• La norma contempla, además de estos
beneficios, alianzas entre centros y departamentos y
retribuciones adicionales a profesionales que se
desplacen a otros departamentos o centros que necesiten
refuerzos.
• La medida se ha aprobado en la Mesa Sectorial de
Sanidad con el apoyo de los sindicatos CCOO, UGT e
Intersindical y la abstención de CEMS-SAE.
La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública se
ha reunido en Mesa Sectorial de Sanidad, el órgano de
representación de los profesionales, donde se ha
aprobado el proyecto de decreto para ocupar plazas de
difícil cobertura y regular las alianzas estratégicas
con el apoyo de los sindicatos CCOO, UGT e Intersindical
y la abstención de CEMS-SAE.
El texto acordado contempla distintos tipos de medidas
para tratar de dotar de personal las vacantes que
resultan difíciles de cubrir: incentivos económicos, de
desarrollo profesional y formativos; así como el
desplazamiento voluntario de trabajadores a
departamentos o centros de trabajo que precisen
refuerzos en el marco de las alianzas estratégicas que
se establezcan, tanto en horario ordinario como en
guardias.
En virtud de la nueva norma, la prestación de servicios
en las plazas de difícil cobertura tendrá un incentivo
de 5.000 euros anuales para el personal Facultativo
(grupo A1 en general); 3.250 euros anuales para
Enfermería y resto de profesionales del grupo A2; 2.000
euros anuales para el grupo C1; 1.500 euros anuales para
técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE)s y
otros profesionales de la categoría C2 y 1.000 euros
anuales para otras agrupaciones profesionales.
A nivel de beneficios profesionales, cubrir una plaza de
difícil cobertura reducirá el tiempo de permanencia
necesario en cada grado para progresar en la carrera
profesional; dará ventajas de puntuación en los
concursos y oposiciones, así como prioridad en la
participación de actividades formativas y de
investigación.
Además, la persona que ocupe una plaza de difícil
cobertura, si quiere, podrá alargar su vida laboral al
final de su trayectoria profesional. Llegada la edad de
jubilación, los servicios prestados en plazas declaradas
como de difícil cobertura facilitarán la prolongación
del servicio activo de forma voluntaria.
En el caso de los y las residentes, podrán inscribirse
en las listas de reserva de la bolsa de empleo tres
meses antes de finalizar su programa formativo, siempre
y cuando su Unidad Docente los evalúe positivamente y no
haya personas inscritas disponibles en la
categoría/especialidad a la que opten.
ACUERDOS PARA OPTIMIZAR RECURSOS, Y GUARDIAS
VOLUNTARIAS
El proyecto de decreto también introduce el concepto de
alianza estratégica entre dos o más departamentos de
salud, instituciones sanitarias o centros de trabajo,
una fórmula destinada a reforzar déficits de cobertura
asistencial que facilita que los profesionales se
desplacen para cubrir las demandas asistenciales y sigan
al paciente, en lugar de que sea el paciente el que se
tenga que desplazar.
Este recurso resultará subsidiario al de la declaración
de plazas de difícil cobertura cuando, por razones
organizativas, económicas o asistenciales no resulte
posible su declaración o, una vez declaradas, no
resulten todo lo efectivas que debería ser.
Estos acuerdos tendrán una duración de dos años, que se
podrán acortar o ampliar según las necesidades, y
también prevén una retribución adicional por cada hora
de trabajo desempeñada por los trabajadores que
voluntariamente se desplacen a un centro o departamento
distinto al de origen. El incentivo económico se
calculará en función del puesto de trabajo.
MEDIDAS ALINEADAS CON EL NUEVO MODELO DE ATENCIÓN
PRIMARIA
Esta serie de iniciativas buscan promover la
colaboración profesional entre los departamentos y
centros de salud, con el objetivo último de facilitar la
cobertura de las necesidades asistenciales en áreas o
especialidades con falta de profesionales, tanto en
Atención Primaria como Hospitalaria.
Además, el proyecto de decreto refuerza el nuevo modelo
de Atención Primaria y Comunitaria definido por la
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública para
los ejercicios 2022 y 2023, dotado con 326 millones de
euros y que se sustancia en más personal, más recursos,
más tecnología y un nuevo modelo organizativo y
asistencial.
En última instancia, la nueva norma beneficiará a la
ciudadanía de la Comunitat Valenciana porque reforzará
la garantía de asistencia sanitaria por los
profesionales requeridos en cada caso y apuntala la
equidad del sistema al reforzar la oferta asistencial en
todo el territorio independientemente del lugar de
residencia. |
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