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• Propuestas de CCOO y UGT para el
contrato sanitario, de más de 300 millones de euros,
para la próxima licitación del Servicio de Limpieza en
los Centros Sanitarios de la Comunidad Valenciana.
Los sindicatos mayoritarios del sector de limpieza
sanitaria registraron el pasado 16 de Mayo del 2019 un
documento conjunto en la Consellería de Sanidad y Salud
Pública con sus propuestas sociales ante la puesta en
marcha de la nueva Licitación del Servicio de limpieza
de los Centros Sanitarios de la Comunidad Valenciana.
La aplicación de la ley de fomento de responsabilidad
social, fijar un valor adecuado en el precio de la
licitación que garantice la subrogación del personal, la
estabilidad en el empleo, la inclusión de cláusulas
sociales, determinación del número de horas de trabajo
adecuadas para una correcta prestación del servicio,
estipular plantillas mínimas en los pliegos, la
implantación de sistemas de control en la ejecución del
contrato, la solvencia de las empresas licitadoras, los
Planes de Igualdad, la Formación y la Prevención de
Riesgos Laborales, entre otras, son las Propuestas
presentadas ante la Consellería.
CCOO Construcción y Servicios PV y la Federación de
Servicios, Movilidad y Consumo del UGT PV, que
representan a más del 80% de los más de 3.000
trabajadores que prestan el servicio de limpieza en los
centros sanitarios de la Comunidad Valenciana, elevaron
oficialmente ante la Consellería de Sanidad un documento
con propuestas y objetivos sociales y de otra índole, a
tener en cuenta, en la elaboración del futuro pliego de
condiciones que regirá la nueva Licitación de Limpieza
sanitaria, en uno de los contratos públicos con mayor
relevancia de la Generalitat Valenciana por su
trascendencia en el servicio público que se presta a los
ciudadanos, por el nº de trabajadores afectados y el
precio del mismo, más de 300 millones de Euros.
En el nuevo contrato regirán las condiciones técnicas y
administrativas del servicio de limpieza sanitaria de
los 21 Departamentos de Salud que conforman el total de
las Instituciones Sanitarias de la GV, con más de 30
Hospitales y multitud de centros de salud, repartidos
entre las tres provincias de nuestra Comunidad. Por ello
los sindicatos mayoritarios creen que es fundamental que
los pliegos que deben regir la licitación sean adecuados
a las disposiciones de la nueva Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, y la LEY
18/2018, de 13 de julio, de la Generalitat, para el
fomento de la responsabilidad social. Y así garantizar
una adecuada ejecución del contrato, una mejora del
empleo, su mantenimiento y una mejora de la calidad del
servicio público que se presta.
Por ello, desde la perspectiva social y laboral,
requerimos que haya una determinación correcta de los
precios de licitación y que se tomen en cuenta los
costes salariales reales y una previsión de costes que
deriven de la Negociación de los Convenios Colectivos,
una condición básica para que los trabajadores y
trabajadoras de las empresas adjudicatarias dispongan de
las condiciones laborales correctas. Por tanto, es
indispensable calcular un valor adecuado en el precio
del contrato que garantice la subrogación del personal,
la estabilidad en el empleo, la mejora de los pliegos y
especialmente la aplicación de los convenios colectivos
sectoriales de referencia y la calidad de los servicios
en consonancia con la Directiva 2014/24/UE, todo ello
con garantías de estabilidad en el empleo.
Es primordial y necesario el establecimiento de una
plantilla mínima en todos los pliegos de condiciones
coincidentes con el personal a subrogar que debe prestar
el servicio reflejando el número de horas de trabajo
adecuadas para una correcta prestación del servicio,
permaneciendo inalterable durante la ejecución del
contrato conforme la LEY 18/2018, de 13 de julio, de la
Generalitat, para el fomento de la responsabilidad
social. El incremento de plantilla durante el contrato
debería ser uno de los criterios determinantes en la
adjudicación del mismo, como mejora en la calidad del
servicio. Frente a esto, no vemos más solución que
establecer unas plantillas mínimas en los pliegos y la
implantación de unos sistemas de control que permitan a
la Administración auditar el cumplimiento de esos
mínimos establecidos, recogiendo a su vez en los pliegos
penalizaciones y sanciones que disuadan de tantear la
suerte de recortar las plantillas por parte de las
empresas.
Es fundamental que las empresas que opten al concurso
sean solventes, tanto técnica como económicamente,
asegurando así su capacidad de respuesta, y para ello es
conveniente que se establezcan criterios que valoren
realmente la capacidad de las empresas licitadoras para
afrontar el nuevo contrato. La solvencia financiera de
los posibles licitadores es un asunto especialmente
preocupante para nosotros, pues los trabajadores y
trabajadores del País Valenciano hemos sufrido
constantemente los retrasos en los pagos de los
servicios prestados por determinadas empresas. Véase el
caso de la empresa Raspeig SL en la limpieza de los
Institutos de Educación Secundaria y otros centros de la
Generalitat, que propició una huelga de 25 días por
impagos.
Igualmente, y aunque por Ley ya será obligatorio para
las empresas de más de 50 trabajadores en marzo de 2022,
debería ser exigible como criterio de solvencia técnica
el disponer de un Plan de Igualdad conforme a la Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres.
Creemos que la Administración tiene la obligación, con
las nuevas normas que rigen la contratación pública, de
establecer criterios que adjudiquen el contrato a la
oferta con mejor relación calidad-precio, valorando
aquellas empresas que incorporen cláusulas de
responsabilidad social en sus ofertas, no siendo el
precio del contrato el determinante para su
adjudicación.
Dentro de los criterios, al criterio económico pensamos
que deberían destinársele no más de 35 puntos, para el
resto de criterios automáticos, proponemos otros
conceptos como aportación de bolsa de horas de trabajo,
horas destinadas a formación, aumento de la plantilla
valorando la integración de personas procedentes de
colectivos desfavorecidos. Otros aspectos que podrían
quedar valorados con la aplicación de estos criterios
serían los de planificación de la gestión de la
prevención de los riesgos laborales o el uso de
productos y/o maquinaria respetuosos con el medio
ambiente, el sistema de control del servicio, tanto de
la calidad como de lo ofertado, y de cualquier otra
mejora que venga especificada en los pliegos de
condiciones.
Por último, decir también que apostamos por la creación
de instrumentos eficientes en el seguimiento de la
contratación pública que potencien sistemas de control
de calidad, de control de indicadores de servicio, que
además de evitar los incumplimientos de los compromisos
adquiridos, permitan la construcción de una reputación
empresarial que sea valorada en posteriores
adjudicaciones. En algunas autonomías ya se han
establecido Observatorios de Contratación, en otras
administraciones públicas se está proponiendo su
creación, y la Generalitat Valenciana tiene una
oportunidad magnífica de hacerlo a través del desarrollo
reglamentario de la “Ley 18/2018, de 13 de julio, de la
Generalitat, para el fomento de la responsabilidad
social.” Dentro de ese Observatorio de Contratación
estarían integradas las organizaciones sindicales más
representativas. |
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