• Para Greenpeace este paso es un éxito
porque abre la puerta a que el Tribunal Supremo estime
el recurso, lo que sería un avance para acabar con la
falta de transparencia en el comercio de armas.
• Greenpeace inició el proceso judicial tras la
denegación por parte de la Secretaría de Estado de
Comercio de la información referente a la exportación de
munición de artillería a Arabia Saudí.
• Tanto la Ley española de exportación de material
bélico como la normativa europea e internacional
prohíben la exportación de armas a países que puedan
usarlas para cometer violaciones de derechos humanos.
• El TS expone la conveniencia de aclarar los efectos de
la calificación como secretos de determinados documentos
en relación con el derecho constitucional de acceso a la
información y la Ley de transparencia.
El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso de
casación interpuesto por Greenpeace en el litigio que
mantiene contra el Gobierno de España por falta de
transparencia en el comercio de armas y munición de
artillería al régimen de Arabia Saudí.
La ONG inició un proceso judicial tras la denegación por
parte de la Secretaría de Estado de Comercio de la
información solicitada, referente a las licencias de
exportación y actas en las que se autoriza la
exportación de munición de artillería, fabricada por la
empresa Expal Systems, a Arabia Saudí. La demanda de
Greenpeace se basa en el hecho de que tanto la Ley
española de exportación de material bélico, como la
normativa europea e internacional, prohíben la
exportación de armas a países que pudieran utilizarlas
para cometer violaciones de derechos humanos, como es el
caso de Arabia Saudí, que lidera una coalición de países
que lleva varios años sometiendo a Yemen a un durísimo
ataque, asesinando a miles de civiles. Pero el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid confirmó la decisión de
la Administración, basándose en que las actas de la
Junta Interministerial para el Comercio y Control del
Material de Defensa y Tecnologías de Doble Uso (JIMDDU)
-organismo que autoriza estas exportaciones- son
secretas, con base en la preconstitucional Ley de
Secretos Oficiales.
El Tribunal Supremo expone en su Auto la conveniencia de
aclarar los efectos de la calificación de secretos de
determinados documentos en relación con el derecho
constitucional de acceso a la información, y si tal
calificación exime a la Administración de justificar la
aplicación de los límites de que se trate, establecidos
en la Ley de transparencia.
"La admisión a trámite de este recurso es muy importante
porque abre la puerta a que el Tribunal Supremo lo
estime, acabando así con el problema de baja calidad
democrática que tenemos en España. Hasta la fecha, basta
con que el Gobierno declare que una materia es
clasificada y secreta para que se excepcione toda la
normativa sobre transparencia y acceso a la información,
y esta falta de control democrático genera una situación
de absoluta impunidad para el Gobierno, que puede
cometer actos ilegales, como creemos que está ocurriendo
con la venta de armas a Arabia Saudí, sin que se le
pueda fiscalizar", afirma Lorena Ruiz-Huerta, abogada de
Greenpeace.
Tras la reforma del año 2015 del recurso de casación, el
Tribunal Supremo sólo admite a trámite para su examen y
posterior resolución aquellos recursos que demuestren
tener interés casacional objetivo para la formación de
jurisprudencia. En el presente caso, el Tribunal admite
que existen dos aspectos del recurso interpuesto por
Greenpeace que presentan interés casacional: la
necesidad de aclarar si el artículo 16 de la Ley
53/2007, sobre el comercio exterior de armas, contiene
un régimen específico del derecho de acceso a la
información en este ámbito, que opera por encima del
establecido con carácter general en la Ley de
Transparencia; y el ya mencionado relativo a la
necesidad de aclarar si la Ley de Secretos Oficiales
opera como límite absoluto a la necesidad de que la
Administración justifique los límites impuestos al
ejercicio de un derecho constitucional, como es el de
acceso a la información.
Este procedimiento judicial trae su causa de la
investigación llevada a cabo por Greenpeace junto con
elDiario.es, y varios investigadores independientes,
publicada en agosto de 2020, cuyos hallazgos ponen en
entredicho la legalidad de las autorizaciones concedidas
por la JIMDDU, ya que demuestran el despliegue de armas
españolas en la conflictiva frontera saudí-yemení, en la
que de forma sistemática se realizan ataques con
artillería que alcanzan a la población civil. |
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