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CCOO: El corazón de la gente trabajadora
Fuente: Comisiones Obreras (CCOO)
Valencia 22
de enero de 2021

CCOO HACE UN LLAMAMIENTO AL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PARA QUE NO PARTICIPE EN LOS PLANES DE ACTUACIÓN IMPUESTOS UNILATERALMENTE POR EL MINISTERIO

 

• El sindicato denuncia falta de negociación y acuerdo con las organizaciones sindicales y una brutal discriminación en las retribuciones de los jueces y las juezas respecto al resto del personal que participa en estos planes de actuación para atajar el retraso producido por la pandemia de la COVID-19.

El Ministerio de Justicia acaba de aprobar unilateralmente la “Segunda fase del Plan de Actuación de la Disposición Adicional 19ª del RD-Ley 11/2020 por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19”, que tendrá vigencia durante el año 2021 y que es continuación de la primera fase desarrollada en los últimos tres meses de 2020.

CCOO denuncia que el Ministerio de Justicia no ha tenido ninguna voluntad de llegar a acuerdos con las organizaciones sindicales del sector y ha limitado las negociaciones a una sola reunión, que tuvo lugar el pasado 18 de enero, de una hora y media de duración, en la que solo se concedieron cinco minutos de palabra a las portavocías de los sindicatos para defender sus posiciones.

Una de las principales discrepancias de CCOO con la resolución ministerial se centra en la negativa de la administración a atender el retraso que, con motivo de la pandemia, se ha producido en todos los órdenes jurisdiccionales y otros servicios de la Administración de Justicia (Fiscalías, Institutos de Medicinal Legal, Registros Civiles o Instituto Nacional de Toxicología). El plan se limita a los órganos judiciales de lo Social, de lo Contencioso-Administrativo y de lo Mercantil mientras que, según los datos de CGPJ, durante la crisis sanitaria el retraso ha afectado en mayor medida a la jurisdicción Penal (con un aumento del 15,45% de los asuntos pendientes de resolución), seguida de Social (+14,16%), Civil (+8,77%), Mercantil (+5,17%) y Contencioso-Administrativo (+3,13%), además del extraordinario retraso existente en muchos Registros Civiles, especialmente en los expedientes de matrimonio y solicitudes de nacionalidad por residencia.

El retraso en la Administración de Justicia tiene, según el sindicato, un carácter estructural y no solo se debe a la paralización por la crisis sanitaria, por lo que CCOO ha reclamado la contratación de más personal, mientras que el Ministerio de Justicia ha optado fundamentalmente por incrementar las cargas de trabajo del personal existente en la actualidad y la retribución por el cumplimiento de determinados objetivos en la resolución de asuntos.

Pero esta retribución se ha fijado con criterios clasistas y discriminatorios, ya que supone para la Carrera Judicial unas cifras que oscilan entre 800 y los 2.000 euros mensuales, dependiendo del número de asuntos resueltos y de la población en que esté ubicado el órgano reforzado, mientras que para el resto de cuerpos funcionariales la retribución oscila entre 230 y 700 euros mensuales. En un mismo centro de trabajo jueces y juezas tendrán una retribución que cuadruplica la percibida por el Cuerpo de Letrados/as de la Administración de Justicia y multiplica por cinco o seis veces la que reciben el resto de cuerpos funcionariales de Gestión, Tramitación o Auxilio Judicial.

CCOO considera esta situación un ataque a la dignidad de los derechos retributivos y profesionales del personal no judicial de esta administración y, por ello, ha efectuado un llamamiento a este colectivo para que no participe en estos planes de actuación y exige al Ministerio de Justicia la continuación de las negociaciones para alcanzar acuerdos que respeten las condiciones de trabajo de todo el personal de la Administración de Justicia y garanticen un servicio público eficaz y de calidad para toda la ciudadanía.

 

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