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• Ecologistas en Acción, Greenpeace y
Oxfam Intermón dan un paso más para evidenciar la falta
de ambición climática del Gobierno y las consecuencias
que conlleva.
• Medio centenar de organizaciones y más de 24.000
personas se han sumado ya al primer proceso judicial por
el clima en España.
• Mientras la UE ha aumentado el objetivo de reducción
de emisiones netas al 55% para 2030, el Gobierno de
España propone solo un 23% para el mismo periodo.
Ecologistas en Acción, Greenpeace y Oxfam Intermón han
presentado ante el Tribunal Supremo la demanda contra el
Gobierno de España por inacción ante el cambio
climático. Se trata de un paso decisivo en el proceso
judicial emprendido por las tres organizaciones el
pasado mes de septiembre para exigir al Ejecutivo una
respuesta adecuada ante la emergencia climática.
Hasta el momento, más de 55 organizaciones, movimientos
y plataformas de todo el territorio nacional se han
sumado a la demanda. En paralelo, las organizaciones
demandantes continúan con la recogida de firmas, que
hasta el momento ha recabado el apoyo de más de 24.000
personas.
La demanda se basa en la constatación de que los
sucesivos Gobiernos de España han incumplido sus
compromisos internacionales en la lucha contra el cambio
climático. Las tres organizaciones solicitan al Tribunal
Supremo que obligue al Ejecutivo a aprobar formalmente
un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC),
que incluya una reducción de emisiones de al menos el
55% hasta 2030 respecto a las que se tenían en 1990.
Actualmente, mientras la Unión Europea (UE) ha aumentado
el objetivo de reducción de emisiones netas al 55% para
2030, el Ejecutivo español propone solo un 23%.
“La falta de ambición climática del Gobierno español se
ha hecho más evidente estos días tras el acuerdo de la
UE de incrementar sus objetivos, que, aun siendo todavía
insuficientes, están muy por encima de los españoles. No
estamos hablando de meros números, sino de las
consecuencias devastadoras que estos pueden tener para
la vida y la salud de las generaciones futuras. Mientras
los Gobiernos sigan sin hacer su parte, nosotros
continuaremos acudiendo a la justicia”, ha señalado
Lorena Ruiz-Huerta, abogada demandante de las tres
organizaciones.
Los casi 200 folios de la demanda incorporan las últimas
referencias científicas que evidencian los impactos
sociales, económicos, físicos y biológicos del cambio
climático, así como la vulneración de derechos humanos
derivada de este, e incluyen las conclusiones de dos
informes periciales: uno sobre los impactos del cambio
climático específicamente en España, elaborado por el
catedrático José María Baldasano, miembro del Panel
Intergubernamental de Expertos para el Cambio Climático
de la ONU (IPCC), que demuestra cómo las sequías,
inundaciones e incendios son cada vez más devastadores
en el país; y un segundo informe pericial centrado en la
vinculación entre el cambio climático y la desigualdad,
en particular la brecha de género, elaborado por la
profesora Margarita Ruiz Ramos, profesora titular e
investigadora en Universidad Politécnica de Madrid, que
revela cómo la crisis climática afecta especialmente a
las personas más vulnerables, que no cuentan con medios
para afrontarla, ni con la protección efectiva de los
poderes públicos.
Entre los datos y argumentos esgrimidos en la demanda,
destaca que el Gobierno de España prevé que en 2030 el
país seguirá teniendo una dependencia de los
combustibles fósiles de más del 64% en el consumo
energético. Un modelo energético basado en los
combustibles fósiles, además de ser responsable del
cambio climático, contamina gravemente el aire, lo que,
según los informes de la Agencia Europea de Medio
Ambiente, provoca más de 30.000 muertes prematuras en
España cada año. Las organizaciones señalan que el
abandono de los combustibles fósiles es fundamental no
solo para evitar los peores impactos del cambio
climático, sino también para mejorar la calidad del
aire.
España es uno de los países más vulnerables al cambio
climático de Europa y también es el que más ha aumentado
sus emisiones entre 1990 y 2017. Según las
organizaciones, el Gobierno está ahora obligado a
incrementar su esfuerzo de reducción de las emisiones,
para posibilitar que las generaciones futuras puedan
disfrutar de un medio ambiente que les permita llevar
una vida en condiciones dignas.
“Si consumimos hoy el escaso presupuesto de carbono que
nos queda, las generaciones futuras sólo heredarán una
enorme factura de impactos ecológicos y económicos, y no
podrán emitir ni una partícula de carbono para su
desarrollo ni para llevar a cabo una transición
ecológica justa, que a fecha de hoy sigue estando muy
lejana”, ha subrayado Ruiz-Huerta.
PRECEDENTES INTERNACIONALES
La Sala Tercera del Tribunal Supremo admitió el pasado
30 de septiembre el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por las tres organizaciones. Finalizado este
trámite y recibido el expediente administrativo del
Gobierno, el Tribunal emplazó a las organizaciones para
que, en el plazo de un mes, formularan la demanda que
esta mañana se ha presentado a través de la plataforma
telemática LexNet.
Esta demanda se enmarca dentro de una ola internacional
de litigios climáticos que sostienen que la falta de
acción contra el cambio climático vulnera los derechos
humanos: desde mediados de la década de 2010, se han
iniciado más de 150 litigios contra Gobiernos de todo el
mundo. Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia,
Bélgica, Irlanda o Nueva Zelanda son sólo algunos de los
países cuyos ejecutivos enfrentan actualmente demandas
por esta causa. El caso más notorio es el de Holanda,
donde la Fundación Urgenda ha logrado este año una
histórica sentencia del Tribunal Supremo, que ha
condenado al Gobierno holandés a contribuir con su
“parte mínima justa” a la reducción global de emisiones
para frenar el cambio climático –con independencia de
cuál sea la actuación de otros Estados– y cumplir así
con su obligación constitucional de proteger los
derechos fundamentales de las generaciones presentes y
futuras.
“Los casos que ya se han resuelto han dado como
resultado una serie de normas incipientes que
‘revolucionan’ el derecho tal y como lo hemos conocido
hasta ahora”, ha concluido Ruiz-Huerta. |
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