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Fuente: Comisiones Obreras (CCOO)
Valencia 27
de abril de 2020

EL MINISTERIO DEL INTERIOR PONE EN GRAVE PELIGRO AL PERSONAL PENITENCIARIO VULNERABLE ANTE EL COVID-19

 

• Mientras que las autoridades sanitarias dictaminan que las personas con síntomas y los trabajadores y trabajadoras vulnerables no acudan a sus puestos de trabajo, el Ministerio del Interior incumple estos criterios con el personal penitenciario.

En la última actualización de normas de actuación frente al COVID-19 para los centros penitenciarios, se determina que el personal penitenciario con sintomatología leve y asintomáticos portadores del virus puedan continuar trabajando sin hacer cuarentena o interrumpiéndola a los 7 días. Además, la mayoría del personal se tiene que reincorporar al trabajo sin que se les haga una prueba que demuestre que no contagian.

No existen equipos de protección individual suficientes para todos y nos siguen negando medidas preventivas de bajo coste como tomar la temperatura a cualquier persona que acceda a los centros penitenciarios o la realización de test masivos para conocer el nivel de penetración del virus.

Las prisiones son entornos laborales cerrados, de confinamiento, favorable a los contagios, en los que es muy difícil mantener la distancia de seguridad entre personas y cumplir las normas de limpieza.

En estas condiciones, el Ministerio del Interior, a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, está obligando a trabajar al personal penitenciario especialmente sensible ante el COVID-19, por tener patologías graves previas o más de 60 años, en contra de los criterios científicos y de las autoridades sanitarias.

La incidencia del coronavirus entre el personal penitenciario es superior a la de la población general con más de 290 casos confirmados (245 son trabajadores penitenciarios) y un millar de personas (500 trabajadores y cerca de 500 internos) en investigación para una plantilla de solo 23.000 trabajadores.

Hasta hoy, Instituciones Penitenciarias registra 6 fallecimientos a causa del coronavirus, 4 trabajadores penitenciarios y 2 internos, todos ellos han afectado a personas dentro del colectivo de riesgo señalado por el Ministerio de Sanidad, y se sigue sin tomar ninguna medida específica para proteger a este personal.

CCOO exige que, con carácter de urgencia, se proceda a determinar el aislamiento sanitario en su domicilio, de todo el personal penitenciario vulnerable ante el COVID-19 en Instituciones Penitenciarias.

Esta medida debería haberse realizado desde el inicio de la pandemia. Resulta incomprensible que, en uno de los tres ámbitos con más riesgos según el Ministerio de Sanidad, junto con los hospitales y las residencias de ancianos, se mantenga a personas trabajando con problemas de salud preexistentes. Los efectos del COVID-19 en estas personas pueden agravar sus patologías previas e incluso ser letal para ellas.

Mientras que en el resto de la Administración General del Estado las empleadas y empleados públicos especialmente vulnerables están aislados en su domicilio, Instituciones Penitenciarias les tiene trabajando, exponiendo su vida y sin una protección específica. Esto constituye una discriminación arbitraria e insolente contra el derecho fundamental a la vida y salud del personal penitenciario.

CCOO defiende que lo primero es la vida y la salud, y las prisiones no pueden quedar excluidas de ese derecho. CCOO no quiere más muertes en las prisiones por COVID-19, se pueden y deben evitar.

 

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