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Fuente: Comisiones Obreras (CCOO)
Valencia
08 de octubre de 2020

CCOO CONSIDERA “INNECESARIA Y PELIGROSA” LA MODIFICACIÓN DE LA LEY DE SERVICIOS SOCIALES DE ANDALUCÍA

 

• El decreto Ley 24/2020, que modifica la tramitación de las solicitudes de valoración del grado de dependencia, quita competencias a ayuntamientos y diputaciones.

El sector estatal de Administración Local de FSC-CCOO considera “innecesaria y peligrosa” la modificación de la Ley de Servicios Sociales de Andalucía a través del Decreto Ley 24/2020, donde se cambia la tramitación de las solicitudes de valoración de grado de dependencia. Esta modificación esencial quita competencias a los ayuntamientos y diputaciones y ‘rompe’ la columna vertebral del sistema público de servicios sociales en Andalucía, haciendo desaparecer y diluyendo la puerta de entrada al sistema.

Se modifica el artículo 28.23ª de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía, que establecía que son los servicios sociales comunitarios los que inician la tramitación del procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y, en su caso, la elaboración de la propuesta del Programa Individual de Atención (PIA), así como la propuesta de revisión del mismo. Esto es de suma importancia, ya que el PIA, elaborado desde los servicios sociales comunitarios, es el que permite a la familia decidir cuál es el recurso que mejor se adecua a las necesidades de la persona dependiente, por ser los trabajadores sociales municipales los profesionales más cercanos a las familias.

El sector comparte que el COVID-19 no puede ser la excusa para la modificación de esta ley sin que exista un debate entre los agentes implicados, entre ellos los sindicatos y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.

La Junta de Andalucía justifica la medida para simplificar el procedimiento de reconocimiento de la dependencia y agilizar los servicios y prestaciones. Pero el atasco actual está en la resolución de los expedientes y la falta de presupuesto destinado a la dependencia que está en manos de la Junta, no de la tramitación y establecimiento del programa individual de atención (PIA).

Esta modificación no solo ‘rompe’ la columna vertebral del sistema público de servicios sociales en Andalucía, haciendo desaparecer y diluyendo la ‘puerta’ de entrada al sistema, sino que no aclara cuáles pueden ser las vías de inicio del procedimiento, o dónde se realizarán y por quién los PIA, por lo que deja en la incertidumbre a los servicios sociales comunitarios.

Estas medidas alejan de nuevo a las personas más vulnerables de la administración y el acceso a los derechos sociales, sin el asesoramiento de los profesionales del Trabajo Social. Igualmente, se pierde el acceso de los municipios a conocer las listas de espera y demanda de atención real.

La campaña #MuchoMásServiciosSociales, lanzada por CCOO, ya advertía de la necesidad de reforzar los servicios sociales municipales y comunitarios, cuyas competencias establecen la atención a personas en situación vulnerable. Es imprescindible reforzar la financiación y la colaboración entre administraciones.

Desde el sector estatal de Administración Local también mostramos una gran preocupación por los puestos de trabajo que se crearon vinculados a los convenios de colaboración entre la Junta de Andalucía y las entidades locales, para la aplicación de la ley de dependencia y la atención cercana y directa de las personas en esta situación. Estos convenios, con un presupuesto de 10.290.871 euros, no se conoce si se mantendrán o no.

Cuando entre el Gobierno del Estado y las comunidades autónomas se está trabajando en un plan choque para impulso del sistema para la autonomía y atención de la dependencia, la medida adoptada por la Junta de Andalucía va en dirección contraria a dicho impulso.

 

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