• El resultado de anteriores
comprobaciones en centros de estética y dermatología,
junto con nueva información recabada han llevado a
lanzar una macrooperación que afecta a 90 sociedades y
70 médicos especialistas.
• Más de 440 funcionarios de la Agencia se han personado
en 92 locales de las 15 CCAA de régimen común.
• Cerca de un 40% de los especialistas sujetos a
comprobación cuentan con cajas fuertes y se teme que en
algunos locales ni siquiera se permita al cliente el
pago con tarjeta, como ya se ha detectado en casos
anteriores.
La Agencia Tributaria ha puesto en marcha en el día de
hoy una gran operación en las 15 CCAA de régimen común
contra el fraude fiscal en el sector de la cirugía
estética y la dermatología. La operación, denominada ‘Nassus’,
implica el inicio de inspecciones a 90 sociedades y 70
personas físicas, fundamentalmente médicos
especialistas, pero también personas de su entorno
personal y familiar, mediante la personación de
funcionarios del área de Inspección de la Agencia a lo
largo de esta jornada en 92 clínicas de este sector.
El dispositivo desplegado afecta a locales situados en
Andalucía (12), Aragón (4), Asturias (2), Baleares (3),
Canarias (6), Cantabria (1), CastillaLa Mancha (4),
Castilla y León (3), Cataluña (16), Extremadura (1),
Galicia (10), Madrid (11), Murcia (3), La Rioja (1) y
Comunidad Valenciana (15).
La operación ‘Nassus’ ha sido coordinada por el
Departamento de Inspección Financiera y Tributaria,
contando con la participación de 370 funcionarios del
área de Inspección, incluyendo personal de las Unidades
de Auditoría Informática, las UAI, así como el apoyo de
agentes policiales y de 79 funcionarios de Vigilancia
Aduanera de la Agencia Tributaria.
ANTECEDENTES
La operación iniciada hoy, y que continuará a lo largo
de los próximos meses con el propio desarrollo de las
inspecciones que ahora comienzan, surge de un análisis
pormenorizado de los resultados de una serie de
comprobaciones realizadas en los últimos años en
distintos puntos del territorio nacional a sociedades y
profesionales del sector de la cirugía estética y la
dermatología, sumado a la obtención de nueva información
sectorial con relevancia tributaria.
Hay que tener en cuenta, además, el fuerte crecimiento
registrado por el sector en los últimos años: España
ocupa el duodécimo puesto en el ranking mundial de
intervenciones de estética, el cuarto de Europa, con
cerca de 400.000 intervenciones al año.
El análisis realizado por los investigadores de la
Agencia Tributaria puso de manifiesto la existencia de
un importante volumen de ocultación de la actividad
económica real en las sociedades y especialistas
inspeccionados, ocultación que se veía favorecida por el
uso de efectivo como principal medio de pago.
En algunos casos, incluso, y a pesar de las elevadas
sumas que llegan a abonarse para sufragar las
operaciones de cirugía estética, los profesionales ni
siquiera admitían el pago con tarjeta bancaria, algo que
los investigadores de la Agencia temen que se reproduzca
en varios de los locales ahora inspeccionados.
Así, la experiencia acumulada hizo aconsejable la
realización de la presente actuación coordinada a nivel
nacional, al objeto de acceder directamente a la
documentación e información contable o auxiliar real
existente en las clínicas y consultas médicas, incluidos
los sistemas informáticos de procesamiento de la
información.
EFECTIVO Y CAJAS FUERTES
Para la selección de las sociedades y personas físicas
objeto de los registros e inspecciones, la Agencia tuvo
en consideración una serie de ratios económicas (algunas
de las sociedades llegaban a declarar pérdidas en los
últimos años, mientras sus socios y administradores –los
médicos– mostraban claros signos externos de poder
adquisitivo no acordes con esa situación económica de la
sociedad).
Al mismo tiempo, para un uso tan extendido del efectivo
como medio de cobro, que lógicamente dificulta la
trazabilidad de las operaciones, los profesionales
contaban con la ventaja de una característica común a la
mayoría de sus clientes: son particulares sin derecho a
la deducción de gasto alguno por los tratamientos
recibidos.
Por la información de la que dispone la Agencia, algunos
de los profesionales ahora inspeccionados no hacían
ningún cobro con tarjeta: todo era en efectivo o, en
menor medida, por transferencia. En otros casos, en
cambio, el porcentaje de cobro con tarjeta era
especialmente elevado, lo que podría poner de manifiesto
la ocultación de parte de los ingresos en efectivo.
De cualquier forma, y con independencia de la distinta
proporción de los medios de cobro empleados en cada
local, el uso del efectivo entre los inspeccionados está
claramente extendido. Muestra de ello es que un 40%
aproximadamente de las personas físicas afectadas por la
operación cuentan con cajas fuertes de su propiedad.
EFECTO DISUASORIO
Durante las comprobaciones que ahora comienzan, se
regularizarán las cuotas tributarias que correspondan,
tanto en IVA como en el IRPF y el Impuesto sobre
Sociedades, analizando la posible interposición de
sociedades en el proceso de facturación de las
operaciones, así como las consecuencias fiscales
derivadas de ostentar, en su caso artificialmente, la
titularidad de activos y patrimonios de uso personal a
través de estructuras societarias.
Pero, además de facilitar la detección y regularización
del fraude fiscal, operaciones sectoriales coordinadas
como la que ahora comienza persiguen adicionalmente dos
objetivos de interés para la Agencia Tributaria. Por un
lado, contrastar con hechos y pruebas el funcionamiento
del sector, disponiendo de información sobre las ratios
económicas reales, la estructura de costes, los medios
de cobro, etc; por otro, transmitir un mensaje
disuasorio a los colectivos involucrados en estas
prácticas, que no solo tienen impacto en las arcas
públicas, sino que también distorsionan gravemente la
competencia en el propio sector, de manera que se logre
reconducir su comportamiento hacia el correcto pago de
sus obligaciones tributarias.
Con estos objetivos la Agencia ha desarrollado en los
últimos años un total de 17 macrooperaciones sectoriales
coordinadas a nivel nacional (sin contabilizar aún la
operación Nassus), con más de 1.600 expedientes
iniciados, de los cuales se han finalizado ya más de
1.100, con un importe total liquidado de 258 millones de
euros. La Agencia prevé hacer un seguimiento del
comportamiento de estos contribuyentes en los años
posteriores a las inspecciones. |
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