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• La organización ecologista ha
presentado un escrito a la Dirección General de la Costa
y el Mar y a la Subdirección General de Dominio Público
Marítimo-Terrestre, donde solicita la urgente
intervención del Estado ante la liberalización de
construcciones de obra (hormigón y ladrillo) en el
dominio público marítimo-terrestre (DPMT).
• El escrito demanda que los chiringuitos de playa se
construyan solo con elementos desmontables, donde la
situación en la playa se considera concesional y
temporal.
• El problema de los chiringuitos en las playas afecta a
varias comunidades autónomas, como Andalucía, que hace
un mal uso de las competencias transferidas.
En los últimos años se ha dado un paulatino crecimiento
de construcciones de chiringuitos y otros edificios con
material de obra (hormigón y ladrillo) en DPMT (playas).
Sin embargo, tal y como señala Ecologistas en Acción,
esta actividad está prohibida desde la aprobación de la
reforma de la Ley de Costas de 1988 (Decreto de 2013 y
Reglamento de 2014) y convierte las instalaciones
construidas “en auténticos edificios, pues ya no son
chiringuitos, sino restaurantes de playa en pleno arenal
de las playas, con todas sus consecuencias”.
Por este motivo, Ecologistas en Acción ha presentado,
con fecha 21/11/2020, un escrito a la Dirección General
de la Costa y el Mar, y a la Subdirección General de
Dominio Público Marítimo-Terrestre donde solicita la
urgente intervención del Estado sobre esta materia.
Solo en la provincia de Málaga se han construido cinco
chiringuitos de obra en la playa de La Malagueta (Málaga
ciudad), dos en la playa de Guadalmar, cuatro (dos en
proyecto) en las playas de El Morche y Las Lindes en la
costa de la Axarquía (Torrox). En la Costa del Sol, solo
en Marbella ya hay cuatro chiringuitos de obra y otros
tantos concedidos para su construcción, con nuevas
peticiones, en un proceso en espiral amparado por las
competencias traspasadas a las autonomías que requiere,
por tanto, una urgente intervención del Gobierno.
Según explica Ecologistas en Acción, existen muchos
aspectos en la política de chiringuitos que muestran un
descontrol total sobre este tipo de instalaciones: “la
falta de control de los precios de usuarios, el origen
de los productos que venden, la calidad de los puestos
de trabajo o los usos extraordinarios que los convierten
en discotecas o salas de alterne”.
Tradicionalmente se ha instado a que los chiringuitos se
construyan con elementos desmontables, porque su
situación en la playa se considera concesional y
temporal. En cambio, durante los últimos años se han
autorizado chiringuitos construidos con hormigón,
ladrillo y sótano, convirtiéndose en auténticos
edificios permanentes en el tiempo. En la práctica,
estas construcciones actúan y se mercantilizan como
bienes inmuebles y constituyen una urbanización del DPMT
y un aumento considerable de la superficie útil máxima
(al autorizarse la construcción de sótano).
En el escrito enviado se solicita que tanto en las
playas naturales como en las playas urbanas se prohíba
cualquier edificación fija hecha con ladrillo y
hormigón. Asimismo, se demanda que carezca de sótano,
que se exija que siempre sean de materiales
desmontables, y que se traten como instalaciones de
temporada, siendo deseable la obligación de dejar
restituido el espacio ocupado fuera de la temporada.
Esto afectaría a todo tipo de construcciones de
servicios, no solo chiringuitos, sino también casetas de
aseo, casetas de aperos de pesca, casetas de socorrismo
o casetas de Protección Civil. “El Estado tiene que
prohibir toda edificación que se encuentre en un espacio
inundable y aplicar criterios de prevención ante los
efectos de los temporales cada vez más frecuentes por el
cambio climático y el aumento del nivel del mar. Con
estas medidas de prevención, se ahorraría el gasto que
supone la protección de estos edificios”, ha declarado
Rafael Yus Ramos, portavoz de Ecologistas en Acción.
Por otro lado, la protección de los arenales costeros
como hábitats de interés comunitario constituye otro
argumento del escrito. Según Yus Ramos, “llama
poderosamente la atención que en todos los proyectos que
se presentan para la edificación de chiringuitos de obra
se evalúe únicamente los impactos que puedan tener para
sectores como la calidad turística, los accesos o los
ruidos, pero jamás sobre la biodiversidad existente
previamente, ni, por supuesto, sobre la biodiversidad
potencial de no construirse nada”.
Según Ecologistas en Acción, la legislación actual de
Costas fomenta la mercantilización del litoral con una
visión utilitarista y urbanística de las playas, y no
muestra ningún interés en la recuperación de los
sistemas naturales, dejando que se alteren a favor de
los usos recreativos y mercantiles. No solo las obras,
sino también la gestión de la playas, su limpieza rápida
diaria con maquinaria pesada y rastrillados periódicos,
tienen un fuerte impacto sobre la mesofauna, la fauna de
los intersticios de las arenas, así como las redes
tróficas que se crean en torno a los restos marinos de
las arribazones. Todo ello lleva a la destrucción
sistemática de las dunas embrionarias con las
operaciones de aplanamiento y uniformización de la
playa, como si de un elemento urbano se tratara.
El escrito presentado a la Dirección General de la Costa
y el Mar y a la Subdirección General de Dominio Público
Marítimo-Terrestre estipula que, el criterio que se
debería seguir para la gestión de las playas, tanto
naturales como urbanas, es su renaturalización,
protegiendo los cordones dunares y las dunas
embrionarias. Esto conlleva la eliminación de los
chiringuitos de obra de playa y las limpiezas de playas
con maquinaria no destructiva. La posibilidad de
mantener la biodiversidad litoral y la creación de un
sistema de defensa natural ante temporales marinos es
compatible con los usos turísticos. |
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