|
• Ante la ausencia de información pública
sobre extracción ilegal de agua, Greenpeace ha llevado a
cabo una investigación durante más de un año y asegura
que los datos estimados son muy conservadores.
• Los pozos ilegales son una de las principales vías
para extraer agua al margen de la ley, pero no la única.
• Solo en el municipio sevillano de Puebla del Río hay
una denuncia tramitada por un daño al dominio público
hidráulico de casi 64 millones de euros en 2014.
• Entre 2013 y 2017, las confederaciones recibieron
2.866 denuncias por pozos ilegales, de los que solo se
clausuraron 10.
Solo en cinco años, entre 2013 y 2017, la extracción
ilegal de agua en España supuso al menos 77 millones de
euros en daños al patrimonio natural, en concreto, al
dominio público hidráulico. Así lo revela una
investigación de Greenpeace, que, ante la ausencia de
información pública y la falta de transparencia de la
administración en torno a este asunto, ha dedicado más
de un año a solicitar y analizar datos de las
confederaciones hidrológicas. La falta de información
detallada de todas las confederaciones solo ha permitido
cuantificar daños económicos muy conservadores.
“Si tuviéramos cifras reales del número de pozos
ilegales que hay en toda España, el daño al dominio
hidráulico podría ascender a miles de millones de
euros”, asegura Julio Barea, responsable de la campaña
de Agua.
En España, el país más árido de Europa, el desgobierno
en la gestión de los recursos hídricos es una constante.
El robo del agua va más allá de la existencia de pozos
ilegales. Exceder la concesión autorizada o sustraer
agua en épocas de restricción son otras vías habituales
para extraer este recurso de manera ilegal. El saqueo
del agua cuenta incluso con su propio caso “gürtel”: en
Puebla del Río (Sevilla), en la ribera del Guadalquivir,
se localiza una sanción de daño al dominio público
hidráulico de casi 64 millones de euros en 2014.
Por confederaciones, la del Guadalquivir encabeza la
lista de número de denuncias tramitadas por pozos
ilegales, con 968 registradas en el periodo de la
investigación, y con casos como el de Puebla del Río o
Lucena del Puerto (Huelva), una localidad que en tan
solo un expediente acumula 77 pozos ilegales. Le sigue
la del Tajo (703), Ebro (608), Guadiana (583), Duero
(385), Miño (114), Segura (113) y Cantábrico (0) -datos
no disponibles del Júcar-. En cuanto al resto de
extracciones ilegales, encabeza el ranking la
Confederación Hidrográfica del Duero, con 1.305
denuncias tramitadas, y le siguen el Guadalquivir (974),
Tajo (607), Guadiana (540), Miño (265), Júcar (147),
Cantábrico (136) y Segura (109) -datos no disponibles
del Ebro.
La extracción ilegal de agua es un delito tipificado en
el Código Penal con multas e incluso penas de prisión,
pero la falta de información y de medios de las
fiscalías para perseguirlo contribuye a la impunidad. Un
problema medioambiental que se ha revelado además, en el
caso de los pozos ilegales, como una amenaza para la
seguridad ciudadana.
DESCOORDINACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES
Greenpeace inició esta investigación a comienzos de
2018, cuando se puso en contacto con las distintas
administraciones públicas competentes: confederaciones
hidrográficas, Fiscalía de Medioambiente, autoridad
minera, Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona)
y Defensor del Pueblo.
Las diferentes confederaciones, que son las
administraciones responsables de la gestión del agua,
han respondido de forma muy desigual, en algunos casos
enviando datos muy parciales y genéricos. “Esta falta de
transparencia es un reflejo claro de que el robo de agua
no es una prioridad en España y de que no se le están
dedicando ni el tiempo ni los recursos necesarios”,
señala Barea: “Además, la actual situación de
descoordinación entre administraciones pone en serio
peligro nuestras futuras reservas estratégicas de agua,
un recurso imprescindible para la vida”.
Para evitar esta situación, es fundamental frenar el
crecimiento de las demandas de agua (regadío, industrial
y urbana), de forma que se adapten a la reducción de
caudales disponibles como consecuencia de los efecto del
cambio climático.
Por otro lado, es clave que se persiga el delito de robo
de agua a través de una coordinación efectiva de las
administraciones competentes, que prioricen esta
situación con mayor dotación de medios y seguimiento
tanto en vigilancia como en respuesta sancionadora.
Además, Greenpeace solicita al Ministerio para la
Transición Ecológica, confederaciones hidrográficas,
comunidades autónomas, Seprona y Fiscalía que hagan
público lo antes posible los datos y expedientes
referidos al número y localización de los pozos ilegales
en todo el Estado, para llevar a cabo su control y
cierre, ya que suponen un peligro de seguridad directa
para la población.
Además,
a través de su plataforma de denuncias y filtraciones
online, Fíltrala, Greenpeace pide ayuda a la
ciudadanía para que aporte información y le haga llegar,
de forma anónima y confidencial, aquellos documentos que
puedan probar la existencia de pozos ilegales y otras
malas prácticas relativas a la gestión de los recursos
hídricos. |
|
• © valenciadiario.com
© valenciadiario.es - 2015-2019 (Todos los derechos
reservados).
• Queda terminantemente prohibida la reproducción total
o parcial de los contenidos ofrecidos a través de esta
Web, salvo autorización expresa de valenciadiario.com, o
de valenciadiario.es.
• Queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo
32,1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad
Intelectual.
• Queda prohibida la distribución, puesta a disposición,
comunicación pública y utilización, total o parcial, de los
contenidos de esta Web, en cualquier forma o modalidad, sin previa,
expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera
reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o
revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente
lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa. |
