• Madrid y Barcelona han excedido los
límites de contaminación año tras año desde que entró en
vigor la normativa europea en 2010.
• La incertidumbre generada con Madrid Central y la
ausencia de un plan alternativo, principales causas para
que la Comisión Europea reactive el expediente
sancionador.
• España se enfrentará ahora a un proceso sancionador
que podría acarrear multas de hasta 1.600 millones de
euros.
La Comisión Europea acaba de confirmar que reactiva el
procedimiento sancionador contra España por incumplir
los niveles de contaminación en las ciudades de
Barcelona y Madrid. España se suma así al grupo de
países que serán llevados al Tribunal de Justicia
Europeo, enfrentándose a un proceso sancionador que
podría acarrear multas de hasta 1.600 millones de euros.
La decisión confirmada hoy acaba con la paralización del
expediente que, desde hace más de un año, permanecía en
suspenso gracias a las medidas aprobadas por ambas
ciudades, como las zonas de bajas emisiones (ZBE) o los
protocolos anticontaminación. En su comunicado, la
Comisión Europea afirma que la decisión está motivada
por el incumplimiento reiterado de los límites legales
de NO2 en las zonas urbanas de Madrid, Barcelona y
Vallès-Baix Llobregat.
“No hay más tiempo para excusas, es hora de actuar”, ha
afirmado hoy el Comisario Europeo de Medio Ambiente,
Karmenu Vella, quien ha añadido que España ha incumplido
sistemáticamente los niveles de NO2 desde 2010.”
Preguntado sobre Madrid Central, ha respondido “aunque
nosotros no trabajamos sobre medidas concretas, pedimos
a las administraciones que implanten medidas efectivas
-nacionales, regionales y locales- para cumplir con la
directiva que, al fin y al cabo, beneficia a la
población”.
SANCIÓN POR UN AIRE ILEGAL
Greenpeace responsabiliza a los gobiernos de Madrid y
Barcelona, que ignoraron el problema de la contaminación
negándose a tomar medidas contra los vehículos
contaminantes. Pese a que la Directiva 2008/50/UE entró
en vigor en 2010, Madrid no implantó su Protocolo
Anticontaminación hasta 2015 y Barcelona no lo hizo
hasta 2017. En cuanto a las medidas estructurales, la
ZBE de ‘Madrid Central’ anunciada en 2014 no vio la luz
hasta finales de 2018, mientras que la ZBE de Barcelona
entrará en vigor en enero de 2020. Medidas que, pese a
su tardanza, se han demostrado efectivas, tal y como
demuestran los resultados de Madrid Central, que ha
reducido la contaminación a su valor más bajo en 10
años.
Antes de estas medidas, los gobiernos habían ignorado
los reiterados avisos de la Unión Europea en materia de
contaminación. Durante los episodios de contaminación de
2011, la Delegada de Medioambiente en Madrid, y
posterior alcaldesa, Ana Botella, llegó a afirmar que
“la contaminación nunca es un problema sanitario” y que
“lo que de verdad asfixia es el paro”. Madrid no limitó
los vehículos contaminantes hasta el año 2015, cuando
entró en vigor el primer protocolo anticontaminación.
Igualmente preocupante es la tendencia en Barcelona.
Medidas necesarias como la unión del tranvía, el
proyecto de supermanzanas o la extensión de la red de
carriles bici han sido fuertemente criticadas por
quienes defienden que el diseño urbano siga priorizando
al automóvil frente al resto de modos de transporte. A
juicio de Greenpeace, la Zona de Bajas Emisiones que
entrará en vigor en 2020 es necesaria pero insuficiente,
motivo por el que se insiste en la necesidad de
establecer un peaje urbano y medidas contra la
saturación marítima y aérea que sufre la ciudad.
LA SUSPENSIÓN DE MADRID CENTRAL, DETONANTE PARA LA
REACTIVACIÓN
Fuentes europeas han confirmado que los recientes hechos
relacionados con la suspensión de Madrid Central han
sido determinantes para reactivar las sanciones. El
nuevo Ayuntamiento de Madrid llegó a paralizar las
multas en el área de Madrid Central el 1 de julio, una
decisión fuertemente contestada por la ciudadanía, que
finalmente tumbó la justicia, gracias al recurso
judicial interpuesto por Greenpeace y Ecologistas en
Acción cuatro días después.
“Ya advertimos que la incertidumbre generada por el
Ayuntamiento de Madrid, que llegó al poder prometiendo
acabar con Madrid Central, podría acarrear graves
sanciones de Bruselas” afirma Adrián Fernández,
responsable de Movilidad de Greenpeace. “Los recientes
hechos han minado la confianza de los comisarios
europeos, quienes no se fían de un Ayuntamiento que, a
día de hoy, todavía no ha presentado un plan
alternativo“. Sobre este aspecto, Fernández defiende que
“no hay ninguna receta contra la contaminación que no
pase por reducir el número de automóviles“.
HASTA 1.600 MILLONES DE EUROS EN SANCIONES
A partir de ahora, el expediente queda en manos del
Tribunal de Justicia Europeo de Luxemburgo, que
estudiará los resultados trasladados por la Comisión
Europea. Se trata de un largo procedimiento que podría
demorarse varios años y que está condicionado a las
medidas que se tomen en las áreas afectadas.
Por este motivo, Greenpeace considera que Madrid y
Barcelona tienen la responsabilidad legal de cumplir con
todos los programas acordados para garantizar la calidad
del aire, sin admitir rebajas sobre las medidas ya en
marcha. La organización ecologista recuerda que el 75%
del dióxido de nitrógeno (NO2) en las ciudades lo causa
el tráfico rodado, por lo que solo a través de medidas
que restrinjan el tráfico se podrá cumplir con los
niveles que marca Europa. Según la Agencia Europea de
Medio Ambiente, en España son atribuibles al NO2 casi
9000 muertes prematuras anuales. |
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