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• El cambio es necesario por motivos
democráticos, legales y de garantía institucional.
• Hace año y medio que el Congreso reprobó al presidente
del CSN e instó al Gobierno a su cese y desde enero
finalizó legalmente su mandato.
• El Gobierno no tiene ninguna traba legal o democrática
para ejecutar esta renovación.
Ante el nuevo retraso en los nombramientos del Consejo
de Seguridad Nuclear (CSN) Greenpeace reclama a la
Ministra de Transición Ecológica,Teresa Ribera, que
renueve urgentemente este organismo por motivos
democráticos, legales y de garantía institucional.
Democráticamente porque corresponde al Parlamento
ejercer un control continuado sobre la acción del CSN y,
tras diferentes requerimientos, el 28 de junio de 2017,
la resolución de la Comisión de Energía del Congreso de
los Diputados al Informe del CSN concluía: “El Congreso
de los Diputados reprueba la gestión del presidente del
Consejo de Seguridad Nuclear e insta al Gobierno a su
cese.” También el Partido Popular (PP) votó a favor de
esta resolución.
“Desde hace año y medio, Fernando Marti está actuando
como “okupa” en el cargo de presidente del CSN, sin que
el Parlamento, y en especial el PP, asuman su
responsabilidad para sustituirlo. El Gobierno está
obligado a asegurar el bienestar de la institución”, ha
declarado Mario Rodríguez Vargas, director ejecutivo de
Greenpeace España.
Legalmente porque el CSN debe renovar sus cargos de
manera inminente. De sus cinco miembros, uno ha tenido
que abandonar su cargo al cumplir, la semana pasada, la
máxima edad reglamentaria. Su presidente finalizó su
mandato de seis años el pasado 28 de diciembre de 2018,
establecido en el artículo 5.2 de la Ley 15/1980, de 22
de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear,
y se encuentra desde entonces en situación de
interinidad. Una situación en la que estarán también el
próximo día 22 otros dos consejeros, quedando únicamente
uno adscrito al Partido Popular.
“Este Gobierno no puede esperar ni un día más para
cumplir con el mandato democrático del Congreso y
garantizar la renovación legal exigida por el Estatuto
del CSN, velando por el limpìo funcionamiento de la
institución”, ha declarado Raquel Montón, responsable de
la campaña nuclear y miembro del Comité Asesor del CSN
La garantía institucional es un tema pendiente en el CSN
desde el nombramiento de Fernando Marti hace seis años.
Según el artículo 1 de la mencionada Ley de creación del
CSN, este organismo regulador se crea como ente de
Derecho Público, independiente de la Administración
General del Estado. Sin embargo, el actual presidente
fue Secretario de Energía hasta 24 horas antes de ser
nombrado por la Comisión de Industria. Entre sus
funciones como Secretario de Estado de Energía, estuvo
la revocación de la orden ministerial de cese de
explotación de Santa María de Garoña, asunto que ha
estado tramitando posteriormente como presidente del CSN.
La falta de transparencia del CSN ha crecido durante el
mandato de Marti, tal y como han denunciado muchas
organizaciones, entre ellas Transparencia Internacional
(TI). La denuncia de esta organización, dedicada a
combatir la corrupción, consiguió finalmente que se
hicieran públicos los informes que habían solicitado al
CSN y que les habían sido negados por este organismo.
Entre estos documentos está, el informe con los
criterios para la adjudicación del emplazamiento del
cementerio nuclear (ATC) en el municipio de Villar de
Cañas (Cuenca), su aprobación o el sobrecoste que
tendría esta ubicación. En la actualidad las
autorizaciones del ATC está paralizadas. La “política
del miedo”, denunciada por técnicos del CSN, y sus
posibles consecuencias en la seguridad nuclear, tal y
como puede leerse en la carta remitida por la Asociación
Profesional de Técnicos en Seguridad Nuclear y
Protección Radiológica del CSN (ASTECSN) dirigida al
Congreso.
Por último, indicar que el Gobierno del PP utilizó el
nombramiento directo de un consejero en 2015, sin contar
con el acuerdo de los tres quintos de los miembros de la
Comisión competente del Congreso, para dotar al CSN de
una mayoría que no reflejaba la aritmética
parlamentaria, haciéndolo apenas días antes de las
elecciones. Por lo tanto, no sería la primera vez que un
Gobierno actúa sin el acuerdo del Congreso.
“Por motivos democráticos y legales, y por la
trascendencia que tiene el cargo del presidente del CSN,
es urgente que los actuales miembros de este organismo
no se perpetúen en sus cargos. Más si cabe en la
coyuntura actual de finalización de cinco de las siete
licencias de explotación de los reactores nucleares
operativos en los próximos cinco años;”, ha concluido
Montón. |
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