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Fuente: Generalitat Valenciana
Valencia 23
de julio de 2019

SOLER: "EL CONSELL MANTIENE UN DIÁLOGO CONSTANTE Y FLUIDO CON EL GOBIERNO CENTRAL PARA MEJORAR LA VIDA DE LAS VALENCIANAS Y VALENCIANOS"

 

• Las apreciaciones técnicas a la Ley de Medidas están todas resueltas en la Comisión Bilateral y ahora se está en proceso de intercambio de información sobre la Ley de Presupuestos.
• Soler revela que la Comunitat Valenciana perdió 446,5 millones de 2014 a 2018 "porque el anterior Consell reguló tarde el impuesto a la banca".

El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ha señalado que "el Consell mantiene un diálogo constante y fluido con el Gobierno central para mejorar la vida de las valencianas y los valencianos".

"En esta colaboración, se enmarcan las Comisiones Bilaterales de Cooperación, que reúnen a representantes de ambas administraciones para solucionar cualquier discrepancia que pueda existir, y que este ejercicio han permitido acuerdos en materia de calidad agroalimentaria, retribuciones de empleados públicos, policía local o caza, entre otros temas", ha explicado Soler

"Las apreciaciones técnicas formuladas a la Ley de Medidas ya están todas resueltas, y ahora estamos intercambiando información con el Gobierno central sobre la Ley de Presupuestos, dentro de un clima de cordialidad y cooperación. De hecho, el Gobierno central ha convocado Comisiones Bilaterales sobre presupuestos a todas las comunidades autónomas", ha apuntado Vicent Soler.

El conseller ha señalado que "las comisiones bilaterales son un instrumento "habitual y útil", que ha sido utilizado en diferentes legislaturas y que "en la anterior etapa incluso fue objeto de discrepancias de bastante envergadura y con graves repercusiones para los valencianos".

Asimismo, Vicent Soler, quien ha detallado y pormenorizado todos los temas que se ha tratado en el marco de estas comisiones bilaterales, se ha mostrado "satisfecho" de comparecer a petición de grupo parlamentario popular para dar explicaciones ante la Diputación Permanente de Les Corts Valencianes, y ha contrapuesto su disposición a la "actitud de bloqueo" que mantenía el Consell en la anterior etapa.

"El Estado y las comunidades autónomas están sometidos recíprocamente a un deber general de cooperación, que es esencial para el modelo de organización territorial del Estado. En este sentido, el Consell trabaja y mucho, haciendo uso de todos los instrumentos a su alcance, para que esta colaboración permita mejorar la vida de los valencianos", ha indicado el conseller.

APRECIACIONES TÉCNICAS A LA LEY DE ACOMPAÑAMIENTO

Durante su comparecencia en la Diputación Permanente, Vicent Soler ha detallado las apreciaciones técnicas formuladas a los artículos 40, 69 y 70 de la Ley 27/2018 de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y financiera y de Organización de la Generalitat.

Así, el conseller ha señalado que se ha tratado el artículo 69 de la Ley de Medidas que modificaba el artículo 12.1 de la Ley de Caza de la Comunitat Vaelnciana (ley 13/2004, de 27 de diciembre), que eliminaba la prohibición de caza en cebaderos para aves migratorias, entre las que se encuentra la tórtola europea, ya que la el Plan de Acción Europeo de la Tórtola Europea aprobado en 2018 propugnaba una moratoria temporal a la caza de esta especie en España.

Este punto ya se ha incluido en la Resolución del director general de Medio Natural y Evaluación Ambiental que desarrolla la Orden 1/2019 donde se establece una moratoria en la caza de esta especie de ave migratoria, y que fue publicada en el DOGV el 15 de julio.

Por otra parte, el artículo 70 de la Ley modifica los artículos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 de la Ley de Medidas Administrativas y de Modificación del Texto Articulado de la Ley de Bases de Tasas de la Generalitat. A estos artículos, que regulan el ejercicio de la potestad sancionadora sobre el control de la calidad agroalimentaria, se les ha dado una redacción que es literalmente igual a la que ya teníamos en el Decreto 153/1996.

Asimismo, se compromete a la derogación del artículo 19.2 de la Ley 12/1994 a través de la Ley de Medidas de 2019/2020 considerando así la posibilidad de reevaluar esta regulación para evitar solapamientos entre la normativa autonómica y la estatal tras la regulación estatal de 2015.

La tercera apreciación técnica ha sido la referida a la Disposición Adicional quinta a la Ley de Medidas que igualaba los complementos específicos de los odontólogos de unidades de apoyo de atención primaria, a los percibidos por los facultativos especialistas, según las tablas retributivas vigentes para cada anualidad, a partir del 1 de enero de 2019.

"Se trataba de una mejora salarial para los facultativos que trabajan en la primera línea de atención al paciente con la finalidad de recompensar la labor que ejercen, que muchas veces no se valora en su justa medida", ha indicado Soler.

"No obstante, el Estado ha entendido que por razones presupuestarias no era posible aplicar esta medida, dado que este colectivo ya se había beneficiado de un incremento del 2,25% en sus retribuciones, de forma que el incremento global se situaba ligeramente por encima del fijado en el artículo 3.2 del Real Decreto Ley 24/2018", ha explicado Soler.

En este punto, el conseller ha explicado que "los empleados públicos son fundamentales para el buen gobierno de un país. Nuestro estado del bienestar se basa en la prestación de unos servicios públicos de calidad a la ciudadanía y estos servicios dependen en última instancia de la profesionalidad de los empleados públicos. Por eso queríamos reconocer su esfuerzo y dedicación".

Otro de los puntos expuestos por el conseller ha sido la introducción, a través del artículo 40 de la Ley de Medidas, de la Disposición Adicional 13 a la Ley 17/2017 de 13 de diciembre de Coordinación de la Policía Local.

El pasado 12 de julio el Consell aprobó un Decreto que establecía las bases y criterios generales para la selección, promoción y movilidad de todas las escalas y categorías de los cuerpos de la Policía Local de la Comunitat Valenciana.

Ahora bien, a raíz de la promulgación del Real Decreto 1449/2018 que permitía la jubilación anticipada de los policías locales, era necesario cubrir las plazas que quedaron vacantes como resultado de este procedimiento.

Por esta razón, el Consell mediante la Ley 27/2018 trató de encontrar el instrumento necesario para que los ayuntamientos pudieran nombrar personal funcionario interino en sus cuerpos de policía local de manera temporal. Estos interinos, que estarían hasta el 31 de diciembre de este año, no podrían llevar armas de fuego, ya que sus funciones serían las de policía administrativa, custodia de edificios, medio ambiente, tráfico y seguridad vial.

"Se trata por tanto de una medida temporal para paliar una necesidad coyuntural de una situación que deriva, entre otras, del rechazo a los Presupuestos Generales del Estado de 2019 por parte del Partido Popular, Ciudadanos y los independentistas catalanes, ya que esta ley preveía aplicar a la oferta de empleo de 2019 las bajas que se produjeran como consecuencia del avanzamiento de la edad de jubilación", ha lamentado Soler.

"Desde el Consell siempre hemos apostado por una policía local profesionalizada, capaz de dar respuesta a las necesidades que demanda la ciudadanía. Sin embargo, el Partido Popular, cuando ha habido oportunidad de mejorar las condiciones laborales de los valencianos, ha votado en contra", ha indicado el conseller.

APRECIACIONES TÉCNICAS A LA LEY DE PRESUPUESTOS

Por lo que respecta a la Ley de Presupuestos, las apreciaciones técnicas manifestadas por el Gobierno central invitan a la Comunitat Valenciana a participar a través de la línea de cooperación prevista en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

En primer lugar, Vicent Soler se ha referido al artículo 34 y al régimen retributivo del personal laboral al servicio de las entidades y sujetos incluidos en su ámbito de aplicación.

Este precepto tiene como objetivo habilitar a la Generalitat para autorizar, excepcionalmente, incrementos adicionales en la masa salarial de aquellas entidades que reciben subvenciones de naturaleza corriente, de carácter finalista y consolidables para poder atender adecuadamente los servicios públicos asociados a la transferencia finalista.

"Estamos hablando de trabajadores que prestan un servicio público básico a los valencianos como por ejemplo, los que trabajan en Ferrocarriles de la Generalitat. Una entidad que en la anterior etapa sufrió una dramática falta de inversión", ha subrayado Soler.

"Es por ello, que desde el Consell buscamos todos los mecanismos a nuestro alcance para ampliar plantilla y mejorar los servicios nocturnos, la frecuencia y asegurar la calidad y seguridad del servicio a los usuarios", ha afirmado Soler.

A continuación, el conseller se ha referido a la Disposición Adicional 11 referente al pago aplazado. "El Consell recurrió a esta figura desde finales de los años 90 hasta aproximadamente el 2011 y, aunque hoy ya no se utiliza esta modalidad, muchos de los contratos siguen todavía en vigor y generan obligaciones de pago que ha de atender este gobierno", ha indicado Soler.

La Cuenta General de 2018 recoge en la Cuenta 411 gastos derivados de contratos de obra con claúsulas de pago aplazado que ascienden a 532 millones procedentes de la anterior etapa.

En tercer lugar, Vicent Soler se ha referido a la Disposición Adicional 26 del régimen de carrera profesional horizontal del personal funcionario y laboral de las universidades públicas valencianas.

"Este Consell considera de justicia social la aplicación de la carrera profesional al personal de la Administración y al servicio de las universidades en las mismas condiciones", ha destacado el conseller, "quien ha invitado al grupo parlamentario popular a manifestar si está en contra de mejorar las condiciones de estos empleados públicos", ha reclamado el conseller.

"Desde el Consell se ha propuesto la implantación progresiva de la carrera en las universidades, 33% en 2017, 66% en 2018 y 100% para 2019; y así se recoge en la Ley de Presupuestos de 2018, siempre dentro de los límites que sobre retribuciones establece la Ley de Presupuestos Generales del Estado", ha informado Soler.

Por último, Soler se ha referido a la Disposición Adicional 30 respecto a los complementos específicos de los lugares de trabajo del cuerpo de médicos forenses adscritos a los institutos de medicina legal y ciencias forenses.

"Este incremento ha quedado absorbido por la distribución autorizada, mediante acuerdo del Consell de 12 de abril del presente año, del 0,25 de masa salarial adicional, que para el presente ejercicio habilitaba la normativa básica en la materia", ha explicado Soler.

SOLER: "PERDIMOS 446 MILLONES POR NO REGULAR EL TRIBUTO A LA BANCA"

"Como han podido comprobar a través de mi relato, las comisiones bilaterales que hemos celebrado con el Estado se refieren a aspectos técnicos y acaban en acuerdos que ponen fin a las discrepancias, en el marco de un diálogo que consideramos necesario y positivo entre el Estado y las comunidades autónomas", ha indicado el conseller de Hacienda.

"Ustedes en cambio no pueden decir lo mismo, ya que las discrepancias que les planteaba el Gobierno central de su mismo partido cuando estaban en el Consell acabaron en más de una ocasión en un recurso de inconstitucionalidad, que además, acabaron perdiendo", ha apuntado Soler.

En este sentido, ha añadido el conseller de Hacienda y Modelo Económico, "aprobaron ustedes una Ley de medidas que hacía una previsión para 2013 del establecimiento de un tributo sobre depósitos bancarios, que otras comunidades autónomas venían recaudando desde 2002, como Extremadura, y posteriormente Andalucía y Canarias".

"Ustedes dejaron perder durante años esa recaudación, y cuando actuaron, que ya era tarde, además lo hicieron mal. El Gobierno de Rajoy aprobó un impuesto estatal sobre depósitos bancarios a tipo 0%, para bloquear que las autonomías pudieran fijar este gravamen y estableció medidas de compensación en favor de las comunidades autónomas que establecieron el suyo antes del 1 diciembre de 2012".

"De esta forma la negativa inicial del Consell de aquella época a regular este tributo, tal y como le solicitamos desde la oposición, y el intento tardío de aprobar el impuesto, hizo que desde 2014 a 2018 la Comunidad Valenciana perdiera 446,5 millones de euros, un dinero que hubiera representado mejoras importantes de servicios para todos los valencianos", ha lamentado Soler.

 

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