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Fuente: Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)
Valencia 02
de octubre de 2019

OCU PRESENTE COMO ACUSACIÓN POPULAR EN LA DECLARACIÓN DE SARACHO EN LA AUDIENCIA NACIONAL

 

• Emilio Saracho Sánchez Torres, último presidente de la entidad antes de su resolución ha sido citado a declarar en la Audiencia Nacional.
• OCU como acusación popular ha asistido al interrogatorio en representación de todos los afectados por la quiebra del banco.
• Confía en que los tres meses previstos para las declaraciones que hoy se han iniciado con la de Saracho, sirvan para clarificar quiénes son los responsables del colapso del Banco Popular que llevó a la ruina a los miles de inversores a los que representa.

Trascurridos más de dos años desde que se hizo pública la resolución y venta del Banco Popular hoy ha comparecido en calidad de investigado en la Audiencia Nacional el último presidente de la entidad Emilio Saracho, iniciándose así una fase de declaraciones que se prolongará al menos hasta el próximo día 11 de diciembre.

El origen de esta comparecencia se sitúa en la querella que OCU presentó en junio de 2017, inmediatamente después de la resolución del Banco, ante la Audiencia Nacional contra los antiguos administradores del Banco (D. Angel Ron, D. Pedro Larena, D. Roberto Higuera, D. Pedro Barrio) y PricewaterhouseCoopers por presuntos delitos de falsedad de cuentas anuales y estafa a inversores, que fue admitida a trámite en octubre de 2017.

En el procedimiento OCU ejerce el papel de acusación popular en representación de todos los afectados por la quiebra del banco, lo que le da derecho a asistir y participar en el interrogatorio. Por su complejidad, la instrucción del procedimiento se ha divido en dos piezas separadas, la que tiene que ver con la ampliación de capital del año 2016 y la que tiene que ver con las presuntas manipulaciones del mercado llevadas a cabo en la última etapa del banco. Se trata por tanto de delitos conexos que se investigan en la misma causa.

El contenido de las declaraciones sumariales es reservado, pero OCU confía en que sirvan para acreditar las actuaciones de falsedad contable y estafa a inversores, previsiblemente iniciadas al menos desde el año 2012 y que acabaron aflorando en el 2017 con la resolución del Banco y su venta por un euro al Banco Santander, que provocaron que un Banco que declaraba a sus inversores un patrimonio neto superior a los 11.000 millones de euros, acabara considerándose que tenía un valor real negativo entre – 2.000 y -8.200 millones de euros.

La Organización confía en que al final de este procedimiento se determine la responsabilidad penal de quienes fueron responsables de la quiebra del banco para no dejar impune esta actuación.

Recuerda que además de la querella en la vía penal, y con la finalidad de que sus miles de representados recuperen amparados por la Justicia las inversiones perdidas, OCU ya presentó el pasado 9 de mayo, su primera demanda civil para representar a 300 socios que acuden a los tribunales para reclamar un importe total de más de 7.500.000 de euros más intereses y costas.

Con posterioridad ha seguido presentando demandas en nombre de cientos de accionistas perjudicados por la resolución y tiene en marcha una campaña para defender los intereses de los pequeños accionistas y que aún está disponible para todos aquellos que quieran inscribirse e incorporarse a las demandas que seguirá planteando en defensa de todos los perjudicados. Los afectados también pueden contactar a través del teléfono 900 907 406.

 

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