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• La reducción de la movilidad por la
crisis de la COVID–19 ha provocado una mejora general
sin precedentes de la calidad del aire. No obstante, la
totalidad de la población española ha seguido respirando
aire contaminado durante 2021.
• Pese a la caída de la contaminación, Madrid
siguió incumpliendo el límite legal del dióxido de
nitrógeno. Otra veintena de zonas rebasaron los
objetivos del ozono.
El informe elaborado por Ecologistas en Acción analiza
los datos recogidos en 800 estaciones oficiales de
medición instaladas en todo el Estado español, entre
ellas las de los principales aeropuertos y puertos
estatales. Presenta datos exhaustivos de la calidad del
aire, desglosados por comunidades autónomas y por
sustancias contaminantes.
ENTRE SUS PRINCIPALES CONCLUSIONES, DESTACAN:
– Durante 2021 la calidad del aire en España ha
mantenido la mejora sustancial ya observada durante
2020, con una reducción notable de los niveles de
dióxido de nitrógeno (NO2), dióxido de azufre (SO2) y
ozono troposférico, y más matizada de los de partículas
en suspensión (PM10 y PM2,5), en sus mínimos de la
última década y seguramente también desde que existen
mediciones, en 1990.
– El informe de Ecologistas en Acción toma como
referencia los nuevos valores máximos de contaminación
recomendados por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y el objetivo a largo plazo para proteger la
vegetación de la Unión Europea. De acuerdo a esos
niveles, el aire contaminado afectó en 2021 a la
totalidad de la población española, así como a 400.000
kilómetros cuadrados, el 80 % del territorio.
– Si se toman los estándares de la normativa, más laxos
que las recomendaciones de la OMS, la población que
respiró aire contaminado por encima de los límites
legales fue de 5,4 millones de personas, una décima
parte del total y 7 millones de afectados menos respecto
a 2019. Y la superficie expuesta a niveles de
contaminación que dañan la vegetación alcanzó 122.000
km2, una cuarta parte del territorio y la mitad de
superficie que en 2019.
– La estabilidad atmosférica primaveral activó los
episodios de contaminación por partículas, en su mayor
parte procedentes del norte de África. El invierno en
cambio resultó inestable y húmeda, favoreciendo la
dispersión y deposición de los contaminantes típicos de
esta estación (NO2 y partículas). El relativamente
moderado calor estival contribuyó al descenso del ozono,
pese a la intensa ola de calor de mediados de agosto.
– Los factores esenciales para explicar la mejoría de la
calidad del aire durante 2021 son la restricción general
de la movilidad y la contracción económica derivadas de
las medidas adoptadas para combatir la COVID-19, con la
dramática situación sanitaria y social que hemos vivido
en los dos últimos años. El cierre de la mayoría de las
centrales térmicas de carbón también ha contribuido
localmente a la drástica disminución de las emisiones.
– La principal fuente de contaminación en las áreas
urbanas, donde se concentra la mayor parte de la
población, es el tráfico motorizado. En determinadas
áreas fabriles y en el entorno de las grandes centrales
termoeléctricas son estas fuentes industriales las que
condicionan de manera decisiva la calidad del aire. El
transporte aéreo y marítimo tiene gran repercusión en la
calidad del aire del entorno de aeropuertos y puertos.
– El ozono es el contaminante que presentó un año más
una mayor extensión y afección a la población. No
obstante, la frecuencia de las superaciones de los
estándares legal y de la OMS ha sido muy inferior a la
de años precedentes, con un descenso de respectivamente
el 57 % y el 37 % en relación al promedio de las
registradas en el periodo 2012-2019, en el conjunto del
Estado, y una caída drástica en las superaciones del
umbral de información.
– Las partículas (PM10 y PM2,5) y el dióxido de
nitrógeno (NO2) en el aire siguieron afectando a la
práctica totalidad de la población española. Pese al
desplome general del NO2 en un 25 % respecto al nivel
medio entre 2012 y 2019, Madrid siguió incumpliendo el
límite legal anual, por lo que el Tribunal Europeo de
Justicia sentenciará en las próximas semanas el proceso
contra España, que podría derivar en multas millonarias.
– Puntualmente, en Villanueva del Arzobispo (Jaén) se
superó el objetivo legal del cancerígeno benzo(a)pireno,
contaminante relacionado con la combustión de la biomasa
cuya medición es ocasional, pese a lo cual se detectan
niveles preocupantes para la salud en territorios
rurales de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Cataluña
o Galicia, además de en el entorno de determinadas
industrias siderometalúrgicas de Avilés, Gijón y A
Coruña.
– La contaminación del aire debería abordarse como un
problema de primer orden. Cada año se registran hasta
30.000 muertes prematuras en el Estado español por
afecciones derivadas de la contaminación del aire, según
la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA). Según el
Instituto de Salud Carlos III, 10.000 de ellas fallecen
en episodios de alta contaminación. La mejora de la
situación en 2021 es en este sentido una excelente
noticia.
– Los costes sanitarios y laborales derivados de la
contaminación atmosférica representan 50.000 millones de
dólares al año, un 3,5 % del PIB español, según el Banco
Mundial, sin considerar el coste de los daños provocados
sobre los cultivos y los ecosistemas naturales.
– Los Planes de Mejora de la Calidad del Aire son
obligatorios según la legislación vigente. Pero, en
muchos casos no existen, y en otros son inefectivos por
falta de voluntad política. Una decena de Comunidades
Autónomas siguen incumpliendo su obligación de elaborar
planes de lucha contra el ozono en las zonas donde se
exceden los objetivos legales. Los escasos planes
elaborados carecen del detalle y el presupuesto precisos
para ser eficaces.
– La única forma de mejorar la calidad del aire en las
ciudades es disminuir el tráfico motorizado, potenciando
la movilidad activa peatonal y ciclista y el transporte
público limpio. También es necesario promover el ahorro
energético, adoptar las mejores técnicas industriales
disponibles, cerrar las centrales térmicas de
combustibles fósiles, penalizar el diésel, reducir el
uso del avión, designar un área de control de las
emisiones del transporte marítimo en el Mediterráneo, y
una moratoria de las nuevas macrogranjas ganaderas.
– La Ley de Cambio Climático obliga a que todas las
ciudades de más de 50.000 habitantes cuenten con zonas
de bajas emisiones antes de 2023. No obstante, la
mayoría de las ciudades no están declarando estas zonas,
pese a los abundantes fondos públicos que están
recibiendo para su implantación. Y las declaradas en
Madrid y Barcelona, han sido anuladas por resoluciones
judiciales que en la práctica hacen prevalecer un
supuesto derecho a desplazarse por la ciudad en coche
sobre la salud pública y el medio ambiente.
– La crisis sanitaria de la COVID–19 ha demostrado que
la reducción del tráfico tiene claros efectos en la
mejora de la calidad del aire que respiramos, en las
ciudades y en las zonas rurales. No obstante, el repunte
en los últimos meses de la contaminación del aire en las
grandes ciudades es un indicio preocupante de que no
hemos aprendido lo suficiente. |
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