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Rosa Pérez Garijo y Juan Cruz
Foto: CCOO-PV/2021
Fuente: Comisiones Obreras (CCOO-País Valencià)
Valencia 18
de marzo de 2021

JUAN CRUZ Y ROSA PÉREZ GARIJO COMPARTEN LA URGENCIA DE REGLAMENTAR LAS CLÁUSULAS SOCIALES Y LA SUBROGACIÓN EMPRESARIAL

 

• El secretario general de CCOO PV y la consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática han abordado en una reunión, mantenida esta mañana, la situación en la que se encuentra el Reglamento de la Ley de fomento de la responsabilidad social empresarial, que ha sido impugnado por la CEV.

Rosa Pérez Garijo ha informado a Juan Cruz de que el Reglamento ya ha pasado por todas las consellerias, que han trasladado sus alegaciones a Participación. La consellera ha comunicado que el Reglamento incorporará la subrogación empresarial porque eso es lo que marca la Ley. Posteriormente, ha de pasar el trámite de la Abogacía de la Generalitat y del Consell Jurídic Consultiu.

Por su parte, Juan Cruz ha manifestado que “el sindicato entendía que con la aprobación de la Ley la subrogación estaba garantizada, pero en la práctica, todos los concursos públicos que han ido cerrando las diferentes administraciones, no han tenido en cuenta esa consideración. Solo se ha incorporado la obligación en el caso de que estuviera ya recogido por el convenio colectivo”. Por tanto, para Cruz, el Reglamento tiene que ser muy claro para que no haya ninguna duda en su interpretación y desarrolle la voluntad de la Ley, “que no es otra que garantizar la estabilidad y la calidad del empleo a las plantillas de las empresas privadas que prestan servicios para las administraciones públicas”.

CCOO PV ha lamentado la demora en la reglamentación de una Ley aprobada hace ya más de dos años. Un desarrollo que también ha estado condicionado por la demanda interpuesta por la CEV ante la Conselleria, por la constitución que contempla del Consejo Valenciano de Responsabilidad Social, al considerar que tenía derecho a los seis miembros que corresponden a la parte empresarial. Esta norma alcanza a un número importante de trabajadoras y trabajadores, ya que incluye toda la contratación pública de la Generalitat, diputaciones, Administración local, universidades y entidades del Sector Público Valenciano vinculadas o dependientes.

 

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