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Oscuro negocio
Foto: VD/2020

Fuente: FACUA Consumidores en Acción
Valencia 22
de mayo de 2020

FACUA DENUNCIA EL OSCURO NEGOCIO QUE PROMOCIONA ALVISE PÉREZ, SEÑALADO POR UNA LARGA LISTA DE BULOS

 

• Se trata de una tienda online que vulnera las leyes de protección de datos, defensa de los consumidores y comercio electrónico.

FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado el nuevo negocio que promociona Alvise Pérez, por vulnerar las leyes de protección de datos, defensa de los consumidores y comercio electrónico.

Las denuncias han sido presentadas este jueves ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Consumo, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

Esta web incluye una tienda que el propio Luis "Alvise" Pérez, ex jefe de gabinete del grupo parlamentario Ciudadanos en la Comunidad Valenciana, comenzó a anunciar en Twitter el 19 de mayo. La única persona vinculada hasta ahora al negocio ha obtenido una importante repercusión en las redes sociales en los últimos tiempos por lanzar insultos y bulos sobre políticos, dirigentes ciudadanos y gobiernos de izquierdas. La ex alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha anunciado recientemente que tiene previsto llevar a Pérez a los tribunales por haber difundido un bulo contra ella.

En la tienda anunciada por Pérez se están comercializando banderas de España y carteles con una fotografía de Pedro Sánchez que el responsable de la web ha "robado" al artista visual Carlos Spottorno, según ha denunciado él mismo desde su cuenta de Twitter.

Según ha podido comprobar FACUA, la página web ni siquiera incluía apartados relativos al aviso legal, términos y condiciones o similar -donde se recoge la información obligatoria que debe proporcionar el propietario- hasta este 21 de mayo, pese a que llevaba abierta varios días y ya podían comprarse sus productos a través de ella. Actualmente, aunque el apartado Aviso Legal ha sido añadido a la web, sigue sin indicar datos del responsable de la misma y sólo aparece un correo electrónico.

FACUA advierte de que la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, recoge una serie de datos que los prestadores de servicios tienen la obligación de facilitar a los usuarios. Entre ellos, el "nombre o denominación social; su residencia o domicilio o, en su defecto, la dirección de uno de sus establecimientos permanentes en España; su dirección de correo electrónico y cualquier otro dato que permita establecer con él una comunicación directa y efectiva" y "los datos de su inscripción en el Registro Mercantil en el que, en su caso, se encuentren inscritos o de aquel otro registro público en el que lo estuvieran para la adquisición de personalidad jurídica o a los efectos de publicidad".

El Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, contempla igualmente, en su artículo 97, que "antes de que el consumidor y usuario quede vinculado por cualquier contrato a distancia" el empresario debe facilitarle información acerca de su identidad "incluido su nombre comercial" y "la dirección completa del establecimiento del empresario y el número de teléfono, número de fax y dirección de correo electrónico del mismo, cuando proceda".

INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS

El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, también obliga a facilitar este tipo de datos. Así, indica que "cuando se obtengan de un interesado datos personales relativos a él, el responsable del tratamiento, en el momento en que estos se obtengan" -por ejemplo, al realizar una compra online- debe facilitar "la identidad y los datos de contacto del responsable", "los fines del tratamiento a que se destinan los datos personales y la base jurídica" y "los intereses legítimos del responsable", entre otros.

De igual forma, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPD) establece que debe indicarse, al menos, "la identidad del responsable del tratamiento y de su representante, en su caso" y "la finalidad del tratamiento", así como informar al usuario de sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y oposición.

La LOPD, en su artículo 72, establece como infracción muy grave las vulneraciones de lo dispuesto por el Reglamento 2016/679 y, en particular, "la omisión del deber de informar al afectado acerca del tratamiento de sus datos personales".

LA TIENDA DA UN PLAZO MENOR AL LEGAL PARA EJERCER EL DERECHO DE DESISTIMIENTO

En la denuncia que ha presentado ante la Dirección General de Consumo, FACUA también advierte de que la web ofrece a los usuarios un plazo para ejercer su derecho de desistimiento inferior al que establece la normativa. Así, en el apartado de Términos y Condiciones -que no ha sido incluido en la página hasta este 21 de mayo- indica que "los clientes consumidores tienen derecho a la cancelación de la compra en un plazo de 7 días".

La asociación recuerda que el Real Decreto 1/2007, en su artículo 102, indica expresamente que "el consumidor y usuario tendrá derecho a desistir del contrato durante un periodo de 14 días naturales sin indicar el motivo [...] serán nulas de pleno derecho las cláusulas que impongan al consumidor y usuario una penalización por el ejercicio de su derecho de desistimiento o la renuncia al mismo".

Además, la web también indica que el derecho de desistimiento podrá ejercitarse por correo electrónico o "una carta enviada por correo postal". Sin embargo, en ningún lugar de la página aparece una dirección postal a la que remitir dicha carta o cualquier otro tipo de información, salvo un correo electrónico.

Por todo ello, FACUA ha solicitado a la Dirección General de Consumo del Ministerio de Consumo, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y la AEPD que inicien las investigaciones que sean necesarias e inicien los correspondientes expedientes sancionadores.

 

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