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Fuente: Comisiones Obreras (CCOO-Madrid)
Valencia 15
de octubre de 2020

CCOO INSISTE EN QUE LOS INCENTIVOS NO AUMENTAN EL VOLUMEN TOTAL DE EMPLEO

 

• Tras analizar siete tipos de incentivos a la contratación, cuyo importe supuso 2000 millones de euros en 2018, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) ha elaborado un informe en el que viene a sostener los argumentos de CCOO: los incentivos no pueden sustituir a las reformas estructurales para acabar con la temporalidad y con las elevadísimas tasas de desempleo.

CCOO ha denunciado reiteradamente que los incentivos a la contratación de que disponemos no aumentan el volumen total de empleo. Como tales incentivos, su valor principal está en que actúan selectivamente, porque discriminan positivamente determinados objetivos de la política de empleo. Sin embargo, en la práctica real se incentiva prácticamente todo, y así, nada queda incentivado. Para el sindicato es básico, por tanto, identificar con exactitud el efecto que se quiere producir con cada uno de los tipos de incentivo a la contratación.

CCOO plantea que, además de selectivos, los incentivos deben estar limitados temporalmente en su duración. Son un apoyo específico al fomento del empleo, no una reducción permanente del coste laboral. En las pocas evaluaciones que se han realizado se ha concluido que los incentivos a la contratación indefinida tienen un impacto bajo. “Para nosotros, en todo caso, se podría subvencionar la contratación indefinida ordinaria a tiempo completo”, explica Lola Santillana, secretaria confederal de Empleo y Cualificación Profesional.

Junto a ello, en opinión de CCOO, los incentivos deben centrarse en la contratación de personas paradas de larga duración o baja cualificación, con especial atención a quienes que han agotado sus prestaciones por desempleo, mayores de 45 años, las personas en riesgo de exclusión social, víctimas de violencia de género, personas con discapacidad.

“En cualquier caso”, afirma Santillana, “los incentivos han de centrarse en colectivos o aspectos concretos ajustados a la realidad del territorio, que incluyan situaciones no contempladas en el ámbito estatal”. CCOO defiende que los incentivos territoriales deben ser subsidiarios de los estatales y no superar el 60% del coste empresarial. Deben vincularse al mantenimiento de plantillas estables y a la reducción de la temporalidad, ajustada al tamaño de las empresas. Y, además, es imprescindible que el Gobierno establezca mecanismos de control de la vigencia de los contratos incentivados.

Respecto a las personas con discapacidad, entre otras cuestiones, CCOO ha planteado que en el borrador del Real Decreto de Políticas Activas de Empleo se incluya la obligatoriedad de facilitar su acceso al empleo, eliminando las barreras que todavía padecen. “Se debe fomentar la contratación de personas con discapacidad, especialmente en el caso de mujeres, dadas las diferencias que presentan respecto a la contratación masculina”, puntualiza la secretaria confederal de Empleo. También se debe incentivar el tránsito de personas trabajadoras con discapacidad de centros especiales de empleo o empresas de inserción a empresas ordinarias, estímulo que resulta clave para su inserción social y laboral y para su desarrollo personal como ciudadanos de pleno derecho.

CCOO considera que no garantizar un mínimo de condiciones en las contrataciones que se realicen a través de estas subvenciones es un retroceso y una dejación de la responsabilidad política que debe liderar este tipo de actuaciones.

Por ello, defiende que en la regulación propuesta se deben establecer obligaciones a las empresas beneficiarias relativas al mantenimiento de los contratos subvencionados, no pudiendo despedir sin causa justificada a estas personas trabajadoras. Y en caso de despido procedente, deben ser sustituidos por otros trabajadores o trabajadora con discapacidad.

El sindicato estima, asimismo, que el conjunto de subvenciones tendría que graduarse en función del tipo y grado de minusvalía, en la misma línea que se realiza con la subvención del coste laboral del Salario Mínimo Interprofesional. Por último, también deberían fijarse facilidades de acceso y cuantías dependiendo de si los centros tengan o no ánimo de lucro.

 

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