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• El vicepresidente segundo explica que
hasta ahora era indispensable estar al menos un año
empadronado en el municipio en el que solicitaba
vivienda.
• La medida afecta a solicitantes de localidades que no
tienen parque público y casos concretos como afectados
por una ejecución hipotecaria o desahucio.
El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y
Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, ha
anunciado la eliminación “del requisito de
empadronamiento mínimo de un año que era imprescindible
para poder acceder a una vivienda pública en un
determinado municipio para aquellas personas que estén
en situación de emergencia habitacional o residan en
municipios donde no exista parque público de viviendas”.
El Decreto 75/2007, de 18 de mayo, del Consell que
regula el procedimiento de adjudicación de este tipo de
viviendas establecía como uno de los requisitos para ser
adjudicatario de vivienda de promoción pública que la
persona solicitante resida y esté empadronada en el
municipio donde radique la vivienda, al menos durante el
año anterior a la solicitud o acredite un puesto de
trabajo en dicho municipio.
Para el vicepresidente segundo, es “impensable que en
muchas ocasiones, familias que se encuentran en una
situación de emergencia habitacional, no pueden acceder
a una de nuestras viviendas por la falta de
disponibilidad o inexistencia de vivienda en la
localidad en la que residen y están empadronados”.
En ese sentido, ha defendido el derecho a la vivienda
como “un derecho universal ya que disponer de una casa
digna y en las adecuadas condiciones de habitabilidad
constituye una necesidad de primer orden para garantizar
la dignidad humana, y así está reconocido en nuestra
Constitución”.
La nueva resolución del conseller establece dos puntos
destacados. El primero de ellos es que en aquellos
municipios en los que no existan viviendas del parque
público de la Generalitat, las personas y unidades
familiares interesadas podrán presentar solicitud de
vivienda para un municipio de la provincia en la que
residen en el que exista este tipo de viviendas,
eximiéndolas del requisito del empadronamiento durante
al menos un año en dicho municipio.
En segundo lugar, este requisito también se exime para
las personas y unidades familiares en situación de
emergencia habitacional, debidamente acreditada, que
vayan a ser desalojadas de su vivienda habitual por un
proceso judicial de ejecución hipotecaria o de desahucio
en un plazo de seis meses y que no dispongan de otra
solución habitacional.
* Esta medida también beneficia a personas que
residan en infraviviendas o estén en una situación de
hacinamiento.
Por lo tanto, a partir de ahora, la adjudicación de las
viviendas públicas en los casos de emergencia
habitacional se regularán por los criterios de
residencia (el solicitante deberá residir y estar
empadronado en cualquier municipio de la Comunitat
durante el año anterior a la solicitud) y de valoración
en la adjudicación.
Para ello, la Entitat Valenciana d´Habitatge i Sòl (EVha),
encargada de gestionar todas las viviendas de la
Generalitat, valorará la emergencia habitacional de cada
caso propuesto por el ayuntamiento correspondiente, para
poder asignar el inmueble disponible que mejor se adecue
a la composición familiar del solicitante.
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
Martínez Dalmau ha asegurado que con este procedimiento
“se agiliza nuestra capacidad para actuar por ejemplo en
casos de desahucio, dando una respuesta más efectiva”.
Para ello, ha anunciado la creación de una comisión
técnica de asignación de viviendas, formada por un
técnico en acción social y un responsable de
adjudicaciones de la Subdirección de Intervención Social
de EVha, un técnico en acción social municipal de la
localidad en la que estaba residiendo el solicitante y
un técnico de la localidad donde se ubiquen las
viviendas disponibles en cada momento.
“Con estas comisiones abrimos un proceso participativo y
de consenso con los ayuntamientos para dar soluciones
reales a los colectivos con mayores dificultades”, ha
resaltado el vicepresidente. En estas comisiones se hará
un seguimiento de las familias, con un plan
individualizado, “porque además de proporcionarles un
techo, debemos cuidar de las personas y asegurarnos que
tengan una buen nivel de integración en el grupo en el
que esté su nuevo hogar”, ha señalado el vicepresidente
segundo. |
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