• En vísperas del incendio y en plena ola
de calor la Consejería declaró que el riesgo de incendio
era medio o bajo.
• El Plan de Protección Civil ante Emergencias por
incendios forestales en Castilla y León, aprobado hace
23 años, no está adaptado a los nuevos escenarios del
cambio climático.
Greenpeace España ha puesto una denuncia ante la
Fiscalía de Castilla y León solicitando que se
investiguen las actuaciones de la Administración Pública
antes y durante el gran incendio forestal ocurrido entre
los días 15 y 19 de junio en la Sierra de la Culebra
(Zamora), que afectó a una superficie aún por determinar
(entre 28.000 y 33.000 hectáreas) dentro de un
territorio catalogado como Reserva de la Biosfera. La
ONG ha interpuesto esta denuncia para pedir que se
investiguen los hechos y se depuren las posibles
responsabilidades.
El origen del incendio fue una tormenta eléctrica
ocurrida el miércoles 15 de junio, pero las altas
temperaturas, sumadas al viento intenso y la situación
de sequía que vive la zona, agravaron la situación. Pese
a que en el momento en que se produjo el incendio
forestal las alertas de riesgo de incendio lanzadas
desde la AEMET llevaban días avisando del alto riesgo de
incendio, la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y
León, liderada por Juan Carlos Suárez-Quiñones, declaró
que el riesgo era medio o bajo, conforme a lo
establecido en el Plan de Protección Civil ante
Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León.
Este plan marca el inicio de la temporada de riesgo
alto, con la consiguiente dotación de medios, a partir
del 15 de julio.
Los responsables de la Consejería de Medio Ambiente han
admitido que los turnos no estaban a pleno rendimiento,
pero que enviaron recursos extraordinarios. Sin embargo,
colectivos del operativo de extinción han denunciado que
la falta de medios no fue algo puntual, sino que se
produjo durante varios días y cuando el fuego avanzaba a
50 hectáreas por hora, una velocidad que era asumible
por los equipos de extinción y que podría haber
contenido el avance de las llamas. En palabras de los
involucrados en la extinción, como resultado de la
inacción de la Junta de Castilla y León a partir del
jueves 16 “ya no había nada que hacer”, ya que por la
noche la velocidad del fuego ascendió a 515 hectáreas
por hora, por lo que entre el jueves por la noche y el
viernes fueron evacuadas 2.690 personas de 26 municipios
diferentes. Dispositivos de Portugal, de diversas
comunidades autónomas y hasta 383 agentes de la UME,
junto al apoyo vecinal, batallaron sin descanso contra
el fuego durante cuatro días, hasta que la propia
climatología detuvo el incendio el domingo 19, gracias a
que empezó a llover, la tierra se enfrió y el incendio
empezó a detenerse.
Greenpeace denuncia que el Plan de Protección Civil ante
Incendios Forestales en Castilla y León es de 1999, por
lo que no tiene en cuenta las actuales circunstancias de
cambio climático, que aconsejan aumentar drásticamente
el periodo de riesgo alto de incendios, con la
consiguiente dotación de medios, así como una actividad
de prevención de incendios en los montes que se lleve a
cabo durante todo el año. Máxime si se tiene en cuenta
el precedente del año pasado, cuando se quemaron 22.000
hectáreas en Navalacruz, en la provincia de Ávila, en lo
que, hasta hace poco, era el peor incendio de la
historia de la comunidad autónoma.
Pese a que la región Noroeste, en la que se encuentran
Zamora y León, es la que sufre más de la mitad de los
incendios del territorio nacional, según un informe del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 2021,
el Gobierno de Castilla y León continúa siendo
deficitario en planes preventivos y de Emergencia Local.
“Hemos pedido a la Fiscalía que investigue a los
responsables de no haber adoptado las medidas y los
planes necesarios para evitar un riesgo que llevaba
semanas alertándose y del que existen precedentes como
para haber actuado de modo responsable. El incendio ha
calcinado una vastísima extensión de formaciones de
bosque, matorral, pastos y cultivos, ha dañado
propiedades, explotaciones agropecuarias, ha causado
estragos en la flora y en la fauna de la zona y ha
puesto en peligro la vida de miles de habitantes de los
municipios aledaños. Si los responsables hubieran
aprobado un plan de prevención de incendios adecuado,
así como con un dispositivo de extinción a pleno
rendimiento en un momento en que las alertas de riesgo
de incendio ya estaban disparadas, el fuego se habría
podido extinguir a tiempo o se hubieran producido menos
daños”, ha declarado Lorena Ruiz-Huerta, abogada de
Greenpeace España. |
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