macro incendio
que devastó 30.000 ha, como consecuencia del estado de
abandono del monte, de las altas temperaturas durante
muchas jornadas continuadas y la falta de medios en los
dispositivos contra incendios, que hubieran podido
paliar la catástrofe de haber estado funcionando al 100
% de su capacidad, no sólo está acreditada, sino que
constituye una conducta ilícita por parte de los
responsables políticos. |
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