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Reporteros sin Fronteras (RSF-España)
Fuente:
Reporteros sin Fronteras (RSF-España)
Valencia 11 de noviembre 2020 |
RSF ADVIERTE DE QUE EL PLAN DEL GOBIERNO CONTRA LA
DESINFORMACIÓN ES UNA AMENAZA POTENCIAL CONTRA LA
LIBERTAD DE PRENSA |
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• La organización denuncia que no le
corresponde al Ejecutivo decidir qué es desinformación y
avisa de que vigilará la implementación de la norma.
Reporteros Sin Fronteras pide al Gobierno español que
concrete el plan contra la desinformación que ha
aprobado y publicado en el Boletín Oficial del Estado,
pues su excesiva ambigüedad supone un peligro potencial
contra la libertad de prensa. Según la norma, el
Ejecutivo monitorizará las redes sociales en busca de
noticias falsas y adoptará “medidas de represalia”
cuando compruebe que, tras una campaña de desinformación
contra España, se encuentra un país extranjero.
La norma contempla la puesta en marcha de campañas de
comunicación para contrarrestar maniobras de
desinformación, pero deja en manos de una comisión
formada por miembros del Gobierno -cuyas atribuciones
tampoco están claras- la decisión sobre qué es y qué no
es desinformación; una prerrogativa que Reporteros Sin
Fronteras condena tajantemente.
La organización lleva años denunciando en todo el mundo
la amenaza a la libertad de prensa que supone la
aprobación de legislaciones con dos de las principales
características presentes en el procedimiento que acaba
de aprobar el Gobierno de Pedro Sánchez: la ambigüedad e
imprecisión de sus medidas, ámbito de aplicación y
actores involucrados, así como la potestad gubernamental
de decidir qué es desinformación.
Aunque, tras el alud de críticas que ha recibido la
norma, el Gobierno ha recalcado que el texto solo está
dirigido contra injerencias de países terceros,
especialmente cuando afectan a la seguridad nacional y a
los procesos electorales, estas amenazas solo aparecen
de forma explícita en uno de los niveles de actuación
que enumera la norma, por tanto no se puede excluir que
supuestas campañas de desinformación españolas pudieran
verse afectadas.
El texto contempla la involucración en la lucha contra
la desinformación de agentes de la sociedad civil, como
medios de comunicación, plataformas digitales, sector
académico u ONG, pero tampoco concreta de qué modo.
Reporteros Sin Fronteras no solo considera que acciones
contra las injerencias de países terceros deberían
circunscribirse al ámbito de la Seguridad Nacional y no
involucrar a la Secretaria de Estado de Comunicación,
sino que echa de menos que en una iniciativa de lucha
contra la desinformación no hayan sido consultados los
actores de la sociedad civil antes de su redacción. La
organización cree, además, que la participación del
Ministerio de Educación -no contemplada en la norma- es
clave en el caso de que se quiera abordar la
desinformación más allá de la Seguridad Nacional, pues
solo una sociedad formada en el discernimiento de lo que
es información fiable y veraz es capaz de combatir un
fenómeno tan complejo y sutil.
RSF también pide al Gobierno que demuestre su compromiso
con la transparencia y publique datos sobre las campañas
de desinformación que ha detectado contra España,
respetando los límites de la seguridad nacional, pero
cumpliendo con su deber informativo para con la sociedad
y los medios de comunicación.
Aunque la Comisión Europea ha dado su respaldo al
procedimiento aprobado por el Gobierno y lo enmarca
dentro del plan de acción de la UE contra la
Desinformación, Reporteros Sin Fronteras cree la norma
sigue siendo imprecisa y potencialmente peligrosa para
libertades fundamentales como la de información y
expresión.
“La lucha contra la desinformación es un terreno lo
suficientemente resbaladizo como para apoyarse en una
norma tan sumamente difusa y ambigua. Llevamos demasiado
tiempo denunciando en todo el mundo leyes que se amparan
en la desinformación para atentar contra la libertad de
prensa, como para no preocuparnos. El Gobierno no solo
debe concretar todas las lagunas presentes en este
procedimiento, sino corregir a la mayor brevedad esa
visión según la cual la potestad para decidir qué es
desinformación es suya. Vigilaremos muy de cerca la
implementación de esta norma”, afirma Alfonso Armada,
presidente de RSF España. |
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