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Igualdad de género
Foto: Pixabay/VD/2019
Fuente: Oxfam Intermon
Valencia 13
de marzo de 2019

OXFAM INTERMÓN PIDE A LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE APUESTEN POR UNA POLÍTICA EXTERIOR SOLIDARIA Y FEMINISTA EN SUS PROGRAMAS ELECTORALES

 

• La organización hace un llamamiento a los partidos para que sitúen a España como donante promedio de la UE, aumentando del 0,2% de la RNB que destina a la Ayuda Oficial al Desarrollo –AOD– al 0,5% al final de la próxima legislatura.
• Tras el recorte del 80% en Acción Humanitaria en la última década, es prioritario que los programas contemplen recuperar estos fondos hasta alcanzar el 10% de la AOD, destinando el 15% de ello a promover una política exterior que priorice la equidad de género.
• Oxfam Intermón pide, además, que los partidos contemplen la reducción de la desigualdad como una prioridad de primer nivel con medidas ambiciosas en empleo, protección social y fiscalidad.

A falta de poco más de un mes para las elecciones generales españolas, Oxfam Intermón hace un llamamiento a los partidos políticos para que en sus programas electorales propongan medidas que consigan una política exterior más solidaria y feminista, mediante el aumento del presupuesto destinado a cooperación al desarrollo, así como el fomento de la equidad de género, que contribuya a construir un mundo sin desigualdades ni pobreza.

En la última década, nuestro país fue uno de los que más castigó su cooperación con una reducción superior al 70%. Para responder al compromiso que España ha hecho con la agenda 2030, y que contempla la sostenibilidad y la reducción de la pobreza y la desigualdad tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, es necesaria una inversión decidida en cooperación al desarrollo.

“Tras años de progreso en la lucha contra el hambre y la pobreza, esa tendencia se ha roto fruto de las crecientes desigualdades y las dinámicas de los conflictos y el cambio climático. Lo logrado con décadas de esfuerzo se encuentra seriamente amenazado si no se opta por una presencia activa en el mundo a través de la política exterior y de cooperación. España tiene la responsabilidad como potencia media de contribuir a la lucha contra la pobreza y la desigualdad y por la sostenibilidad para responder a los Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS–”, señala el director general de Oxfam Intermón, José María Vera.

Para lograrlo, la ONG pide a los partidos que se comprometan en sus programas electorales a situar a España como donante promedio de los países de la zona euro, lo que implicaría pasar de una contribución media del 0,2% al 0,5% de la RNB al final de la próxima legislatura.

Especial mención merece la partida en Acción Humanitaria. A pesar de que los conflictos han aumentado y las necesidades humanitarias se han multiplicado, España ha recortado los fondos de ayuda humanitaria hasta un 80% en la última década. Así, la organización pide a los representantes políticos que prioricen la recuperación de estos fondos hasta alcanzar un 10% de la AOD para el final de la legislatura, con un presupuesto de al menos 150 millones para 2020 y que ponga el foco en las crisis prolongadas como Yemen, Siria, Irak o la República Centroafricana.

UNA POLÍTICA EXTERIOR QUE INCLUYA LA IGUALDAD DE GÉNERO

España, más que otros países por su tradición en política exterior como país que defiende de manera prioritaria los derechos de las mujeres, también debería invertir un 15% de la Ayuda Oficial al Desarrollo a la igualdad de género. Las mujeres y las niñas son las principales víctimas de las crisis humanitarias en el mundo. Por ello, Oxfam Intermón pide a los partidos que apuesten por una política exterior que las sitúe en el centro de la respuesta, fomentando la equidad de género y su participación, así como incrementando los recursos económicos y humanos para la implementación del Plan Nacional de Mujeres, Paz y Conflicto en los distintos contextos y en España.

Asimismo, para garantizar la defensa de los derechos humanos y la protección de las mujeres en zonas de conflicto es imprescindible frenar la venta de armas a países donde pueden ser utilizadas para violar los derechos humanos de la población civil. Desde 2008, el comercio de armas se ha disparado con un crecimiento del 103% con Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos encabezando la lista de los países de destino. España ocupa la 7ª posición entre los principales estados vendedores del mundo (datos del SIPRI 2019), siendo Arabia Saudí el principal país a quien exporta.

Tanto los conflictos como la pobreza y la desigualdad hacen difícil garantizar una vida digna a muchas personas, por eso las migraciones, tanto forzosas como voluntarias, se han intensificado en todo el mundo. En este sentido, la organización pide que los partidos políticos establezcan políticas que garanticen los derechos de las personas que se desplazan, protegiendo de manera especial a las mujeres y a las niñas y niños, garantizando vías legales y seguras y asegurando que se cumplen los pactos de migración y refugio con los que España ya está comprometida.

“Es necesario establecer una respuesta nacional para una migración ordenada, segura y regular que asegure la implementación de los pactos mundiales de migraciones y refugio mediante, una responsabilidad compartida comprometiéndose con cuotas de asilo y refugio, el refuerzo del servicio público de rescate, así como el apoyo y facilitación a otras operaciones de búsqueda y desembarco en el Mediterráneo. Nuestros políticos tienen que promover un discurso responsable que hable de la migración como un bien público y no como una amenaza”, apunta Vera.

POLÍTICAS PARA REDUCIR LA DESIGUALDAD EN ESPAÑA

Por otra parte, Oxfam Intermón recuerda que cualquier Gobierno resultante de las próximas elecciones debería contemplar la reducción de la desigualdad como una prioridad de primer orden en sus programas electorales con medidas ambiciosas en empleo, protección social y fiscalidad.

Y es que los datos hablan por sí solos: España ocupa el cuarto lugar en la lista de países más inequitativos de la UE (tras Bulgaria, Lituania y Letonia). La crisis económica trajo consigo una caída desproporcionada de los ingresos de las familias de menor renta y hoy la diferencia entre el 10% más pobre y la media de ingresos es la tercera más grande de la OCDE, sólo por detrás de EE.UU. y Costa Rica. En España, 9,9 millones de personas viven por debajo del umbral de la pobreza.

“La desigualdad en España no se ha reducido con el crecimiento económico. Mejorar en equidad repercutiría en mejoras en nuestra economía, aumentaría nuestra cohesión social y haría de nuestro país una sociedad más justa, en la que todos y todas podríamos disfrutar en igualdad de condiciones de derechos y oportunidades. Hacerlo es posible. Somos la quinta economía de Europa y muchos de nuestros países vecinos hacen más y mejor por redistribuir ingresos y tener un mercado de trabajo menos inequitativo. Y es urgente hacerlo”, subraya Vera.

Acortar la brecha entre los que más tienen y los que menos significa cumplir con el ODS 10, un objetivo de desarrollo sostenible que obliga a los países a reducir la desigualdad. Para Oxfam Intermón, es necesario comprometerse a lograr que en 2030 el índice de Palma haya bajado de 1,32 hasta 1.

A pesar de que el PIB español alcanzó los niveles precrisis en 2016, la masa salarial sigue siendo 4,3 puntos menor de lo que lo era en 2008. El trabajo precario y los bajos salarios impiden que el crecimiento económico llegue a todas las personas trabajadoras. Del total de asalariados dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social, 1 de cada 2 tiene un contrato parcial, temporal o ambas cosas. Sin dejar de lado que, de 2008 a 2017, los beneficios aumentaron un 11,3% y los dividendos un 15,5%, mientras que los salarios bajaron un 4,2%.

En este sentido, Oxfam Intermón pide recuperar el peso de los salarios en el PIB para que llegue a los niveles de 2008 mediante el incremento del SMI a 1000 euros en 2020, reforzando la negociación colectiva, especialmente con las mujeres ya que ellas son las que más han perdido con la precarización del empleo. La ONG también pide a los partidos políticos que promuevan cambios legislativos encaminados a reducir la precariedad laboral, regulando la temporalidad y la parcialidad abusiva, acabar con la subcontratación y regular la situación del trabajo doméstico, de manera que se garanticen los derechos de las mujeres que trabajan en este sector.

Además, el sistema de protección social español, uno de los mecanismos más eficaces para reducir la pobreza, está infradotado. En España, se reduce la pobreza en menos de 1 de cada 4 personas, mucho menos que otros países vecinos como Finlandia, Dinamarca o Irlanda que lo hacen en 1 de cada 2. Asimismo, el diseño de este sistema es claramente ineficiente, ya que deja a un millón de personas más viviendo en la pobreza. Por otro lado, la presión fiscal que garantiza financiar el sistema de protección social es 2,6 puntos más baja que la que había en 2007, y no recauda de los que más tienen: siguen siendo las familias las que aportan el 83% de la financiación del estado.

Es necesario invertir más en protección social, poniendo en marcha un sistema de garantía de ingresos de amplia cobertura que garantice ingresos dignos para todas las personas y establecer un calendario de aumento de una pensión no contributiva hasta los 500 euros para asegurar una media estatal que permita a las personas salir de la pobreza.

“En España, el sistema de garantía de ingresos no sólo está infradotado, sino que su diseño es sumamente ineficiente, complejo y poco articulado. Es un colador por el que se filtran miles de familias hacia el vacío al no tener ninguna red de protección: 593.500 hogares carecen de algún tipo de ingreso”, añade Vera.

Igualmente, el sistema impositivo español recauda menos que otros y no de quien precisamente más tiene. En el período postcrisis, ha aumentado la importancia relativa de impuestos que descansan fundamentalmente sobre las espaldas de las familias frente a lo que soportan las empresas a través del Impuesto de Sociedades.

La ONG exige a los partidos a que se comprometan con una agenda para alcanzar la presión fiscal de la zona euro en un plazo de 3 años (España tiene una presión fiscal del 34,5% del PIB, 6,9 puntos inferior a la media de la zona euro), y para ello es necesario gravar o trasladar la presión fiscal desde el consumo y el trabajo hacia la acumulación de la riqueza y el capital.

Finalmente, para luchar contra la desigualdad hay que asegurar que las grandes empresas pagan su cuota fiscal justa luchando contra la evasión y la elusión fiscal poniendo especial énfasis en la desaparición de los paraísos fiscales, empezando por establecer una lista negra española lo más amplia posible.

 

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