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• En la reunión mantenida hoy jueves 11
de marzo, Francisco García, representante del Área
Pública del sindicato, ha vuelto a trasladar al
Ministerio sus prioridades para un nuevo acuerdo de las
empleadas y de los empleados públicos.
Desde que comenzó la legislatura, el Área Pública de
CCOO ha expresado claramente sus prioridades al
Ejecutivo. En la reunión mantenida hoy con el titular
del Ministerio de Política Territorial y Función
Pública, Miquel Iceta, lo ha vuelto a reiterar con el
fin de iniciar una negociación real que concluya en un
nuevo acuerdo que priorice los servicios públicos, la
mejora del empleo, las retribuciones y el resto de
condiciones de trabajo de las empleadas y de los
empleados públicos, temas pendientes y de gran urgencia.
EL ÁREA PÚBLICA DE CCOO HA PLANTEADO:
- Cumplimiento íntegro de los I y II Acuerdos. No solo
deben ser obligatorio para el Ministerio, sino para el
conjunto de las administraciones públicas, principales
responsables de los incumplimientos. De las plazas de
estabilización aprobadas desde 2017, solo el 63,8% se
han convocado y únicamente el 17,9% han completado su
ejecución. Si sumamos las plazas de reposición y vemos
el total, el porcentaje de plazas convocadas es del
34,94% y el de las terminadas de ejecutar el 15,57%. A
esto habría que añadir las plazas necesarias que nunca
se llegaron a aprobar. El porcentaje de temporalidad en
los sectores públicos estaba ya, antes de la pandemia,
por encima del 24%, y esta cifra se ha visto
incrementada en gran medida por la situación de
emergencia.
- Eliminación de la limitación que supone la tasa de
reposición de efectivos para realizar estos aumentos de
recursos y estabilizar las plantillas.
- Acabar, dentro de los marcos normativos establecidos,
con la lacra que supone la alta tasa de temporalidad,
pero con la mayor seguridad jurídica que no frustre
nuevamente la solución real en materia de estabilización
en el empleo.
- Realizar las modificaciones necesarias en el Estatuto
Básico del Empleado Público y el Estatuto Marco, para
realizar la transposición de la Directiva comunitaria
70/1999/CE; por un lado en lo relativo a la cláusula 4ª
de no discriminación entre personal fijo y temporal
respecto a las condiciones de trabajo; y, por otro lado,
en relación a la cláusula 5ª, estableciendo las medidas
disuasorias que eviten el fraude o abuso en la
contratación. Para ello resulta necesario causalizar la
contratación, determinar un régimen sancionador a las
AAPP que incumplan e implantar medidas que repercutan de
forma inmediata y obligacional para eliminar la
precariedad laboral, reducir la temporalidad y rebajarla
al 8%, asumiendo así los compromisos recogidos en los
acuerdos con los sindicatos y con Europa.
- Incrementar las plantillas allí donde sea necesario o
se hayan detectado graves deficiencias, especialmente en
los sectores esenciales.
- Reconvertir las plazas “virtuales” procedentes de
programas, acumulación de tareas y obras y servicios,
que han resultado ser estructurales para reducir la
precariedad y temporalidad, en estos casos en claro
fraude de ley.
- Acometer planes de empleo que prevean el
rejuvenecimiento de las plantillas ante su
envejecimiento y la correspondiente formación y
cualificación a través de los institutos de formación de
la Administración General del Estado y de las CC. AA.
- Seguir avanzando en la recuperación del poder
adquisitivo perdido y garantizarlo a través de la
negociación colectiva.
- Implantar de forma efectiva la jornada laboral de 35
horas semanales en el conjunto del sector público
durante la vigencia del acuerdo. Desvincular esta
cuestión del cumplimiento del objetivo de déficit, deuda
y regla de gasto.
- Desarrollar el art. 76 del TREBEP relativa a la
clasificación y carrera profesional: culminación de la
Disposición Transitoria Tercera del EBEP, adaptar
nuestro modelo de clasificación profesional al modelo
europeo.
- Impulsar el desarrollo del TREBEP, Ley AGE o Leyes de
CC. AA., en las materias aún pendientes, procesos de
provisión de puestos de trabajo, promoción interna,
procesos selectivos, cualificación y carrera
profesional, evaluación del desempeño, movilidad
interadministrativa, entre otros.
- Implantar la jubilación anticipada parcial y la
interinidad a jornada parcial.
- Derogar los recortes producidos como consecuencia del
RDL 20/2012.
- Revertir privatizaciones y externalizaciones.
- Garantía para el personal ante la Internalización de
Servicios Públicos.
- Cumplimiento de los acuerdos en la AGE.
- Abrir y garantizar espacio de interlocución en el
Sector Público Empresarial y para las corporaciones
locales.
- La estatutarización del personal de investigación
biomédica.
- Derogación de la LRSAL (Ley Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local).
- Negociación de planes de igualdad y protocolos de
acoso en el plazo de un año.
- Participación y seguimiento de los procesos de
digitalización en las Administraciones Públicas con las
organizaciones sindicales.
- Mejora de la formación y cualificación de las
empleadas y de los empleados públicos.
- Mejora y perfeccionamiento en materia de salud laboral
y prevención de riesgos laborales.
- Clases pasivas: incremento sustancial de haberes
reguladores de los grupos del A2 al E, para evitar que
se siga deteriorando la calidad de las pensiones de
clases pasivas.
- Acometer la negociación del RDL 36/2020, de medidas
urgentes para la modernización y para la ejecución del
plan de recuperación, transformación y resiliencia.
En el contexto actual es más importante que nunca la
interlocución fluida, el diálogo social y el compromiso
del Gobierno con la mejora de los servicios públicos y
con sus trabajadoras y trabajadores.
Es imprescindible esta apuesta nítida por la defensa y
garantía del sector público y el aumento del gasto que
permita inversiones en plantillas, logística e
infraestructuras, cohesión social y territorial,
inversión I+D+i, digitalización, formación y
cualificación. |
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