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• Ante el anuncio del Gobierno de un
nuevo paquete de medidas para paliar los efectos de la
inflación, Ecologistas en Acción señala que la bajada o
eliminación del IVA de algunos aceites y alimentos, por
sí misma, no garantiza la reducción de precios al
consumidor.
• De hecho, la medida puede contribuir a que quienes
aumenten sus beneficios sean las grandes empresas.
• En su lugar, la organización ecologista propone
complementar con medidas fiscales de forma
redistributiva, para que beneficien realmente a la
agricultura y la ganadería con mayor valor social y
ambiental, así como a un consumo más sostenible.
El Gobierno ha hecho público un nuevo paquete de medidas
para paliar los efectos de la inflación, que está
afectando a los precios de la energía y los alimentos,
entre las que se encuentra la bajada del IVA de algunos
productos como los aceites, o la eliminación en el caso
de otros (frutas, hortalizas, o cereales). Para
Ecologistas en Acción, estas medidas sin un control
efectivo sobre los precios finales no garantizan la
reducción de estos a la persona consumidora. Por contra,
pueden llevar a aumentar aún más el margen de beneficio
de las grandes empresas, tal y como ya ha sido
denunciado por algunas entidades de consumidores en los
primeros días de implementación de la medida.
Igualmente, sin un control efectivo de precios finales,
las anunciadas ayudas de 200 euros pueden ser absorbidas
rápidamente por las empresas de distribución sin que se
traduzca en una subida del poder adquisitivo de
consumidoras y consumidores. De hecho, las propuestas
surgen en un momento en el que los grandes operadores de
la distribución comercial y la agroindustria están
aprovechando la crisis para un incremento de sus
márgenes comerciales, con ingresos récord.
La organización ecologista defiende la recaudación por
vía de impuestos directos frente a los indirectos, ya
que estos últimos no atienden a las diferentes
situaciones de renta de las personas consumidoras y, por
tanto, no es redistributiva. Por lo tanto, una bajada
del IVA -que podría beneficiar a las personas con menos
recursos- se debería compensar con impuestos directos
para que aquellas con más recursos no se eximan de
contribuir.
La subida de los precios de los alimentos, al igual que
la subida de precios de los fertilizantes de síntesis,
se deben en gran medida a la subida de los precios de la
energía. Rusia es, además, el principal productor
mundial de nitratos, cuya producción es altamente
dependiente de gas. Por ello, Ecologistas en Acción
apunta que hay que dar pasos encaminados a reducir
dependencia y la enorme huella energética de la
producción agroalimentaria en todos los tramos: desde la
producción (donde la subida de precios de los
fertilizantes nitrogenados está siendo especialmente
acusada), hasta el transporte o el procesamiento propios
de un sistema alimentario fuertemente industrializado y
globalizado.
En este sentido, los 300 millones de ayudas directas a
agricultoras y agricultores -para compensar la subida de
los fertilizantes o la bonificación al combustible
profesional- no supone ningún avance en la
transformación del modelo de dependencia hacia los
combustibles fósiles sino que lo afianza, al financiar
directamente su adquisición. Tampoco permite avanzar en
la consecución de los objetivos europeos y estatales
hacia un sistema alimentario más sostenible, justo y que
produzca alimentos de calidad, ni refuerza el papel de
la agricultura familiar en la cadena alimentaria, sino
que lo debilita aún más.
Por todo ello, Ecologistas en Acción plantea sus
propuestas para hacer frente a la inflación con medidas
que contribuyan a la transición ecológica y la justicia
social:
- Reorientar las ayudas al sector agrario a prácticas
más sostenibles. Por ejemplo, hacia la agricultura
ecológica porque no depende de fertilizantes de síntesis
y, por tanto, reduce la contaminación de agua; se adapta
mejor a la sequía; fija carbono en el suelo a través de
la aplicación de estiércol; supone una alternativa de
viabilidad económica para las pequeñas y medianas
explotaciones agrarias; y se orienta a la producción de
alimentos saludables, sostenibles y de calidad.
- Reforzar las ayudas a la introducción en las fincas
convencionales de prácticas agroecológicas (rotaciones
de cultivos, diversificación de cultivos, integración
agroganadera, uso de cubiertas vegetales o introducción
de biodiversidad a través de elementos seminaturales)
que reducen el uso de insumos no sostenibles, ofreciendo
productos sostenibles y de alto valor añadido.
- Condicionar las ayudas a cultivos orientados al
mercado estatal y sostenibles.
- Diseñar las ayudas dentro de una perspectiva a medio
plazo de transformación del sistema agroalimentario
estatal, que fomente formas de cultivo más sostenibles y
desincentive las formas de cultivo insostenibles (como
los cultivos tradicionales de secano puestos en regadío)
o que generan dietas insostenibles y poco saludables
(como la ganadería industrial y los cultivos orientados
a alimentar la ganadería industrial, tales como el maíz
o determinados forrajes en regadío).
- Reforzar y apoyar el papel del pequeño comercio de
proximidad en los barrios y pueblos más vulnerables
económicamente, especialmente aquel que permite el
acceso de los grupos sociales de rentas más bajas a
alimentos vegetales frescos, de temporada y de
producción local.
- En sentido general, utilizar las medidas fiscales de
forma redistributiva, para que beneficien realmente a la
agricultura y a la ganadería con mayor valor social y
ambiental añadido así como a un consumo más sostenible. |
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