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• Amigos de la Tierra, Ecologistas en
Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF alertan del
peligro que supone acortar la evaluación ambiental de
los proyectos renovables en todo el territorio.
• Con esta medida la evaluación no cuenta con una figura
de protección ambiental, eliminando además la
participación ciudadana en su tramitación ambiental.
Ante el nuevo procedimiento sobre la autorización de
instalación de energías renovables, incluido en un Real
Decreto-ley que el Congreso debatirá en los próximos
días, las organizaciones Amigos de la Tierra,
Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF
advierten de que puede tener un efecto contrario a lo
que pretende. En lugar de acelerar el proceso para que
España tenga un sistema eléctrico 100% renovable, es
probable que ralentice el despliegue renovable a base de
demandas en los tribunales, erosionando la participación
y la aceptación social de la necesaria transición
energética. Y todo ello, mientras se expone a numerosas
especies amenazadas y espacios de alto valor ecológico,
a un riesgo innecesario y sin precedentes. Estas
organizaciones recuerdan que no debe haber conflicto
entre acelerar el despliegue de las energías renovables
y la protección de la biodiversidad, ambas medidas
imprescindibles para abordar la emergencia climática.
Las organizaciones ecologistas apremian al Gobierno de
España y a los partidos políticos con representación
parlamentaria a retirar esta medida y mantener el actual
sistema, en el que se restringe esta vía rápida de
tramitación ambiental a proyectos ubicados en zonas de
baja sensibilidad ambiental, cuya definición debe,
además, mejorarse.
En opinión de Amigos de la Tierra, Ecologistas en
Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, la medida puede
tener un efecto contrario a lo que señala la declaración
de emergencia climática y ambiental del Gobierno al
ralentizar el despliegue renovable a través de su
judicialización, poner en riesgo la protección de la
biodiversidad y las políticas de desarrollo rural y
fomentar el desapego y el rechazo social al despliegue
renovable. Este rechazo puede producirse especialmente
en las comunidades rurales retrasando la urgente y
necesaria transición energética, que como inciden las
organizaciones ambientales debe sustentarse en una
planificación en positivo de energías renovables
responsables, tanto social como ecológicamente.
La medida que se someterá a convalidación por parte del
Congreso amplía de facto esta vía rápida a cualquier
proyecto renovable, con independencia de su tamaño o de
si se ubica en un espacio con altos valores ecológicos o
relevante para especies amenazadas, aunque sí excluye
aquellos ubicados en espacios protegidos legalmente
(excepto las reservas de la biosfera) o en el mar. Será
de aplicación para todos los proyectos que tramite el
Gobierno (aquellos superiores a 50 MW, es decir, los más
grandes), pero la norma habilita a las Comunidades
Autónomas a aplicarlo en sus respectivos territorios.
Este planteamiento genera inseguridad jurídica y da pie
a agravios comparativos, que ponen en duda la
efectividad de la medida e, incluso, su ajuste a la
normativa europea e internacional.
En primer lugar, porque acorta significativamente los
plazos de tramitación ambiental para los proyectos de
mayor tamaño que, precisamente por ser más grandes y
cubrir más superficie, tienen en general más riesgo de
generar impactos críticos contra el medio ambiente.
Además, como es probable que no todas las comunidades
autónomas adopten esta vía rápida (de hecho, apenas 6
regiones han adoptado la actual vía rápida restringida a
zonas de baja sensibilidad ambiental y solo 5 de ellas
tienen mapas de sensibilidad ambiental actualizados y
publicados), se dará la paradoja de que proyectos más
pequeños, incluso algunos vinculados a comunidades
energéticas locales, tengan un procedimiento ambiental
mucho más exigente y dilatado en el tiempo.
En segundo lugar, porque exceptuar de manera tan amplia
a los proyectos renovables de una tramitación ambiental
ordinaria tiene, a juicio de las organizaciones
ecologistas, difícil encaje con lo que establece la
Directiva que regula los trámites de impacto ambiental
en toda la Unión Europea. Por otro lado, excluye la
participación de la ciudadanía en el proceso ambiental,
lo que no tiene fácil acomodo con el Convenio de Aarhus,
un tratado internacional suscrito por España sobre
acceso a la información, participación del público en la
toma de decisiones y acceso a la justicia en materia de
medio ambiente.
A escala nacional, la medida tampoco parece guardar
coherencia con la Ley de Cambio Climático y Transición
Energética que, en su artículo 21.2, señala que “para
garantizar que las nuevas instalaciones de producción
energética a partir de las fuentes de energía renovable
no producen un impacto severo sobre la biodiversidad y
otros valores naturales, se establecerá una zonificación
que identifique zonas de sensibilidad y exclusión por su
importancia para la biodiversidad, conectividad y
provisión de servicios ecosistémicos, así como sobre
otros valores ambientales”. El artículo, además, mandata
que el Gobierno de España, en coordinación con las
comunidades autónomas, velen “para que el despliegue de
los proyectos de energías renovables se lleve a cabo,
preferentemente, en emplazamientos con menor impacto”.
En tercer lugar, porque es una medida incoherente con lo
que la propia UE ha pedido a los Estados miembros para
acelerar el despliegue renovable frente a la crisis
energética que ha provocado la guerra en Ucrania. Aunque
el reglamento europeo podría entrañar también graves
problemas en el despliegue de las energías renovables,
al menos, la Unión Europea ha pedido a los países que
definan zonas de acceso prioritario para el despliegue
renovable, es decir, aquellos espacios que son
preferentes porque su ubicación tiene menos impacto en
la naturaleza. La medida que el Ejecutivo español quiere
aprobar parece declarar como zona preferente todo el
territorio que no cuenta con alguna figura de protección
ambiental, lo cual, además, choca especialmente con el
trabajo que ya había hecho el Gobierno al aprobar una
zonificación en función de su sensibilidad ambiental
respecto a los proyectos eólicos y fotovoltaicos.
En cuarto lugar, la medida puede situar a las
funcionarias y funcionarios de los departamentos
encargados de analizar ambientalmente los proyectos en
una situación de indefensión, dado que se convierten en
el único agente que vela por el cumplimiento de la
normativa y cuentan con tan solo diez días para analizar
toda la documentación aportada por el promotor sobre el
potencial impacto ambiental de su proyecto.
Y en quinto lugar, la nueva normativa habilita solo 10
días para que formulen observaciones los responsables de
medio ambiente, principalmente de las comunidades
autónomas, al tener las competencias de conservación de
la naturaleza. En el caso de que no puedan contestar, se
considera como aceptación a la misma. Lo que quiere
decir que los órganos de la administración que disponen
de la información ambiental más actualizada no
participarán en el proceso, o bien, lo harán de forma
precipitada. De facto, supone que el proceso de
evaluación de impacto desaparece y se convierte en una
evaluación del estudio de impacto que proporciona el
promotor.
WWF, SEO/BirdLife, Greenpeace, Ecologistas en Acción y
Amigos de la Tierra comparten la necesidad de sustituir
de forma urgente las energías fósiles y nucleares por
renovables y recuerdan que la senda de cómo hacerlo es
clara: dotar de mayores recursos a los departamentos que
se encargan de la evaluación ambiental y la ordenación y
zonificación territorial y planificar un despliegue
ordenado y vinculante que priorice los proyectos más
cercanos a donde se consume, esto es, facilitar el
desarrollo de renovables en zonas de baja sensibilidad
ambiental priorizando las zonas degradadas (por ejemplo,
las fuertemente antropizadas, las industriales, las
ocupadas por infraestructuras, etc.); y, como ya había
decidido el Gobierno, sobre aquellas zonas que se han
identificado como de bajo impacto ambiental.
Poner en peligro el marco normativo europeo que vela por
la protección de la biodiversidad será contraproducente
para abordar la crisis ambiental, para la que el
Gobierno aprobó una declaración ante la emergencia
climática y ambiental en la que se incluía como uno de
los ejes de acción el fortalecer las sinergias con las
políticas de desarrollo rural, de protección de la
biodiversidad y reconocimiento de servicios ambientales,
el impulso de las oportunidades de la transición
energética y las energías renovables para generar nuevo
empleo verde, acción contra el cambio climático que la
sociedad española demanda y necesita. |
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