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• La Agencia Catalana de Consumo archiva
1.081 denuncias bajo el argumento de que cuando se
vendieron los vehículos afectados la empresa no estaba
obligada a informar sobre los niveles de emisiones de
NOx.
La Agencia Catalana de Consumo ha notificado a FACUA-Consumidores
en Acción su decisión de archivar 1.081 denuncias de
vehículos afectados por el fraude de Volkswagen bajo el
argumento de que cuando se vendieron la empresa no
estaba obligada a informar sobre los niveles de
emisiones de Dióxidos de Nitrógeno (NOx), pasando por
alto que hizo creer a los usuarios que cumplía la
normativa europea que establece determinados límites a
dichas emisiones. La asociación considera escandaloso
que el organismo público encargado de velar por los
intereses de los consumidores en Cataluña reconozca el
fraude pero decida poner los intereses de la compañía
por encima.
FACUA denunció a la empresa en representación de cientos
de sus socios afectados ante el organismo catalán de
protección a los consumidores por llevar a cabo una
práctica comercial desleal, dado que los niveles de
emisiones que declaraban en su publicidad comercial eran
descaradamente inferiores a los niveles reales. Sin
embargo, la Agencia Catalana de Consumo prefiere no
entrar a valorar esta circunstancia, pese a que reconoce
que la multinacional alemana mintió a los consumidores.
"Hay que concluir que la práctica comercial denunciada,
pese a tener su origen en un comportamiento ilícito del
fabricante, no pone de manifiesto indicios suficientes y
razonables de infracción en materia de protección de las
personas consumidoras", concluye la Agencia.
La asociación considera bochornosa la respuesta de la
Agencia y que deje así desprotegidos los intereses de
los numerosos consumidores afectados por este fraude
masivo. Para el organismo de protección a los
consumidores catalán es suficiente, ante este
"comportamiento ilícito", la información dada por la
propia Volkswagen que, ante el fraude, ha "acreditado
documentalmente la ejecución de determinadas medidas
correctoras a efectos de subsanar el vicio reconocido",
indica el jefe del Servicio de Inspección y Control de
Mercado de la Agencia en su respuesta a la asociación. Y
esto, pese a que la propia Dirección General de Tráfico
(DGT) haya reconocido ante el juez de la Audiencia
Nacional que instruye la causa contra Volkswagen que
avala las reparaciones de Volkswagen sin "conocimientos
ni competencias".
Volkswagen manipuló los vehículos diésel con motores TDI
1.2, 1.6 y 2.0 EA 189 de sus marcas Volkswagen, Seat,
Skoda y Audi con un software que les permitía pasar los
exámenes de emisiones previos a la puesta en circulación
de los nuevos modelos pero que una vez en carretera
dejaban que los coches contaminasen muy por encima de
los límites legales. El fraude, que se conoció
públicamente a finales de 2015 y afecta a alrededor de
11 millones de vehículos en todo el mundo, tiene casi
700.000 en España.
INACCIÓN DE LAS AUTORIDADES DE CONSUMO
Desde que se conoció la magnitud del fraude masivo,
pocas han sido las actuaciones llevadas a cabo por las
autoridades autonómicas de protección a los consumidores
en defensa de éstos. FACUA denunció a la multinacional
ante los diecisiete organismos de Consumo de los
gobiernos autonómicos por vulnerar sus respectivas leyes
de defensa de los consumidores. La mayor parte
decidieron archivar directamente (La Rioja, Comunidad
Valenciana, País Vasco) o trasladar los expedientes a
Cataluña (Asturias, Navarra, Murcia, Canarias), con el
argumento de que se trata de la autoridad competente por
razón de territorialidad y estar en esta comunidad
autónoma la sede social de la multinacional en España, a
pesar de que el fraude afecta a consumidores de todo el
territorio estatal. Castilla y León decidió trasladar su
expediente a Cataluña, pero ante el recurso de FACUA,
decidió retomarlo, aunque no ha informado sobre las
actuaciones llevadas a cabo desde entonces.
Tres años después, la asociación desconoce qué acciones
ha llevado a cabo (en el caso de haber desarrollado
alguna) la Dirección General de Consumo de la Comunidad
de Madrid, que en 2016 se limitó a acusar recibo de la
denuncia de FACUA. Tampoco informan sobre sus
actuaciones sus homólogos de Extremadura y Aragón.
Por su parte, el Instituto Galego de Consumo, único
organismo que decidió comenzar a sancionar a la
compañía, dejó las multas en suspenso mientras esté
abierto el procedimiento penal en la Audiencia Nacional
contra Volkswagen. Castilla-La Mancha, Baleares y
Andalucía se iniciaron expedientes sancionadores pero
los han dejado también en suspenso a la espera de la
resolución de la Audiencia Nacional.
FACUA ha recurrido y presentado quejas ante los
Defensores del Pueblo estatal y autonómicos en los casos
en que las autoridades de consumo de las comunidades
autónomas desestiman las denuncias presentadas en nombre
de nuestros socios contra Volkswagen. |
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