• España se convierte en el primer país
que pide públicamente a la Unión Europea que abandone el
Tratado de la Carta de la Energía (TCE) por la amenaza
que supone para las políticas climáticas.
• El anuncio se ha efectuado en la recta final
del proceso de modernización del Tratado, que culmina el
viernes 24 de junio en Bruselas.
• La lucha de la campaña estatal No a los
Tratados de Comercio e Inversión y las principales
organizaciones ambientales (Amigos de la Tierra,
Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF)
ha sido clave a la hora de visibilizar los peligros del
Tratado y apostar por la salida.
• La sociedad civil celebra este paso necesario para el
abandono de los combustibles fósiles y espera acciones
inmediatas en la semana decisiva para el futuro de este
Tratado.
Ayer, martes 21 de junio de 2022, la Vicepresidenta
segunda del Gobierno para la Transición Energética y
Reto Demográfico, Teresa Ribera, pidió de forma pública,
y por primera vez, que la Unión Europea (UE) abandone
conjuntamente el Tratado de la Carta de la Energía (TCE),
un acuerdo cada vez más controvertido del que España
forma parte junto a otros 52 países de Europa y Asia. Lo
comunicó Politico ayer por la tarde.
Esta petición se ha producido a tan solo tres días de
que los países signatarios se reúnan en una Conferencia
extraordinaria en Bruselas. Un encuentro que pretende
ser el broche final del proceso de modernización del
Tratado, iniciado hace más de cuatro años con el
supuesto objetivo de alinearlo con el Acuerdo de París.
Este viernes 24 de junio, la Secretaría del TCE y otros
países signatarios buscan alcanzar un “acuerdo
modernizado”. Pero el anuncio de Teresa Ribera podría
truncar estos planes e influenciar a otros países de la
UE como Francia, Alemania, Polonia o Grecia a que sigan
sus pasos, inclinando la balanza definitivamente a favor
de la salida.
La Ministra ha expresado claramente que “después de 14
rondas de negociaciones sin avances sustanciales, está
claro que el proceso de modernización no garantizará la
alineación del TCE con el Acuerdo de París y los
objetivos del Pacto Verde Europeo" y que "en un momento
en el que acelerar una transición energética limpia es
más urgente que nunca, es hora de que la UE y sus
Estados miembro inicien una retirada coordinada del TCE".
Esta es una demanda que las organizaciones de la campaña
estatal No a los Tratados de Comercio e Inversión junto
con las principales organizaciones ecologistas -Amigos
de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife
y WWF- llevan más de dos años pidiendo. Apuntan que, en
el mejor de los casos, las inversiones existentes en
combustibles fósiles seguirán protegidas hasta 2030 e
incluso hasta 2040, en el caso de algunas
infraestructuras gasistas.
“Esta propuesta es absolutamente inaceptable porque
compromete el futuro del clima a nivel global”, ha
calificado Clàudia Custodio, portavoz de
Ecologistas en Acción. “Como por fin ha reconocido la
Ministra, la salida es el único camino y esperamos que
este viernes la Comisión sea consecuente y actúe a favor
de la ciudadanía y no de los intereses fósiles”, ha
añadido. La Comisión, que dirige las conversaciones
sobre el acuerdo, tendrá que dejar clara la posición de
Europa antes del fin de semana.
Por otro lado, el mismo día de la declaración de la
Ministra, cinco jóvenes víctimas de desastres climáticos
de distintas partes del mundo han demandado a 12 países
europeos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
Aluden que el TCE obstaculiza la acción climática y
compromete su futuro. Los países en cuestión son
Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Francia, Alemania,
Grecia, Luxemburgo, Países Bajos, Suecia, Suiza y el
Reino Unido.
Hasta la fecha, existen 145 demandas conocidas contra
los países miembro del TCE, muchas de ellas a raíz de
medidas que los gobiernos han impulsado para favorecer
la transición energética. Concretamente, solo cinco
compañías energéticas (Rockhopper, Ascent Resources, RWE,
Uniper, y Prairie Mining) están reclamando 4.000
millones de euros a cuatro países (Italia, Eslovenia,
Países Bajos y Rumanía) por sus medidas de
descarbonización.
Por su parte, España es el país más demandado debido a
los recortes a los subsidios de energías renovables
entre 2009 y 2011, y acumula 53 demandas y una cantidad
reclamada de más de 10.000 millones de euros.
Ecologistas en Acción advierte que, en un momento en el
que el despliegue de las renovables está causando graves
impactos ambientales y sociales por su falta de
planificación, “legislar para que se realice de forma
adecuada, planificada y zonificada será muy complicado
bajo el TCE”.
Marta García Pallarés, portavoz de Ecologistas en
Acción y miembro de la campaña contra el Tratado de la
Carta de la Energía, ha apuntado: "Hasta ahora ningún
país se había atrevido a dar un paso en esta dirección.
Celebramos el anuncio de la Ministra ya que puede ser el
inicio del fin de un tratado obsoleto que se ha vuelto
un lastre para las políticas climáticas, el bienestar de
la ciudadanía y las arcas públicas”. |
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