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Burbuja inmobiliaria
Foto: VD/2019
Fuente: Comisiones Obreras (CCOO)
Valencia 30 de mayo de 2019 |
EL NUEVO GOBIERNO DEBE LIDERAR UNA VERDADERA POLÍTICA DE
ESTADO EN MATERIA DE VIVIENDA |
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• CCOO alerta de que se están poniendo
los mimbres de una nueva burbuja inmobiliaria.
• El incremento de los precios de vivienda nueva,
situados tan sólo un 0,8% de los máximos de 2008, nos
hacen presagiar una nueva burbuja inmobiliaria. El
sindicato llama al Banco de España a cumplir con su
papel de vigilancia del buen funcionamiento y la
estabilidad del mercado hipotecario español. A su vez,
emplaza al nuevo gobierno que debe conformarse tras las
elecciones del 28-A, a liderar de una nueva política de
Estado en materia de Vivienda que garantice a los
ciudadanos el derecho a un alojamiento digno a un coste
asequible
¿Hacia dónde vamos? ¿Hemos aprendido de nuestros
errores? Desde CCOO observamos con preocupación cómo
actualmente se anudan los mimbres del cesto para otra
burbuja de precios de la vivienda: precios muy elevados,
concesión de hipotecas bajo prima y aumento del
endeudamiento de los hogares.
El Banco de España en su papel de supervisor del mercado
financiero español -fuertemente apalancado-, y dado su
interés público en proteger el buen funcionamiento,
eficiencia y estabilidad del citado mercado, debería
vigilar los factores que pudieran provocar, nuevamente,
que el contribuyente pague los costes de una hipotética
e indeseable crisis financiera. Así, en vez de mostrar
su excesivo e injustificado celo por la subida del
Salario Mínimo Interprofesional (SMI), el regulador
bancario podría poner su empeño en limitar el reparto de
dividendos de la banca hasta que ésta alcance un ratio
de solvencia que evite que, nuevamente, el contribuyente
pague los costes de la siguiente crisis financiera.
Parece evidente que el derecho a la vivienda no se va a
garantizar, en ningún caso, con vivienda nueva a precios
de mercado vista la distancia con la capacidad económica
de las familias. Por ello, en CCOO pensamos que el
objetivo principal en esta materia, que debe ocupar un
papel central en la acción política del nuevo Gobierno,
debe orientarse a la rehabilitación y el alquiler social
para garantizar el derecho a un alojamiento digno a un
coste asequible a todos los ciudadanos.
Para ello es necesario que la vivienda recupere su valor
de uso residencial en detrimento de su carácter de bien
sujeto a continua especulación. El sindicato pone el
foco en actuar sobre las viviendas ya construidas y dar
un uso residencial al enorme parque de inmuebles vacíos
que existe (3,44 millones en 2011) a través de un
ambicioso plan de alquiler social que permita movilizar
estas construcciones.
ESAS DOS GUÍAS BÁSICAS DEBERÍAN CONCRETARSE EN UNA
BATERÍA DE PROPUESTAS QUE CCOO CONCRETA ASÍ:
1.- Dar un uso residencial al enorme parque de
viviendas vacías que existe (3,5 millones en el último
censo existe, de 2011) a través de un ambicioso plan de
alquiler social que permita movilizar estas viviendas
2.- Gravar las viviendas vacías de grandes
propietarios: Hablamos del establecimiento de un
impuesto disuasivo para propiciar la incorporación de
viviendas a la oferta del mercado de alquiler, moderando
el alza de los precios
3.- Rehabilitación y mejora del parque de
vivienda con criterios de accesibilidad y ecoeficiencia
energética debe ser el eje de la actividad constructora
4.- Dotar de equilibrio a la relación entre
arrendador y arrendatario que las reformas de las
últimas décadas han disuelto en beneficio del
propietario arrendador
5.- Carácter permanente de la vivienda pública.
El parque público o subvencionado no puede ser enajenado
ni malvendido, como ha ocurrido en el caso de fondos
buitres.
6.- Consolidar un parque público de vivienda en
el medio y largo plazo
7.- El Plan Estatal de Vivienda plurianual debe
aumentar su dotación presupuestaria, que no ha dejado de
menguar bajo los gobiernos del Partido Popular y debe
reorientar sus prioridades presupuestarias y de
actuación.
* En suma, CCOO espera que un nuevo Gobierno progresista
atienda las necesidades de la mayoría social, también en
materia de vivienda, como mandata nuestro ordenamiento
jurídico. |
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