• Hoy el Parlamento Europeo ha adoptado
una resolución en la que pide a la Unión Europea (UE) y
a todos los Estados miembros que inicien la salida en
bloque de la UE del Tratado de la Carta de la Energía (TCE).
• La resolución ha sido aprobada una semana después de
que España, Alemania, Países Bajos y Francia bloquearan
la propuesta de modernización del TCE en el seno de la
UE, después de que un total de siete países hayan
anunciado su decisión de salirse.
• Las organizaciones de la campaña estatal No a los
Tratados de Comercio e Inversión (No a los TCI), entre
las que se encuentra Ecologistas en Acción, celebran
esta nueva victoria e instan a la Comisión Europea a que
acepte la derrota y respete los procedimientos y plazos
establecidos.
• En la misma semana, Berkeley ha amenazado con demandar
a España y reclamar hasta 500 millones de euros tras la
inminente salida del Tratado anunciada por Teresa Ribera
hace unas semanas.
Hoy, 24 de noviembre de 2022, los distintos grupos
políticos del Parlamento Europeo (PE) han votado una
resolución que insta a la UE y sus Estados miembros a
iniciar la salida coordinada del del TCE. Una vez más,
la demanda que la sociedad civil lleva años reclamando
se ha escuchado. La victoria ha sido clara, con 303
votos a favor, 209 en contra y 63 abstenciones.
Dicha resolución también incide en que ni la UE ni sus
Estados miembros pueden permanecer en el Tratado no
modernizado, y asegura que el PE dará su consentimiento
a la retirada en bloque de la UE cuando se le solicite
su consentimiento. Clàudia Custodio, miembro de
Ecologistas en Acción y de la campaña No a los TCI,
señala que “hoy el Parlamento Europeo ha dejado claro
que la modernización del TCE ha fracasado. La Comisión
Europea no puede seguir eludiendo esta realidad ni un
minuto más”.
Desde principios de octubre hasta la fecha, siete países
de la UE –Polonia, España, Países Bajos, Francia,
Eslovenia, Alemania y Luxemburgo- han anunciado que
abandonarán el TCE tras la falta de resultados logrados
a la hora de alinear el Tratado con los objetivos
climáticos del Acuerdo de París. De hecho, el viernes
pasado el acuerdo preliminar para modernizar el TCE fue
bloqueado por cuatro países en la votación del Comité de
Representantes Permanentes de los Gobiernos de los
Estados Miembros (COREPER): Francia, España, Alemania y
Países Bajos se abstuvieron. Un resultado que ha hecho
imposible obtener la mayoría necesaria para aprobar la
propuesta en el Consejo de la UE y para conseguir una
posición común dentro de la UE.
Ante la falta de acuerdo, la reacción de la Comisión fue
pedir la retirada de este punto del orden del día de la
Conferencia anual del TCE, celebrada el 22 de noviembre.
Finalmente se ha decidido aplazar el debate sobre la
adopción del texto modernizado a abril de 2023. Marta
García Pallarés, miembro de Ecologistas en Acción y de
la campaña No a los TCI, advierte que “este cambio
continuo en los procedimientos y plazos pautados
muestran los intentos de la Comisión para eludir una
realidad que se abre camino a pasos de gigante: el fin
del Tratado. Ahora el mensaje del Parlamento no puede
ser ignorado”.
A propósito de la celebración, entre los días 6 y 19 de
noviembre de la Cumbre del Clima en Sharm el-Sheij, la
activista añade: “Durante la COP27 la Comisión se jactó
de preservar el 1,5 ºC y de apostar por la mitigación en
las negociaciones. Una careta que no se sostiene cuando
al mismo tiempo promueve la pervivencia de un tratado
que protege las inversiones fósiles.”
Clàudia Custodio insiste en que “la Comisión se está
quedando sola en su empeño en preservar un tratado que
va en contra de sus propios objetivos climáticos. Para
eliminar la cláusula de supervivencia y poner fin a este
Tratado que nos ata de pies y manos, la UE tiene que
abandonarlo en bloque”.
La resolución aprobada también insta a todos los Estados
miembro de la UE a apoyar y ratificar el acuerdo inter-se
que neutralizaría dicha cláusula, evitando que los
países puedan seguir siendo demandados 20 años después
de la fecha de salida.
Al tiempo que el Tratado colapsa, las compañías e
inversores extranjeros podrían estar viendo el fin de
los enormes privilegios que les otorga este Tratado. Sin
embargo, hasta que la salida de los países no se haga
efectiva, pueden seguir demandando. Hace una semana se
hizo pública la intención de Berkeley, una empresa
australiana con planes de construir la mayor mina de
uranio a cielo abierto en la localidad de Retortillo
(Salamanca), de demandar a España bajo el TCE.
La empresa ha declarado que podría llegar a reclamar 500
millones de euros por la denegación –por parte del
Miteco y del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)– de un
permiso para la instalación de una planta de
concentrados de uranio. La demanda desafía la Ley de
Cambio Climático y Transición Energética aprobada en
mayo de 2021, que prohíbe claramente este tipo de
prácticas por su elevado coste medioambiental y social. |
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