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• Ecologistas en Acción y la campaña No a
los Tratados de Comercio e Inversión han realizado una
performance ante el Ministerio de Asuntos Exteriores en
Madrid para pedir al Gobierno español que rechace el
Acuerdo comercial UE-Mercosur.
• El objetivo es visibilizar la falta de coherencia
entre las políticas impulsadas por el Gobierno, ya que
el Acuerdo UE-Mercosur es contrario al Acuerdo de París
y al respeto de los derechos humanos.
Música, arte fotográfico y voces desde la Amazonía
brasileña. Con estos tres elementos, Ecologistas en
Acción y la campaña No a los Tratados de Comercio e
Inversión han realizado una concentración ante el
Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid para pedirle
al Gobierno de España que no ratifique el Acuerdo
comercial entre la UE y los países de Mercosur (Brasil,
Uruguay, Paraguay y Argentina). A pesar de las críticas
por parte de diferentes países como Austria o Francia,
el Gobierno español lidera la entrada en vigor del
Acuerdo comercial, que ha calificado como el “mejor plan
de recuperación pos-COVID”.
Momento de la performance - Foto: EcolenAcción/2021
La concentración ha hecho un recorrido por los
diferentes “rostros” (o ejes) que se verán más afectados
por la entrada en vigor de este acuerdo comercial: los
derechos humanos y los pueblos originarios, el cambio
climático, la deforestación y la pérdida de
biodiversidad, y la soberanía alimentaria y el mundo
rural. Vestidas de negro y al ritmo de los sonidos de la
Amazonía, las activistas han leído un manifiesto que
denuncia el apoyo y la connivencia del Gobierno español
con un acuerdo comercial que vulnera los derechos
humanos y promueve aún más el cambio climático. La
acción se ha cerrado bajo el lema ‘Stop UE-Mercosur’.
El objetivo de la concentración y representación ha sido
la falta de coherencia entre las políticas del Gobierno
que, por un lado, promueve una Ley de Cambio Climático y
Transición Energética, mientras por otro lidera en
Europa la ratificación de un acuerdo comercial que
promueve, aún más, las emisiones de gases de efecto
invernadero, la deforestación y la violación de derechos
humanos y de los pueblos originarios.
Uno de los objetivos principales de este acuerdo
comercial es la bajada, total o parcial, de los
aranceles de un gran número de productos que se
comercializan entre ambos bloques. Por su parte, la
industria automovilística y química europea serían las
grandes beneficiadas de la entrada en vigor del Acuerdo.
Para esta última, se prevé un aumento significativo en
la exportación de pesticidas a los países del Mercosur
para su aplicación en monocultivos. Pesticidas cuyo uso
está prohibido en Europa y que además volverían al
mercado europeo a través de la importación de alimentos
procedentes del Mercosur
Por otro lado, los países del Mercosur aumentarán el
volumen de exportación de materias primas al continente
europeo, como soja destinada a la elaboración de piensos
para alimentar al ganado en las macro granjas, caña de
azúcar y etanol para la fabricación de biocombustibles o
carne de res congelada para consumo humano.
Todos estos productos están estrechamente vinculados a
la deforestación de ecosistemas clave como la Amazonía o
el Pantanal. De hecho, según un estudio de impacto
independiente encargado por el Gobierno de Francia, la
entrada en vigor del Acuerdo incrementará la
deforestación de bosques, como la Amazonía, al menos en
un 5 % al año.
El impulso del Acuerdo, además, muestra una preocupante
connivencia de España con el Gobierno de Jair Bolsonaro,
que desde su llegada a la presidencia brasileña ha
amenazado, de manera recurrente, con abandonar el
Acuerdo de París sobre el clima y ha propuesto leyes que
permiten la entrada de la minería, la agroindustria, las
hidroeléctricas y el turismo en las reservas indígenas
de la Amazonía. De hecho, entre 2019 y 2020 han
desaparecido 11088 km2 del Amazonas, una superficie
equivalente a la extensión de Jamaica. Los pueblos
originarios y las comunidades campesinas sufren las
consecuencias más directas de la flexibilización
ambiental promovida por la administración de Bolsonaro.
En 2019, las ocupaciones de tierras indígenas en Brasil
se incrementaron un 135% y 18 personas fueron asesinadas
por conflictos territoriales.
Las resistencias al Acuerdo UE-Mercosur continúan
creciendo a ambos lados del Atlántico. El pasado 15 de
marzo más de 450 organizaciones lanzaron una declaración
conjunta para exigir a los gobiernos que detengan el
acuerdo comercial. Una de las denuncias centrales de la
coalición es que mientras la parte comercial del Acuerdo
es estrictamente vinculante, las cláusulas relativas al
medio ambiente y al clima o al cumplimiento de los
derechos humanos están en manos de la voluntad de los
países, no existen mecanismos efectivos para sancionar a
los Estados en caso de violar alguno de sus compromisos.
Otra de las denuncias relativas al Acuerdo es la falta
de transparencia, ya que hasta la fecha no se han hecho
públicos los anexos más relevantes sobre su contenido.
El pasado 19 de marzo la defensora del Pueblo Europeo
reconocía, tras haber realizado una investigación, que
la aprobación del Acuerdo se había acelerado en julio de
2019, tras 20 años de negociaciones, sin un estudio de
sostenibilidad previo, en lo relativo a su impacto
económico, ambiental y en materia de derechos humanos.
Algo que puede minar el debate en los parlamentos
nacionales.
Izaskun Aroca Sánchez, portavoz de la campaña No a los
TCI de Ecologistas en Acción: “La acción de hoy
demuestra que cada vez somos más personas en ambos lados
del Atlántico luchando para detener este acuerdo y
trabajando para lograr un futuro mejor. Este Acuerdo de
la UE con Mercosur forma parte de un modelo comercial
que ha fracasado y el Gobierno español no puede dar la
espalda a esta realidad. No puede legitimar las
violaciones de derechos humanos y dinamitar las
políticas de acción climática”. |
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