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Alianza por el Clima

Fuente: Amigos de la Tierra
Valencia 05
de mayo de 2020

AMIGOS DE LA TIERRA VALORA POSITIVAMENTE EL PNACC, AUNQUE RECLAMA LA INCLUSIÓN REAL DE CRITERIOS DE JUSTICIA CLIMÁTICA

 

• Las líneas del sector de trabajo correspondiente a la energía, deben ir enfocadas, entre otras, a la reducción del consumo energético y a la descentralización, y la democratización del sistema energético.
• El sector de los residuos debe ser incluido como un sector de trabajo dentro del plan de adaptación al cambio climático.
• Las migraciones deben ser consideras como elementos de adaptación al cambio climático y se debe proteger los derechos de las personas migradas o desplazadas.

Ayer 4 de mayo el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, MITECO, dio a conocer el II Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) 2021-2030. Amigos de la Tierra celebra la noticia y valora positivamente que el texto haya recogido algunas de las demandas exigidas durante los últimos años por Alianza por el Clima, de la que forma parte Amigos de la Tierra junto a otras 400 organizaciones, en cuanto a la adaptación al cambio climático.

España es uno de los países de la Unión Europea más vulnerables a los impactos de la crisis climática. Ante esta situación resulta especialmente importante contar con un marco de planificación y actuación que fomente la adaptación, de acuerdo con las recomendaciones científicas y las mejoras prácticas a nivel internacional. Todo ello desde un enfoque de justicia climática, que asuma responsabilidades históricas frente al cambio climático y que tenga en cuenta los impactos diferenciados sobre la población en cuanto a las medidas de adaptación que se lleven a cabo, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

Por ello, Amigos de la Tierra valora positivamente la incorporación de la equidad social y territorial dentro de los principios directores, a través de los cuales se integra un enfoque de derechos humanos en todas las medidas del plan. A su vez, ve con buenos ojos la incorporación de los 7 principios transversales a todos los ámbitos de trabajo: vulnerabilidad territorial y social, efectos transfronterizos, perspectiva de género, prevención de la mala adaptación e incentivos perversos, costes y beneficios de la acción y la inacción, y la orientación a la acción. Sin embargo, reclama mayor ambición en ciertas medidas y mayor concreción en las líneas de acción para que se refleje realmente el espíritu de estos principios que deben servir de orientación.

La asociación ecologista demanda la necesidad de que se contemple la gestión y prevención de residuos en el marco de la adaptación al cambio climático. El sector residuos es uno de los grandes emisores de gases de efecto invernadero y uno de los mayores problemas ambientales tanto a nivel estatal como planetario. Además, el Estado español tiene una alta responsabilidad en los efectos causados por la nefasta gestión de residuos fuera de sus fronteras. La reducción de residuos, así como una buena gestión de los mismos, con la implantación del compostaje entre otras medidas, son herramientas necesarias en la creación de comunidades resilientes ante la emergencia climática.

De igual forma, las líneas de actuación en el sector energético deben encaminarse a una reducción del consumo energético a través de medidas técnicas y sociales; medidas de ahorro y eficiencia energética, así como de información y sensibilización enfocadas en un cambio cultural del consumo de la energía. Para este fin, la energía debe considerarse como un derecho fundamental, con ello, además de por principios de sostenibilidad, la descentralización de la producción de energía renovable a través de medidas de impulso de autoconsumo y comunidades energéticas, debe ser prioritaria.

Por último, la organización del ecologismo social valora la inclusión de las migraciones como consecuencia de la emergencia climática,dentro del principio transversal de los efectos transfronterizos. En este sentido reclama la necesidad de seguir en esta línea, y establecer una mayor vinculación entre las políticas migratorias y ambientales, planificando acciones que faciliten la movilidad y aseguren y protejan a las personas consideradas refugiadas climáticas, que se ven obligadas a migrar tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Es vital garantizar el derecho a la movilidad humana, una protección adecuada, el pleno disfrute de los derechos humanos y la acogida e integración de estas personas.

 

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