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• Representantes de diez grupos políticos
del Congreso suscriben las medidas propuestas y exigen a
la ministra Teresa Ribera la protección de todas las
familias vulnerables.
• Numerosas entidades sociales, entre ellas Ecologistas
en Acción, reclaman la implementación del principio de
precaución, un periodo de carencia sin cortes de
suministro de agua, luz y gas y la redefinición de la
figura de consumidor vulnerable.
A las puertas del invierno y en plena pandemia,
numerosas entidades sociales, entre las que se cuenta
Ecologistas en Acción, han impulsado un manifiesto para
exigir al Gobierno central y a la Ministra para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico Teresa Ribera
el fin de los cortes de suministros y la implementación
de una serie de medidas para garantizar la protección de
todas las familias en situación de vulnerabilidad.
Exigen así al Ejecutivo de Pedro Sánchez tres mecanismos
efectivos para evitar cualquier interrupción de
suministro de agua, luz y gas en hogares vulnerables:
principio de precaución, periodo de carencia y
redefinición de consumidor vulnerable.
En una rueda de prensa que ha tenido lugar en el
exterior del Congreso de los Diputados, y ante los
recientes anuncios del Gobierno de Pedro Sánchez de
prohibir los desahucios y garantizar los suministros a
las familias vulnerables, las portavoces de los
movimientos ciudadanos han presentado tres medidas de
urgencia, que protegerían al conjunto de familias que
sufren la pobreza energética y el riesgo de corte:
1. La aprobación por parte del Consejo de
Ministros de un real decreto-ley que vuelva a proteger a
los miles de familias que a día de hoy pueden sufrir un
corte de agua, electricidad o gas. Para ello, el
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, encabezado por la ministra Teresa Ribera,
debe impulsar cuanto antes el establecimiento del
principio de precaución, una herramienta que obligue a
las compañías suministradoras a consultar con los
Servicios Sociales competentes la situación de cualquier
familia afectada por un aviso de corte y a garantizar
sus suministros en el caso de que cumpla con unos
baremos específicos de vulnerabilidad. A su vez, las
facturas impagadas que deriven de la aplicación de este
mecanismo se sufragarán, de conformidad con un posterior
desarrollo reglamentario, a través de un sistema de
financiación participado al 100% por las propias
compañías de todos los segmentos implicados.
2. La promulgación de un periodo de carencia que
evite cualquier interrupción de suministro en el ámbito
doméstico, que tendrá como fecha límite la puesta en
funcionamiento del principio de precaución. Se trata de
una medida excepcional y urgente si se quiere garantizar
el acceso a energía y agua en invierno y en plena
pandemia.
3. La redefinición de la figura del consumidor
vulnerable, que abarque los suministros de agua y gas
natural junto al de la electricidad, y que pueda ampliar
los actuales requisitos de acceso por lo que al nivel de
renta se refiere, dado que los mismos no se ajustan a la
realidad social de la ciudadanía española y excluyen a
una gran cantidad de familias de la protección frente al
corte.
En este sentido, se ha incidido en que el derecho a una
vida digna conlleva el reconocimiento de los derechos
humanos a la vivienda, a la salud, al agua potable y al
saneamiento, así como a la disponibilidad de servicios
básicos como la luz y el gas. Por tanto, la exigencia de
prohibición de cortes de suministro debe necesariamente
abarcar el agua, la electricidad y el gas, así como los
desahucios.
Coincidiendo con la rueda de prensa, esta semana se han
conocido diferentes noticias relacionadas con esta
problemática. Según las informaciones aparecidas en
distintos medios, se calcula que solo entre octubre y
noviembre, una vez levantada la moratoria aprobada en
marzo, se han producido hasta 30.000 cortes de
suministro en todo el Estado.
Como respuesta, el Gobierno anunció el pasado martes
tras la reunión del Consejo de Ministros la creación de
un Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema
Eléctrico (FNSS), con aportaciones de las compañías, que
permitiría reducir la factura eléctrica al menos un 13 %
en el plazo de cinco años. A su vez, la portavoz María
Jesús Montero adelantó que el Ministerio de Ribera
estaba trabajando en una disposición adicional que se
añadiría a alguno de los próximos reales decretos-ley
impulsados por el Ejecutivo en la que se garantizaría
literalmente “que ningún consumidor vulnerable va a
tener un problema con el corte de los suministros”.
A pesar de las buenas intenciones, en el pasado se ha
visto cómo la mayoría de medidas aprobadas acaban siendo
insuficientes porque no abarcan el conjunto de familias
afectadas, bien porque no incluyen los suministros de
agua o gas, porque circunscriben la protección
exclusivamente a las personas beneficiarias del bono
social eléctrico o porque no tienen en cuenta la
complejidad de los colectivos que sufren pobreza
energética (titularidad del suministro, desconocimiento
de los mecanismos de protección, trampas de las
compañías, etc.).
Las medidas que provienen de las entidades que día tras
día trabajan directamente con las familias afectadas
son, a juicio de estas organizaciones, las más efectivas
para hacer frente a la situación y garantizar de este
modo los derechos básicos de toda la ciudadanía,
particularmente la más vulnerabilizada. Es necesario que
las medidas excepcionales que ahora se tomen se
consoliden y tornen en normales después de la crisis
sanitaria mediante las oportunas iniciativas
legislativas. También reclaman al Gobierno que concrete
los procedimientos que propone para afrontar las deudas
acumuladas durante la pandemia que, en todo caso,
deberán tener en cuenta criterios de equidad y
asequibilidad.
El manifiesto con las medidas ha sido promovido por
Aigua és Vida, la Alianza contra la Pobreza Energética
(APE), la Coordinadora de Vivienda de Madrid,
Ecologistas en Acción, Enginyeria Sense Fronteres, la
Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y la Red Agua
Pública (RAP).
A SU VEZ, HA CONTADO CON EL APOYO DE LOS SIGUIENTES
GRUPOS CON REPRESENTACIÓN PARLAMENTARIA:
- Unidas Podemos
- Esquerra Republicana de Catalunya-Sobiranistes
- Junts per Catalunya-Junts
- En Comú Podem-Guanyem el Canvi
- Euskal Herria Bildu
- Más País-Equo
- CUP-Per la ruptura
- Nueva Canarias-Coalición Canaria
- Bloque Nacionalista Galego
- Més Compromís
* El documento presentado hoy es una prueba más de que
las medidas propuestas son viables y cuentan con un
amplio apoyo.
* El Partido Socialista y la ministra Teresa Ribera no
pueden seguir retrasando la protección de todas las
familias españolas frente al corte.
* Por último, las organizaciones consideran que, tal y
como se afirma en el manifiesto, no hay una vida digna
si no se garantizan los derechos básicos y exigen que se
ponga fin a los cortes de suministros. |
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