• Termina el plazo dado por la Comisión
Europea del Dictamen motivado que llegó a España el 3 de
diciembre de 2020 para garantizar la conservación de la
tórtola europea.
• Las comunidades autónomas tienen mañana la oportunidad
de salvar esta situación en la reunión de la de la
Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la
Biodiversidad en la que se tratará la situación de la
tórtola europea.
Si las administraciones públicas no ofrecen una
respuesta adecuada, Bruselas podría llevar el caso ante
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, exponiendo
a España al pago de multas por su inacción.
SEO/BirdLife insta al Gobierno, así como a las
comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y
Melilla a defender la protección de esta especie en
declive en base a la información científica.
SEO/BirdLife exige responsabilidad al Gobierno de España
como a las comunidades autónomas y a las ciudades de
Ceuta y Melilla en la reunión que se celebra mañana de
la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la
Biodiversidad, para afrontar la situación de la tórtola
europea.
Ante la grave situación en la que se encuentra esta
especie y basándose en los informes científicos, debería
garantizarse su conservación. Situación que además,
evitaría que España pagase una multa por incumplir la
normativa comunitaria.
Actualmente, la Comisión Europea tiene abierto un
procedimiento de infracción a España por este motivo,
que cumple ahora, por lo que si no cambia la situación,
se tendría que asumir una multa, que puede llegar a ser
millonaria, por haber incumplido con el mandato de la
Directiva de Aves.
PRIORIZAR LOS CRITERIOS CIENTÍFICOS
La especie ya está incluida como "vulnerable" en la
Lista Roja de aves tanto mundial como europea. Además,
SEO/BirdLife recuerda que el Comité Científico del
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico (MITECO) emitió un Dictamen para la
inclusión en el Catálogo Español de Especies Amenazadas
con la categoría de Vulnerable, tal y como ya solicitó
SEO/BirdLife en 2015. Esta catalogación reforzaría de
forma directa la protección de la especie. La tórtola
europea en España presenta un declive poblacional del
32% entre 1998 y 2019, según los datos del programa
SACRE de SEO/BirdLife.
MORATORIA DE LA CAZA DE LA ESPECIE
La ONG insiste que, en cumplimiento tanto de la
normativa comunitaria como estatal, no se debe autorizar
el aprovechamiento cinegético de la tórtola europea por
ninguna región, ya que presenta un estado de
conservación desfavorable. Desde el año 2011, los
tribunales están avalando esta tesis: el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla-La Mancha dictaminó la
prohibición de la media veda en la región debido
precisamente a que se autorizó la caza de especies cuyas
poblaciones presentaban un deficiente estado de
conservación. A esta sentencia siguieron otras en la
misma línea en Castilla y León y en la Comunidad de
Madrid, ratificando estos argumentos.
En este sentido, SEO/BirdLife subraya que países como
Francia e Israel, y algunas Comunidades Autónomas donde
la caza de la especie tiene menos peso (Asturias,
Canarias, Cantabria, La Rioja, la Comunidad Valenciana,
la isla de Menorca y la provincia de Álava) ya han
adoptado esta medida, y que la urgencia de su puesta en
marcha en toda España es aún mayor, dado que el país
acoge más de la mitad de la población reproductora de la
especie en el continente.
“Es hora de dar un paso adelante por y para la
transición ecológica, cumplir con el Pacto Verde Europeo
y con la Estrategia Europea de Biodiversidad. El caso de
la tórtola es una oportunidad para que las
administraciones españolas demuestren que están a la
altura para detener la pérdida de biodiversidad. Es hora
de proteger a la tórtola y asegurar que nuestros campos
sigan acogiendo ejemplares como seña de identidad y de
riqueza natural”, afirma Asunción Ruiz, directora
ejecutiva de SEO/BirdLife.
“Todas las administraciones competentes pueden y deben
asumir la responsabilidad ante la sociedad para proteger
el patrimonio natural de todos los ciudadanos, y evitar
además que la inacción provoque una infracción
comunitaria que suponga un gasto extraordinario para
todos en este momento de crisis sin precedentes”,
concluye Ruiz. |
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