• El sindicato considera que el volumen
planteado queda muy por debajo de las necesidades reales
del servicio público y que no se establecen métodos
capaces de dar la respuesta de urgencia que se requiere
en la Administración General del Estado. Alerta de que
los leves incrementos de 2018 y 2019 no han frenado la
destrucción de empleo público, que supera los 60.000
puestos en diez años.
CCOO exige al Gobierno un mayor esfuerzo en el número de
plazas a publicar en la Oferta de Empleo Público para
2022 en la Administración General del Estado, y alerta
de que el actual ritmo de pérdida de plantilla, más de
60.000 puestos entre 2011 y 2021, pone en grave riesgo
la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía.
Califica de decepcionante la propuesta presentada, ya
que no responde a las necesidades de los organismos y no
permite superar las deficiencias en la gestión de las
convocatorias desde 2019.
En lo que se refiere al volumen de empleo planteado, la
cifra es inferior a la comprometida en el pasado
ejercicio, cuando se alcanzaron las 12.578 plazas
teniendo en cuenta la oferta ordinaria y la
extraordinaria dirigida al SEPE. Situación que se repite
en lo que afecta a la promoción interna, donde se
proponen mil puestos menos. Unos datos que contrastan
con el análisis del sindicato, que cifraba las
necesidades del ingreso libre en un mínimo de 14.800
puestos y la promoción interna en 10.500 plazas.
No se debe olvidar que todo ello se produce en un marco
en donde la tasa de reposición, impuesta desde la Ley de
Presupuestos y sin negociación alguna, mejora en un 10 %
con carácter general y un 20 % para los ámbitos
prioritarios, y donde la pérdida de empleo durante el
año 2021 crece más de un 7 % en relación con la de 2020.
El sindicato señala la necesidad de recurrir a sistemas
que permitan realizar un diagnóstico y cubrir las
necesidades reales de servicio público a la ciudadanía.
En este sentido, recuerda las constantes demandas de
aumento de la atención presencial en las oficinas de la
Administración del Estado. Lamenta, además, los más de
tres años de retraso en la incorporación del personal
desde la aprobación de las Ofertas de Empleo, y el
elevado número de vacantes resultante.
CCOO exige que la Oferta de Empleo de 2022 conlleve tres
elementos esenciales: identificación de las necesidades
más acuciantes, cuantificación de dichas necesidades y
autorización para la incorporación inmediata a los
mismos del personal que se establezca. Rechaza, además,
la continuidad en el vaciado de los grupos que se
dedican a la atención directa al público.
Como alternativa, el sindicato propone la concreción de
Ofertas de Empleo extraordinarias para aquellos
servicios públicos que tienen necesidades excepcionales
y que no se pueden solucionar con la mera llegada de
efectivos de la OEP general, ofertas extraordinarias que
deberían incorporar el compromiso de cobertura
inmediata.
Respecto a la promoción interna, CCOO rechaza una
reducción de prácticamente el 12 % sobre lo recogido en
el Real Decreto de Oferta de Empleo del pasado año, que
el Gobierno justifica en la falta de interés por parte
de la plantilla. Un argumento que no comparte el
sindicato, que considera que sería necesario analizar
las causas y los nichos en donde se plantea esa
promoción, para lo que comprometió un grupo de trabajo
específico ya en 2019.
Finalmente, lamenta las prisas de última hora en los
procesos de estabilización pendientes, cuando queda
menos de un mes para que se cumpla el plazo determinado
en la Ley 20/2021, y sobre los que la propia
Administración reconoce carecer de una información veraz
sobre el volumen de empleo afectado. CCOO exige un
esfuerzo por identificar y certificar todos los puestos
ocupados superando el período establecido legalmente, de
manera que se termine definitivamente con el empleo
precario en la Administración General del Estado, y que
afecta principalmente a ámbitos como investigación,
cultura, sanidad o inspección.
El sindicato recuerda, además, la necesidad de dotar de
soluciones a los puestos convocados y no cubiertos.
Insiste en la necesidad de hacer atractiva la
Administración, a través de un incremento retributivo
que consolide el poder adquisitivo, el desarrollo de la
carrera profesional y la promoción interna o la garantía
de los derechos laborales. |
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