• A la espera de analizar los detalles de
las medidas contra la inflación que hoy ha anunciado el
Gobierno, CCOO valora positivamente la continuidad de
las medidas ya en vigor y las nuevas iniciativas que se
incorporan adicionalmente, en los términos que ha
expresado el Presidente del Gobierno en su comparecencia
pública.
• El sindicato considera que estas medidas deben
utilizarse para exigir a las organizaciones
empresariales mayor corresponsabilidad en la lucha
contra la inflación.
Para CCOO es razonable que la prórroga y vigencia de las
nuevas medidas se prolongue en principio hasta final de
año, evitando escenarios anteriores de multiplicación de
dificultades de convalidación de normas de protección y
escudo social.
La cuantía comprometida, de 9.000 millones de euros,
5.500 millones en ayudas directas y el resto en
minoración de la recaudación fiscal por el
establecimiento de distintos incentivos, es relevante.
Dedicar un esfuerzo de un 1 punto del PIB, sumando los
dos paquetes ya aprobados, de medidas anti-crisis tras
el inicio de la invasión de Ucrania y el comienzo de la
actual fase de tensión agudizada en el precio de la
energía, supone mantener, por parte del Gobierno de
coalición, una sensibilidad social que es necesaria en
estos momentos.
El incremento del ingreso mínimo vital en un 15% es una
buena noticia. Esta figura va configurando, lentamente,
una red de protección relevante, que ya se sitúa en
torno a 400.000 titulares de prestación y se acerca al
millón de beneficiarios, si bien aún muy por debajo de
lo previsto. Saludar esta medida no impide demandar una
reflexión sobre su diseño precipitado –mejorable sin
duda–, la necesidad de completar sus desarrollos
reglamentarios aún pendientes y, finalmente, abordar su
eficacia en la concurrencia con las rentas mínimas de
las comunidades autónomas para conseguir que suponga un
refuerzo de las redes de garantía mínima de rentas y
evitar que se utilice para reducir –sustituyendo– el
esfuerzo que en esta materia vienen realizando las
administraciones autonómicas y, en menor medida,
locales.
También lo es el incremento de las pensiones no
contributivas en un 15%, con vigencia hasta final de
año, medida anunciada en un acuerdo parlamentario
reciente con motivo de la tramitación de la hace poco
aprobada reforma de la Ley de planes y fondos de
pensiones. Es esta una medida, que afecta a 450.000
personas, que está previsto abordar también en la
negociación de la segunda fase de diálogo social en
materia de Seguridad Social y que, como anticipamos,
CCOO demandará que se aborde no de manera temporal sino
permanente, en un marco de revisión del conjunto de las
pensiones mínimas en España.
Esperamos a conocer los detalles del anunciado bono de
200 euros para personas con ingresos inferiores a 14.000
€/anuales, trabajadoras por cuenta ajena o propia y
personas en desempleo. Es una medida paliativa y
temporal de los efectos de la inflación en las economías
más modestas, por tanto segmentada hacia quien tiene
mayor necesidad, y cuya forma de concreción es relevante
para determinar su alcance para esos 4 millones de
personas que se señalan como objetivo.
La disminución del IVA de la electricidad del 10% al 5%,
medida positiva, sin duda, que alivia la carga de
consumo en los hogares, más cuanto menos renta se tiene,
debería ir acompañada de medidas efectivas de control de
precios para evitar que en un plazo breve de tiempo
quede absorbida por un incremento de los mismos. En
cualquier caso, este tipo de medidas son válidas en un
contexto de emergencia como el actual, pero no deben
consolidar la idea de la necesidad de una bajada
generalizada de impuestos.
Saludamos, especialmente, las medidas para el fomento
del transporte público: reducción del 50% del precio de
abonos transporte del Estado y subvención del 30% de los
autonómicos y locales. Las comunidades autónomas y
administraciones locales deben contribuir a esta medida
con un esfuerzo adicional, en precio y en despliegue de
vehículos, unidades y medios de transporte público, para
apostar de manera decidida por el ahorro energético y
una menor dependencia de los combustibles, fomentando la
movilidad colectiva.
España no debe esperar más para sumarnos a otros socios
europeos que ya han puesto en marcha el anuncio de un
impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las
empresas eléctricas. Recibimos, por tanto, de forma
favorable esa noticia así como su aplicación retroactiva
para que no queden fuera del mismo los beneficios
extraordinarios que ya se están produciendo, gravando la
actividad económica y las rentas personales y
familiares. Esperamos y demandamos una concreción
inmediata de esta medida.
El Gobierno debería utilizar también estas y otras
medidas con el objetivo de condicionar la resistencia
empresarial a abordar un pacto de rentas equilibrado en
el que todas las fuentes de renta contribuyan a abordar
las tensiones inflacionistas apoyadas en potentes
medidas de política pública, sin volver a presionar de
manera exclusiva sobre los salarios.
El Gobierno tiene que ser consciente de que la
ralentización del crecimiento económico que se ha
observado en el primer trimestre tiene que ver, ante
todo, con el deterioro del consumo de las familias.
Siendo esto así, ante el bloqueo de la negociación
colectiva los sindicatos hemos impulsado una campaña de
movilización que está cristalizando en importantes
acuerdos en muchos convenios. Pero esta estrategia
sindical tiene que verse acompañada con medidas fiscales
que vayan más allá de las referidas a las empresas
energéticas, por ejemplo modificando el impuesto de
sociedades y garantizando una recaudación suficiente
para hacer políticas sociales derivando excedentes y
beneficios empresariales a las rentas de la mayoría
social.
En definitiva, se deben implantar medidas de apoyo a la
equidad fiscal en nuestro país para abordar las
transformaciones que necesitamos y mantener medidas de
protección y escudo social que, como hemos comprobado
una y otra vez en los últimos años, son imprescindibles. |
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