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Justicia
Foto: Pixabay/2021
Fuente: Comisiones Obreras (CCOO)
Valencia 15
de febrero de 2021

EL TRIBUNAL SUPREMO ADMITE A TRÁMITE EL RECURSO CCOO CONTRA EL III PLAN DE IGUALDAD DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

 

• El sindicato no suscribió el acuerdo por entender que no se trataba de un auténtico plan de igualdad, en los términos recogidos en la Ley de Igualdad, y lamenta la falta de negociación, objetividad, transparencia y compromiso del Gobierno.

El recurso de CCOO contra el III Plan de Igualdad de Género en la Administración General del Estado (AGE), aprobado por el Gobierno el pasado 9 de diciembre, ha sido admitido a trámite por el Tribunal Supremo. El sindicato considera irregulares tanto el proceso formal de elaboración como el propio contenido.

Tras anunciar que no firmaría el plan, el sindicato inició un proceso para tratar de revertir la discriminación a que se somete al personal de la AGE en relación al resto de personas trabajadoras. Una situación que se produce porque el Gobierno entiende que las medidas a las que la Ley de Igualdad obliga a las empresas no son de aplicación a su propia Administración.

CCOO lamenta la falta de negociación, objetividad y transparencia en el desarrollo de este plan, del que considera no persigue actuar sobre la igualdad real en la AGE. Considera que el objetivo se limita a sacar con prisas un documento plagado de intenciones y deseos, pero sin un compromiso claro y contundente con las necesidades reales para avanzar en la igualdad.

Entre las cuestiones más lesivas, señala la ausencia de diagnóstico de la situación, que permita identificar y cuantificar los nichos existentes de desigualdad y/o discriminación, y la negación de un análisis sobre la brecha salarial. Este último elemento ya ha sido ampliamente probado por el sindicato, a raíz de los informes obtenidos por la información facilitada por la propia Administración a través de consultas al Portal de la Transparencia, destacando las desigualdades en los proceso de selección y contratación, clasificación profesional, formación, promoción profesional, condiciones de trabajo, ejercicio corresponsable de los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, infrarrepresentación femenina, retribuciones y prevención del acoso sexual y por razón de sexo.

La exclusión de estas materias de un diagnóstico hace imposible establecer un análisis real y, por tanto, aleja el contenido del plan de los objetivos establecidos en la normativa vigente. Por otro lado, impide comprobar y medir la evolución de los indicadores, al carecer de un elemento inicial de comparación.

Para CCOO, resulta muy preocupante que un Gobierno que afirma apostar por la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, y que traslada un discurso de participación y transparencia, haya suscrito algo como esto.

 

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