• Transcurrido más de un año desde la
publicación del Anteproyecto de la Ley de Pesca
Sostenible e investigación pesquera, mañana empieza la
recta final de las negociaciones en la Comisión de
Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los
Diputados.
• ClientEarth, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife
y WWF consideran que la Ley de Pesca Sostenible está
obsoleta antes de su aprobación porque no considera y
afronta la crisis climática y la de pérdida de
biodiversidad.
• Las organizaciones ambientales instan a los Grupos
Parlamentarios que aprovechen la oportunidad de aprobar
las enmiendas que afianzan la conservación del
ecosistema marino, un reparto justo de las oportunidades
de pesca y una gobernanza participativa.
Las negociaciones de la ley de pesca en el Congreso
entran en su recta final y los partidos están a tiempo
de acordar una norma a la altura de los retos
ambientales y pesqueros de nuestro tiempo.
Si bien esta ley es imprescindible y presenta avances
con respecto a la ley de pesca de 2001, actualmente
vigente, en su redacción actual carece de algunas
herramientas clave para su adecuada aplicación que
permitan un cambio de rumbo de la pesca que asegure su
sostenibilidad. “Afortunadamente”, declaran las
organizaciones ecologistas, “las diputadas y diputados
tienen la posibilidad de mejorar significativamente la
ley a través de varias enmiendas”, presentadas por
Compromís, EH Bildu, Esquerra Republicana, PSOE y Unidas
Podemos.
Aunque la ley incluye el enfoque ecosistémico no prevé
los mecanismos para aplicarlo adecuadamente lo que le
resta aplicabilidad e imposibilita una visión
estratégica a largo plazo. En particular, no apuesta con
claridad por la gestión de las pesquerías mediante
planes de gestión que tengan en cuenta los ecosistemas y
se puedan diseñar de manera participativa a escala
local.
UNA LEY QUE NO LLEGA A LA AMBICIÓN DE LA POLÍTICA
PESQUERA COMÚN
Las organizaciones ambientales consideran inaceptable
que, en plena crisis de pérdida de biodiversidad y
emergencia climática, la ley sea menos ambiciosa en
términos de conservación que la propia Política Pesquera
Común (y reglamentos asociados), de obligado
cumplimiento y con casi una década de antigüedad. Por
ello, consideran imprescindible que la ley establezca la
obligación de no pescar por encima del rendimiento
máximo sostenible o, en el caso de no disponer de datos
suficientes, garantizar que se aplica el principio de
precaución. De la misma manera, la ley debe asegurar que
se minimicen, y en la medida de lo posible se eliminen
las capturas accidentales de mamíferos, aves, tortugas
marinas y tiburones.
“En la ley se menciona el calentamiento global pero no
incluye un plan de descarbonización de la flota ni un
plan de adaptación de la pesca al mismo. Además, lo que
en el reglamento de pesca europeo son objetivos en esta
ley se queda tan solo en principios generales”, afirma
Juan Carlos Atienza, responsable del Gobernanza
Ambiental de SEO/BirdLife. “Puede parecer que estos
detalles de redacción carecen de importancia. Sin
embargo, generan ambigüedad y podrían menoscabar el
cumplimiento del mínimo obligatorio para acabar con la
sobrepesca y mitigar las capturas accidentales” añade
Atienza.
Otra de las preocupaciones de las organizaciones
ambientales es que el Proyecto de Ley apenas avance en
una gestión más transparente y participativa, que
reconozca la cogestión o “gestión local participativa”
como mecanismo de demostrada eficacia en la gestión de
pesquerías.
“Algo incomprensible, ya que España cuenta con alguno de
los marcos de cogestión con mayor reconocimiento
internacional”, recuerda Raúl García, coordinador de
pesquerías de WWF. “No es una varita mágica, pero ha
demostrado que puede facilitar la transición ecológica
justa de la pesca. El diseño de los planes de gestión de
las pesquerías o el de las Reservas Marinas de Interés
Pesquero de manera participativa, incluyendo al sector,
administraciones, comunidad científica y a las
organizaciones ambientales, fomenta la cultura del
cumplimiento, la corresponsabilidad de los actores y la
toma de datos. Lo vemos por ejemplo, en la gestión
exitosa del sonso en Catalunya o del percebe en Asturias
o en Reservas Marinas como en Os Miñarzos en A Coruña”,
recalca García.
Por último, las organizaciones ecologistas apuestan por
limitar el peso de derechos históricos de pesca en el
reparto al 50% en aras de aplicar también criterios
ambientales y sociales en el reparto. A esto se oponen
grandes empresas pesqueras que se han visto beneficiadas
en el reparto en el pasado sin que se haya aplicado el
artículo 17 de la Política Pesquera Común. “Estamos
convencidos que un diseño ambicioso de estos criterios
incentivará una pesca más ambiental, más justa y más
social”, declara Àlex Bartolí, consultor en pesquerías.
Por ejemplo, hay que promover que si un arte de pesca es
más respetuoso con el fondo marino, o si un armador o
armadora mejora la selectividad de su aparejo, reciba un
incentivo en forma de derechos de pesca. Asimismo, la
implementación de estos criterios puede incentivar
también las buenas prácticas sociolaborales y el impacto
económico de las comunidades dependientes de la pesca.
Esto daría acceso a las flotas de bajo impacto a los
recursos suficientes para sobrevivir económicamente y
estaría en coherencia con el Objetivo de Desarrollo
Sostenible 14.b de la Agenda 2030.
“Queremos una pesca que respete y se entienda con la
biodiversidad y los ecosistemas. El armador o armadora
dispone de una licencia para extraer recursos marinos,
pero ninguna empresa es propietaria de los hábitats
marinos ni de la fauna que lo habitan. Los recursos del
mar son bienes públicos, y han de gestionarse no solo
para que sean rentables a corto plazo, también para que
se conserven en el tiempo”, concluye Cecilia del
Castillo, responsable de pesca de Ecologistas en Acción.
En las negociaciones de la ley en el Congreso, que
entran en su recta final, los partidos están a tiempo de
acordar una norma a la altura de los retos ambientales y
pesqueros de nuestro tiempo. Las organizaciones
ambientales llaman a la responsabilidad de las diputadas
y diputados y les instan a acordar una ley del siglo XXI,
apoyando las enmiendas que van en la línea de la
conservación de los ecosistemas, el reparto justo de las
oportunidades de pesca y la gobernanza participativa. |
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