• CCOO, UGT Y CSIF advierten de las
erráticas y desacertadas decisiones de los gestores
policiales. Las más de 2.500 plazas vacantes aseguran un
verano difícil para la ciudadanía.
• UGT, CSIF y CCOO advierten de que las oficinas de
documentación de personas españolas vuelven a estar al
borde del colapso debido a la incapacidad de la
Dirección General de la Policía para asumir, desde su
organización, el aumento de la demanda ciudadana que
tradicionalmente se produce durante el período estival.
Los sindicatos exigen que se cubran los casi 2.500
puestos vacantes de personal no policial, que se mejoren
sus condiciones laborales y se les dote de los medios
técnicos adecuados, de manera que se pueda prestar el
servicio público con la calidad que merece la
ciudadanía. “El resto no son más que irresponsabilidades
derivadas del abandono que sufren estas dependencias y
de las erráticas decisiones tomadas por los mandos
policiales en materia de gestión”, comentan.
Las organizaciones sindicales denuncian que, tras dos
años de haber sufrido la crisis sanitaria producida por
la covid 19 -en los que se ha empobrecido la calidad del
servicio público y las condiciones de trabajo de las
empleadas y los empleados públicos-, los responsables
del organismo han continuado con una nefasta política de
racionalización y gestión en materia de recursos humanos
que abocan al colapso de las oficinas de documentación
de personas españolas. Todo ello se está traduciendo en
una progresiva pérdida de personal que ya supone que el
organismo cuente con casi un 50% de puestos vacantes de
personal no policial, plantilla a la que se encomiendan
las tareas administrativas y de expedición dentro de la
DGP.
Según los sindicatos, estamos ante un escenario
desalentador para la ciudadanía, en la época de mayor
demanda del año y con una parte de las casi 300 oficinas
de expedición de documentación al límite de llegar a la
situación técnica de «saturación» en el sistema de citas
previas. Una situación que se repite en los grandes
núcleos de población situados en Madrid, Euskadi, casi
toda Andalucía, Catalunya, y una larga lista de
provincias en las que empieza a otearse el umbral de los
dos meses para solicitar cita, con un rastro de colapso
en el servicio que comienza a extenderse a las zonas
habituales de vacaciones en la costa o el interior de
todo el territorio nacional.
La decisión de la Dirección General de la Policía de
cubrir los puestos de expedición vacantes con agentes
del Cuerpo Nacional de Policía, a quienes para ejercer
esta labor se les detrae de tareas de seguridad
ciudadana, no parece que estén dando los resultados
esperados por los gestores del organismo. A este
refuerzo con personal policial de carrera, se ha unido
el paso de las nuevas promociones de policías en
prácticas que han estado prestando servicio de manera
rotatoria por estas oficinas sin que, por un lado,
completen su necesaria formación policial, ni, por otro,
sea una medida que haya contribuido a agilizar el
servicio en estos centros de trabajo, a la luz de los
resultados.
Los representantes de los trabajadores y trabajadoras
señalan que la cobertura de puestos administrativos por
parte de agentes del CNP conlleva un sobrecoste de más
de 140 millones de euros anuales para las cuentas
públicas respecto de lo que supondría cubrir dichas
plazas con personal de Cuerpos Generales de la
Administración General del Estado y Personal Laboral.
“De esta forma se juega con el dinero de toda la
ciudadanía mientras se empobrece la calidad del empleo y
el servicio público”, reseñan las centrales sindicales.
Los gestores de la DGP parecen no saber que para cubrir
una situación como la que se está produciendo en las
oficinas del DNI existe la figura del funcionario
interino. “Eso es lo que se hubiera hecho si contásemos
con un Técnico de la Administración del Estado al
frente de la gestión de los recursos humanos en la DGP: plantear
hace meses un nombramiento de funcionarios interinos
para cubrir puestos en el DNI, hasta la incorporación
de más trabajadores y trabajadoras a través de los
distintos mecanismos de provisión de puestos de trabajo
o la convocatoria de una oferta de empleo público
adecuada para cubrir la enorme cantidad de vacantes
existentes en nuestras dependencias”, advierten desde
CCOO, UGT y CSIF.
Especialmente preocupante es la situación de
determinados territorios, como Catalunya, Navarra,
Comunidad Valenciana, y las provincias de Sevilla y
Málaga, donde la mayoría de los equipos de expedición
tienen las citas a 2 meses vista (fecha tope de la cita
previa), y solo pueden ser cogidas las del día que se
abre.
Otro número significativo de provincias tienen la cita
previa entre 40 y 50 días, mientras que, salvo contadas
provincias cuya cita está a pocos días vista, para el
resto hay que esperar una media de 30 días. Se estima
que esta situación empeorará cuando empiece el período
vacacional en la educación Primaria y Secundaria.
El incremento de citas por hora, la ampliación del
horario de apertura de alguna de las oficinas y la
posible apertura del sistema a tres meses vista solo
sirven para degradar la calidad del servicio público y
añadir presión al personal que lo presta. La ciudadanía,
así como las empleadas y los empleados públicos llevan
más de dos años soportando una merma constante de sus
derechos por parte de la Dirección General de la Policía
y del Gobierno.
Los sindicatos no consideran suficiente que el
Ministerio del Interior y la DGP firmen acuerdos para no
cumplirlos, como sucede con el compromiso de dichos
responsables para solicitar la cobertura de puestos
dentro del contexto de este creciente número de vacantes
en el organismo, y que está suponiendo el deterioro del
servicio público que se presta en estas oficinas. “El
resto no son más que irresponsabilidades derivadas del
abandono que sufren estas dependencias y de las
erráticas decisiones tomadas por los mandos policiales
en materia de gestión”, destacan. “Prueba de ello es que
tanto DNI como tarjetas de personas extranjeras son
documentos de renovación cíclica y, por tanto,
fácilmente encuadrables en un plan de previsión que sea
capaz de absorber la demanda de la cita previa”,
continúan planteando estas organizaciones sindicales.
Por último, desde CSIF, CCOO y UGT alertan de que los
trámites de documentación de personas españolas y
extranjeras que tienen encomendados en la DGP marcan la
vida administrativa de la ciudadanía, porque es obligado
para los ciudadanos y ciudadanas mantener dichos
documentos en vigor para realizar todo tipo de gestión
de carácter público con la Administración, así como
cualquier otro de carácter privado. “De continuar con la
línea de gestión descrita, la ciudadanía y la plantilla
pagarán las consecuencias de esta tormenta perfecta que
están generando desde los mandos de la Dirección
General.”, concluyen. |
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