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Compromiso adquirido
Foto: Pixabay/2019

Fuente: Comisiones Obreras (CCOO)
Valencia 06
de febrero de 2019

EL GOBIERNO DEBE HACERSE CARGO DE SUS COMPROMISOS EN MATERIA DE PRÁCTICAS NO LABORALES Y DEJAR DE CONTRADECIRSE A SÍ MISMO

 

• Tras la negociación y posterior firma del Plan de Choque de Empleo Joven 2019-2021 por parte del Gobierno, los sindicatos y la patronal, en diciembre de 2018, el Ejecutivo ha optado por caer en una dinámica de contradicciones en torno a la regulación a la cotización a la Seguridad Social de las prácticas no laborales que pone en cuestión su capacidad de asumir los compromisos adquiridos.

Semanas después de la publicación en el BOE del Real Decreto-ley que debía obligar a empresas e instituciones a cotizar a la Seguridad Social por todas las personas que estén desarrollando prácticas no laborales, reciban o no contraprestación económica, ha comparecido en el Congreso la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, generando dudas no solo sobre la reglamentación final de la medida sino sobre su misma continuidad.

CCOO consideró en su momento que esta iniciativa, aun habiendo sido adoptada por el Gobierno de manera unilateral y sin el menor diálogo con los agentes sociales, podía ayudar a cubrir lagunas de cotización de algunos estudiantes y, sobre todo, contribuir a la elaboración de un mapa de ‘becarios’ que permitiese no solo determinar su número sino también su ubicación y funciones, en aras de asegurar el carácter formativo de las prácticas y de combatir el fraude, tanto a través de la Inspección de Trabajo como de la propia acción sindical.

La incertidumbre generada por la ministra Celaá sobre una medida impulsada por su Gobierno lleva a CCOO a subrayar la necesidad de evitar más improvisaciones sobre asuntos que afectan gravemente a la juventud.

En todo caso, lo sustancial –a juicio de CCOO- es que el Ejecutivo debe hacerse cargo de sus compromisos, y los compromisos adquiridos con sindicatos y patronal pasan por el desarrollo del Plan de Choque de Empleo Joven que contempla la elaboración de un ‘estatuto de las prácticas no laborales’ que garantice su necesaria vinculación con programas formativos, la existencia de apoyo económico a quienes las realicen, un correcto seguimiento del proceso de aprendizaje y una protección social adecuada.

La inmediata elaboración de este Estatuto, en el marco del diálogo social, ha de ser la prioridad absoluta del Gobierno. Las improvisaciones, la unilateralidad en la toma de decisiones o las contradicciones entre ministerios no contribuyen en modo alguno a mejorar la realidad de la juventud española.

 

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