• La Cumbre Social Estatal celebró el 18
de febrero una jornada virtual a la que asistieron unas
ochenta personas, y en la que conocidas figuras del
ámbito sanitario y social analizaron la situación de la
sanidad pública en España tras casi un año de la
declaración de la pandemia por parte de la OMS.
• Resulta difícil encontrar nuevos calificativos para
describir las cifras de la pandemia con 110 millones de
casos en el mundo a 19 de febrero y un número de muertos
de 2.441.917 personas, alcanzando en España la cifra de
64.217 muertes.
La sanidad pública española ya estaba debilitada antes
de la pandemia como consecuencia de los recortes que
situaron el gasto público sanitario en mínimos
históricos, y tiene que seguir afrontando grandes retos.
El primero consiste en recuperar los recursos perdidos
durante estos años y equiparar el gasto público
sanitario a la media europea, que se sitúa en 2.292
euros por habitante y año, frente a los 1.568 de España.
Existen, además, grandes diferencias territoriales que
dificultan el acceso a las mismas prestaciones en
cantidad y calidad.
Deben abordarse también, de forma urgente, otros retos
como la escasa dotación de personal, los contagios de
profesionales (más de 118.000, que suponen el 20%), la
falta de prevención, la coordinación sociosanitaria, la
extensión de la vacunación, o la provisión pública
directa de los servicios frente a un modelo privatizador
muy extendido.
Además, deben incrementarse las camas hospitalarias,
reducirse las listas de espera, crear un fondo de
reserva de material sanitario, favorecer la
investigación, contener la emergencia climática o
establecer un sistema mundial de gobernanza de la salud.
Por su parte, la atención primaria ha estado
especialmente castigada con un peso cada vez menor en
los presupuestos sanitarios. Durante la pandemia se han
agravado las demoras en las citas, cerrado centros y
apenas hay atención presencial. Resulta urgente
reforzarla para que pueda llevar a cabo el diagnóstico y
tratamiento de personas con COVID, sin dejar de atender
a pacientes con otras patologías.
Para hacer frente a la campaña de vacunación, la
atención primaria se debe dotar con los recursos
suficientes para administrar 300.000 dosis al día.
También ha confirmado la falta de profesionales y la
excesiva temporalidad de sus contratos. Es necesario
incrementar las plantillas en 62.045 efectivos y reducir
una tasa de temporalidad que afecta al 36%.
Durante la jornada también se habló del derecho a la
vacunación y las dificultades que presenta un proceso
marcado por el excesivo poder de la industria
farmacéutica, que aprovecha su posición a la hora de
fijar los precios de fármacos y vacunas.
Además, en el caso de la vacuna del COVID, las
tecnologías que se han aplicado en su desarrollo han
sido financiadas con dinero público. En los últimos 11
meses los gobiernos han puesto más de 20.000 millones de
euros en todo el mundo para acelerar la investigación.
En tanto se avanza en un cambio de modelo global, en el
momento presente de la pandemia, la UE y sus Estados
miembros deben obligar a las empresas a liberar las
patentes y transferir/compartir la tecnología para que
las vacunas se puedan fabricar en todas las plantas
acreditadas y vender a precio de coste. Es necesaria una
movilización social fuerte para presionar en este
sentido, tal como se está haciendo a través de la
Iniciativa Ciudadana Europea Right2Cure https://noprofitonpandemic.eu/
(página externa a este diario), a la que se suscribirá
la Cumbre Social Estatal.
Durante la jornada tampoco ha pasado desapercibido el
hecho de que la pandemia no afecta a todos los grupos
por igual. Es el caso de las mujeres, que realizan
mayoritariamente el trabajo sanitario, los servicios
esenciales, los cuidados, el empleo doméstico, y que
además han sufrido el incremento de las situaciones de
violencia de género.
Las personas migrantes, refugiadas y desplazadas que han
visto agravadas sus situaciones de precariedad laboral,
desempleo y extrema pobreza, como así también las
personas jóvenes. Las personas mayores, por su parte,
están padeciendo el distanciamiento social, el
aislamiento, la soledad y la muerte (han fallecido
durante la pandemia 27.654).
La dependencia y las enfermedades crónicas suponen mayor
vulnerabilidad con la actual política de patentes y la
insuficiencia de recursos: 700 personas mueren al año de
VIH-SIDA, que se podrían salvar con diagnóstico precoz y
acceso a tratamientos. Durante la pandemia, el 20% de
las personas enfermas de cáncer no han sido
diagnosticadas y el 25% de los pacientes con diálisis
han muerto.
Finalmente se ha señalado que revertir esta situación
requiere de la participación ciudadana, y en este
sentido la Cumbre Social Estatal, reclama el papel de
los órganos de participación del sistema de salud, que
durante la pandemia no han sido convocados. |
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