• El sindicato denuncia falta de
negociación y acuerdo con las organizaciones sindicales
y una brutal discriminación en las retribuciones de los
jueces y las juezas respecto al resto del personal que
participa en estos planes de actuación para atajar el
retraso producido por la pandemia de la COVID-19.
El Ministerio de Justicia acaba de aprobar
unilateralmente la “Segunda fase del Plan de Actuación
de la Disposición Adicional 19ª del RD-Ley 11/2020 por
el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el
ámbito social y económico para hacer frente al
COVID-19”, que tendrá vigencia durante el año 2021 y que
es continuación de la primera fase desarrollada en los
últimos tres meses de 2020.
CCOO denuncia que el Ministerio de Justicia no ha tenido
ninguna voluntad de llegar a acuerdos con las
organizaciones sindicales del sector y ha limitado las
negociaciones a una sola reunión, que tuvo lugar el
pasado 18 de enero, de una hora y media de duración, en
la que solo se concedieron cinco minutos de palabra a
las portavocías de los sindicatos para defender sus
posiciones.
Una de las principales discrepancias de CCOO con la
resolución ministerial se centra en la negativa de la
administración a atender el retraso que, con motivo de
la pandemia, se ha producido en todos los órdenes
jurisdiccionales y otros servicios de la Administración
de Justicia (Fiscalías, Institutos de Medicinal Legal,
Registros Civiles o Instituto Nacional de Toxicología).
El plan se limita a los órganos judiciales de lo Social,
de lo Contencioso-Administrativo y de lo Mercantil
mientras que, según los datos de CGPJ, durante la crisis
sanitaria el retraso ha afectado en mayor medida a la
jurisdicción Penal (con un aumento del 15,45% de los
asuntos pendientes de resolución), seguida de Social
(+14,16%), Civil (+8,77%), Mercantil (+5,17%) y
Contencioso-Administrativo (+3,13%), además del
extraordinario retraso existente en muchos Registros
Civiles, especialmente en los expedientes de matrimonio
y solicitudes de nacionalidad por residencia.
El retraso en la Administración de Justicia tiene, según
el sindicato, un carácter estructural y no solo se debe
a la paralización por la crisis sanitaria, por lo que
CCOO ha reclamado la contratación de más personal,
mientras que el Ministerio de Justicia ha optado
fundamentalmente por incrementar las cargas de trabajo
del personal existente en la actualidad y la retribución
por el cumplimiento de determinados objetivos en la
resolución de asuntos.
Pero esta retribución se ha fijado con criterios
clasistas y discriminatorios, ya que supone para la
Carrera Judicial unas cifras que oscilan entre 800 y los
2.000 euros mensuales, dependiendo del número de asuntos
resueltos y de la población en que esté ubicado el
órgano reforzado, mientras que para el resto de cuerpos
funcionariales la retribución oscila entre 230 y 700
euros mensuales. En un mismo centro de trabajo jueces y
juezas tendrán una retribución que cuadruplica la
percibida por el Cuerpo de Letrados/as de la
Administración de Justicia y multiplica por cinco o seis
veces la que reciben el resto de cuerpos funcionariales
de Gestión, Tramitación o Auxilio Judicial.
CCOO considera esta situación un ataque a la dignidad de
los derechos retributivos y profesionales del personal
no judicial de esta administración y, por ello, ha
efectuado un llamamiento a este colectivo para que no
participe en estos planes de actuación y exige al
Ministerio de Justicia la continuación de las
negociaciones para alcanzar acuerdos que respeten las
condiciones de trabajo de todo el personal de la
Administración de Justicia y garanticen un servicio
público eficaz y de calidad para toda la ciudadanía. |
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