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• Ecologistas en Acción se muestra
estupefacta por las declaraciones del alcalde y la
vicealcaldesa de Madrid de que ellos no son responsables
de la denuncia de la Comisión ante el Tribunal de
Justicia Europeo. Nada más lejos de la realidad: un
repaso a los hechos muestra cómo tanto desde los
sucesivos gobiernos del PP, como desde la oposición, han
negado siempre que tuviéramos un grave problema de
contaminación del aire, y han tratado de boicotear
medidas de otros grupos para mejorar la situación, como
el Plan A o Madrid Central.
El Gobierno municipal y sus máximos responsables
políticos están argumentando que "la decisión del
colegio de Comisarios Europeos de llevar a España ante
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por los
reiterados incumplimientos en materia de calidad del
aire no es una consecuencia de las políticas llevadas a
cabo por este equipo de Gobierno, que apenas lleva mes y
medio al frente de la Administración". Un repaso a la
historia de la contaminación por dióxido de nitrógeno en
la capital muestra una situación muy diferente.
La conocida como primera directiva hija (Directiva
1999/30/CE), que se traspuso a la legislación española
con el RD 1073/2002, fijaba ya los niveles de dióxido de
nitrógeno que se tenían que cumplir el 1 de enero de
2010, fecha en la que serían de obligado cumplimiento.
Para ello daba un amplio margen de tolerancia de diez
años para adoptar medidas que permitieran cumplir ese
objetivo. Pasó una década y llegamos a 2010 sin acciones
eficaces y superando los niveles máximos permitidos.
Conviene recordar que Álvarez del Manzano era alcalde
desde 1991, fue sustituido por Ruiz-Gallardón en 2003 y
este por Ana Botella en 2011, hasta que el PP perdió la
alcaldía en 2015 en beneficio de Manuela Carmena.
Los gobiernos del PP siempre se esforzaron en minimizar
y banalizar el tremendo problema de salud pública que
supone la mala calidad del aire (la contaminación por
dióxido de nitrógeno, generado sobre todo por el
tráfico, mata en España a 8.900 personas cada año, según
la OMS). La hemeroteca está plagada de declaraciones en
este sentido, como las de Ana Botella afirmando que "el
paro asfixia más que la contaminación".
Ya con los límites legales por dióxido de nitrógeno
vigentes y rebasándolos sistemáticamente, la alcaldesa
Botella centró sus esfuerzos no en reducir la
contaminación a niveles tolerables, sino a conseguir una
prórroga de cinco años para evitar el cumplimiento de la
norma.
El Gobierno de Botella presentó un plan a Bruselas, pero
esa petición de prórroga hasta 2015 no fue admitida por
la Comisión porque, según argumentaron, resultaba
"necesario incluir medidas de reducción de la
contaminación más estrictas". A pesar de ese revés, el
documento se convirtió, sin cambiarle ni una coma, en el
Plan de Calidad del Aire de la Ciudad de Madrid
2011-2015. El final de este episodio es imaginable: tal
y como había vaticinado la Comisión, el plan fue incapaz
de reducir la contaminación para ajustarse a la ley.
Cuando en 2015 llegó al poder municipal la nueva
corporación de Ahora Madrid hubo un cambio radical de
discurso: se admitió sin tapujos un serio problema de
calidad del aire, se endurecieron y aplicaron protocolos
de actuación en situaciones de alta contaminación y se
empezaron a redactar una estrategia, el Plan A, de la
cual Madrid Central es una de sus treinta medidas. Fue
en esta legislatura cuando la Comunidad de Madrid y el
grupo municipal del PP intentaron bloquear tanto el
protocolo como el propio Plan A y la Ordenanza de
Movilidad Sostenible que lo sustentaba, mediante todo
tipo de recursos legales e incluso acciones de una gran
deslealtad institucional, como los boicoteos al refuerzo
del transporte público que se ejerció ante todas las
medidas que trataba de aplicar el Ayuntamiento.
Lo más paradójico, y lo que más ha enervado a Bruselas,
es que estas actuaciones partidistas se hacían en contra
del acuerdo al que habían llegado con el Gobierno de
Rajoy para frenar el procedimiento de infracción contra
España. Es sabido que en enero de 2018 la principal baza
que aportó el Gobierno de España para conseguir esta
paralización fueron los planes de actuación de Madrid
(el Plan A) y Barcelona.
La gota que ha colmado el vaso ha sido el intento,
frenado por los tribunales, de dejar sin efecto Madrid
Central mediante la suspensión del sistema de multas.
Después de una actuación tan desleal contra el plan que
había permitido la prórroga por el mismo partido que la
solicitó, una actuación así no podía quedar sin un
reproche claro por parte de la Comisión Europea.
En definitiva, para Ecologistas en Acción los mismos
políticos que ahora tratan de eximirse de
responsabilidad ante esta denuncia europea son
claramente los mismos que han pecado de inacción ante la
contaminación o, peor aún, de boicotear los únicos
intentos serios para solucionar este grave problema de
salud pública. |
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