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Fuente: Comisiones Obreras (CCOO)
Valencia 13
de marzo de 2020

EL SECTOR PÚBLICO DEBE JUGAR UN PAPEL CLAVE PARA AMORTIGUAR LAS CONSECUENCIAS DE LA CRISIS PROVOCADA POR EL CORONAVIRUS

 

• Para CCOO, es necesaria una respuesta pública decidida y coordinada que proteja la salud de la población y el empleo.

El IPC sitúa su variación anual en el 0,7% en febrero, cuatro décimas por debajo de la registrada en enero, arrastrado por el descenso de los carburantes y combustibles. Esta variación anual de la inflación permite que las rentas laborales –tanto pensiones como salarios pactados- ganen en 2020 poder adquisitivo en términos agregados.

La baja inflación es reflejo de la debilidad de la demanda interna, que previsiblemente será menor durante las próximas semanas por la crisis del coronavirus. El sector público debe jugar un papel clave para amortiguar a corto plazo la caída de ingresos de las personas y empresas más directamente afectadas y adoptar medidas de estímulo de la demanda agregada en los Presupuestos Generales del Estado una vez que haya pasado la epidemia.

A corto plazo, es necesaria una respuesta pública decidida y coordinada que contenga el coronavirus y proteja la salud de la población aumentando la inversión y el gasto en nuestra sanidad pública, en servicios sociales y atención a la dependencia. Igualmente, ante el previsible parón de la actividad económica que va a afectar a numerosas empresas y que puede tener efectos negativos sobre la población trabajadora (finalización de contratos, despidos, suspensiones de contratos…) urge implementar medidas extraordinarias de protección social para que a la crisis sanitaria no se sume una crisis laboral y económica que terminen pagando de nuevo las personas trabajadoras y los sectores más vulnerables. CCOO, UGT y las organizaciones empresariales han presentado al gobierno un conjunto de medidas extraordinarias para enfrentar la problemática laboral generada por la incidencia del nuevo tipo de coronavirus.

Conviene recordar que las subidas salariales no se están traduciendo en subidas de precios, ya que las empresas tienen capacidad de absorberlas al contar con unos márgenes empresariales inflados tras la profunda devaluación salarial sufrida entre 2008 y 2017 (-10,8% real según el IPT).

Asimismo, es necesario derogar la reforma laboral y mandar el mensaje a la población de que se pone fin al ajuste laboral que ha soportado, lo que despejará dudas e incertidumbres en las decisiones de consumo y ahorro.

 

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