• Un estudio sobre personas venezolanas
que huyeron de su país ha revelado que la mitad (50,2 %)
de las familias entrevistadas enfrentó o continúa
enfrentando riesgos específicos durante su viaje, debido
a su edad, género, estado de salud u otras necesidades,
o porque tuvieron que tomar decisiones drásticas para
salir adelante, como la mendicidad, enviar a sus hijos a
trabajar o incluso recurrir al sexo de supervivencia.
Estos son algunos de los hallazgos del estudio publicado
hoy por ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados.
Los resultados se basan en entrevistas realizadas a
7.846 personas en varios países de América Latina y el
Caribe entre enero y junio de 2019, en las cuales
contestaron preguntas sobre sus experiencias y las de
sus familias.
Si bien los gobiernos de la región han otorgado permisos
temporales de diferentes tipos a los venezolanos, el 34
% de las personas entrevistadas afirmó no tener ningún
tipo de documentación, ya sea porque habían ingresado a
un país de manera irregular o porque sus permisos habían
expirado. El resto tenía visas de turista o temporales,
y solo el 4 % tenía residencia permanente.
El 15% de los entrevistados había solicitado asilo, y
otro 26 % indicó que tenía intención de hacerlo. Entre
las personas que no manifestaron tener la intención de
presentar una solicitud, la mayoría desconocía sus
derechos y los procedimientos existentes, y algunos
creían erróneamente que solicitar asilo les impediría
volver algún día a sus hogares. Es importante señalar
que, a pesar del número relativamente bajo de las
solicitudes presentadas hasta ahora, los sistemas de
asilo en la región están desbordados.
Alrededor del 66 % de los entrevistados declaró que se
encontraba sin empleo o que estaba trabajando de manera
informal, y el 43 % afirmó tener dificultades para
encontrar alojamiento, principalmente debido a la falta
de dinero y documentos, así como a la discriminación por
su nacionalidad.
Las entrevistas realizadas en Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Ecuador, Perú, República Dominicana y Uruguay,
son parte de los esfuerzos coordinados de la Agencia de
la ONU para los Refugiados, municipios, ONG socias y
ministerios públicos, para tener un panorama integral de
los riesgos de protección y de la falta de acceso a
derechos a los que se enfrentan los venezolanos en los
países de tránsito o destino, así como sus necesidades.
La recopilación de información de protección detallada
es fundamental para garantizar que el análisis y las
respuestas sean coherentes, oportunos y basados en la
evidencia, así como para identificar vacíos en la
atención y la prestación de servicios.
El estudio, que se ha realizado utilizando una
herramienta de monitoreo de protección estandarizada, ya
ha dado lugar a acciones concretas, puesto que los
entrevistadores pudieron realizar derivaciones de
quienes identificaron como personas en situación riesgo
para que recibieran ayuda y seguimiento. De esta manera,
entre enero y junio, más de 1.500 personas fueron
referidas para asesoramiento u otros servicios.
El monitoreo de protección sigue llevándose a cabo para
ofrecer un panorama y un análisis más detallados de la
situación de los aproximadamente 3,3 millones de
venezolanos que se encuentran actualmente en otros
países de América Latina y el Caribe.
Debido a los riesgos asociados con la falta de
documentos, ACNUR acoge con beneplácito la hoja de ruta
acordada por los gobiernos de la región el pasado 5 de
julio en Buenos Aires para facilitar la integración de
las personas refugiadas y migrantes de Venezuela,
incluso mediante el refuerzo de los procedimientos de
registro y documentación. La hoja de ruta forma parte
del Proceso de Quito, una iniciativa liderada por los
gobiernos con el objetivo de armonizar las políticas y
prácticas estatales, coordinar la respuesta humanitaria,
y mejorar el acceso a los servicios y derechos para las
personas refugiadas y migrantes de Venezuela.
Para complementar los esfuerzos realizados por los
Estados y para responder a las necesidades de
protección, asistencia e integración de los refugiados y
migrantes de Venezuela, en abril de 2018 se creó la
Plataforma Regional de Coordinación Interagencial, y en
diciembre del mismo año se lanzó el Plan Regional de
Respuesta para Refugiados y Migrantes (RMRP). |
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