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• La asociación insta a que se amplíen
los criterios de acceso para que muchas más familias
puedan ser beneficiarias y se desarrollen campañas para
dar a conocer tanto el bono como la tarifa semirregulada
PVPC.
FACUA-Consumidores en Acción urge al Ministerio de
Transición Ecológica a que realice una profunda reforma
del bono social eléctrico tras el fin el pasado 15 de
septiembre de la prórroga automática aprobada durante el
estado de alarma, que ha provocado un desplome del
número de beneficiarios.
Los últimos datos publicados por la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia (CNMC) revelan que
septiembre de 2020 cerró con 1.168.542 usuarios con
respecto a los 1.315.019 de agosto. En total, 146.477
beneficiarios menos, lo que supone una bajada del 11,1%.
La mayor caída se produjo en la categoría de
consumidores vulnerables severos, con un 11,8% menos de
usuarios acogidos al bono social, de 629.416 a 555.259.
En este última categoría, han sido las unidades
familiares sin menores las que han experimentado el
mayor recorte, un 13,1%, seguido de los pensionistas
(12,8% menos) y las unidades familiares con dos menores
a su cargo (10,0% menos). En enero de 2021 se ha
producido una ligera recuperación del número de
beneficiarios, aunque no hasta los niveles previos a
septiembre.
REFORMA DE LOS CRITERIOS
En este sentido, FACUA insta al Ministerio que dirige
Teresa Ribera a que reforme de manera urgente el bono
social eléctrico y los requisitos de acceso para que
muchas más familias puedan ser beneficiarias del mismo
según su coyuntura económica, que se ha visto además
agravada en los últimos tiempos debido a la crisis
económica derivada de la pandemia de COVID-19.
La asociación también advierte de que debería eliminarse
el acceso directo de las familias numerosas al bono para
que su concesión se rija por criterios económicos, ya
que no tiene sentido que familias con alto poder
adquisitivo puedan beneficiarse del bono social por su
condición de numerosas, dejando menos recursos para
atender a familias que sí tienen problemas para afrontar
el pago de la factura de la luz.
DESARROLLO DE CAMPAÑAS INSTITUCIONALES
Además, considera necesario que se desarrollen campañas
institucionales para dar a conocer tanto el bono como la
tarifa semirregulada (PVPC). Un amplio número de
consumidores desconoce la existencia de ambos, que
pueden acogerse a las reducciones del bono social si
cumplen una serie de requisitos y que la tarifa PVPC
provoca facturas de luz más bajas que cualquier oferta
del mercado libre.
De igual forma, FACUA pide que se modifiquen los
criterios para la prohibición de la interrupción del
suministro a los colectivos vulnerables en caso de
impago. Actualmente, la norma recoge que no se podrá
cortar el suministro "a los hogares acogidos al bono
social en los que haya al menos un menor de 16 años en
la unidad familiar, o en los que el consumidor o uno de
los miembros de su unidad familiar sea persona con
discapacidad igual o superior al 33% o con grado de
dependencia II o III, previo certificado expedido por
los servicios sociales de las Administraciones Públicas
competentes".
FACUA reclama que se realicen las modificaciones
normativas necesarias para que esta prohibición de la
interrupción se aplique a consumidores con determinadas
situaciones de vulnerabilidad económica, sin necesidad
de requisitos adicionales como los anteriores que puedan
reducir el número de usuarios que se beneficien de la
medida.
La presidenta de FACUA, Olga Ruiz, y su secretario
general, Rubén Sánchez, se reunieron con Ribera el
pasado 20 de enero para trasladar a la ministra y
vicepresidenta cuarta del Gobierno la necesidad de poner
en marcha estas medidas de forma urgente, entre otras
cuestiones. |
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